por Halina Gutiérrez Mariscal *

Que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro destino, pero nosotros no debemos legalizar ese atentado entregándole voluntariamente, lo que nos exige por la fuerza.
Benito Juárez (citado el 8 de septiembre de 2013)

Con un enorme cartel de fondo en el que se podía leer “No al robo de todos los tiempos”, Andrés Manuel López Obrador encabezó el domingo 8 de septiembre un mitin que debió ser en el zócalo de la ciudad de México, pero que terminó en el hemiciclo a Juárez por la ocupación que los maestros de la CNTE mantienen de la plaza.

Con la simpática parsimonia de su hablar, AMLO pronunció un discurso en el que hizo reiteradas referencias a pasajes de la historia nacional. Desde el inicio dijo que la política económica que consiste en “favorecer a una pequeña minoría […] a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría del pueblo de México” no resulta nueva. Se aplicó por primera vez durante el gobierno de Porfirio Díaz, enfatizó el tabasqueño, “una de las épocas más siniestras de la historia de México” en la que, según expuso, se entregaba a particulares nacionales y extranjeros la tierra, agua, minerales y petróleo, a costa de cancelar los derechos políticos de los ciudadanos, y de fortalecer un régimen esclavista de tipo colonial. Así, AMLO equiparó las medidas neoliberales con el porfiriato e incluso las llamó neoporfiristas.

"No al robo de todos los tiempos" (Foto: Halina Gutiérrez Mariscal)
“No al robo de todos los tiempos” (Foto: Halina Gutiérrez Mariscal)

Después de hacer un repaso de los estragos que las privatizaciones previas han causado al país —banca, telecomunicaciones, ferrocarriles, líneas aéreas, puertos, aeropuertos, carreteras, ingenios azucareros, complejos petroquímicos, plantas de fertilizantes, entre otras—, no sólo por el empobrecimiento y saqueo causados sino por las condiciones sociales de marginación y violencia que esta pobreza ha producido, pasó a enumerar una serie de datos sobre los resultados en cifras de las medidas económicas aplicadas en el país desde los años ochenta (aquí el discurso completo).

La propuesta de reforma energética —la privatización del petróleo, como le llama AMLO y como rotundamente se niegan a llamar los promotores de la reforma— dijo, “es un acto de traición a la patria, de mayor o igual magnitud que los consumados por Santa Anna, Porfirio Díaz o Carlos Salinas de Gortari”. Notamos, es evidente, este afán de hacer aparecer como siniestros ante nuestros ojos, a quienes promueven la reforma, equiparándolos con esos reputados personajes de nuestra historia nacional.

Es evidente que tanto AMLO como EPN han buscado legitimar sus proyectos políticos haciendo uso de la historia. En un planteamiento de hechos que pueden apoyar a uno solo de los argumentos esgrimidos en esta contienda de ideas sobre la conveniencia o peligro de la reforma energética (y en este caso las cifras no mienten sobre la ruina económica y social del país) se hace evidente el uso político de la historia. ¿Y se vale? Sí, sí se vale diríamos algunos historiadores. Otros quizás opinen que hacer uso político del pasado mina la construcción de una disciplina otra, diferente, analítica. Me atrevería a decir, sin embargo, que no hay político que se sostenga sin apoyarse en mayor o menor medida en algún pedazo del pasado. Lo que no se vale, y en esto creo que todos coincidimos, es el uso tramposo y mentiroso de episodios y declaraciones del pasado, como el gobierno federal ha venido haciendo desde que inició su campaña de promoción de la reforma energética (aquí, aquí y aquí algunos análisis sobre este artificio).

Andrés Manuel está haciendo un uso nacionalista y de bronce, romántico quizá, del pasado, pero en cierta medida veraz. No miente cuando dice que las políticas económicas del país, aplicadas desde hace treinta años, no han tenido los resultados esperados. No miente cuando dice que EPN usa de manera falsa la imagen de Lázaro Cárdenas para promover una medida que es exactamente contraria a lo que el general revolucionario hizo por el país.

Con todo, como plan de acción política para “impedir, con la movilización ciudadana pacífica, la privatización del sector energético nacional y los aumentos a los impuestos”, la propuesta de AMLO se quedó en la tibieza. En medio de la plaza corría un rumor que quizá el tabasqueño debería escuchar y capitalizar: “Paro nacional, paro nacional”, gritó en algún momento la multitud, con cierto dejo de decepción. Si bien AMLO debe ejercer en todo momento un cuidadoso control de lo que dice y a lo que convoca en aras de no provocar situaciones que pongan en riesgo a la población, lo cierto es que la ciudadanía ahí reunida esperaba escuchar algo más.

La propuesta de la multitud de un paro nacional, surgida de entre las filas de ciudadanos de a pie, podría ser adecuadamente capitalizada en lo que sería un episodio hasta ahora inédito de movilización social nacional, que termine haciendo escuchar la voz de la ciudadanía a los que dicen representarnos.

En una entrevista reciente, Cuauhtémoc Cárdenas dijo, hablando de las movilizaciones ciudadanas en torno a la acusación de fraude electoral en 1988, que en ese momento “no existía la fuerza para detener el país en una movilización simultánea, que hubiera sido lo único realmente eficaz” para efectos de lo que entonces se demandaba, que era transparentar los comicios del 6 de julio (Carmen Aristegui y Ricardo Trabulsi, Transición: Conversaciones y retratos de lo que se hizo y se dejó de hacer por la democracia en México [México: Grijalbo-Proceso, 2013], 62). ¿Cuáles condiciones, en comparación, son distintas en 2103 que permitirían detener al país en una movilización simultánea? Eso es algo que AMLO, confeso amante de la historia, debería considerar.

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