por Luis Fernando Granados

Por rimbombante, la manera en que Andrés Manuel López Obrador ha establecido el significado de su victoria —en el debate y en otros foros— no podía sino acarrearle burlas y acusaciones; en particular de que el gesto exhibe sus delirios de grandeza. En efecto, afirmar que el primero de julio comenzará la cuarta “gran transformación” de la historia mexicana parece un despropósito, propio de alguien ávido de poder y consumido por la megalomanía —porque por supuesto no hay modo de saber cómo ni cuándo comienzan las revoluciones. Si aun Francisco I. Madero se equivocó en el cálculo —incapaz de controlar la voluntad de Calixto Contreras et allis—, es obvio que cualquier transformación del país, grande o mediana, no puede ser prevista y, mucho menos, anunciada… por más perspicaz que sea el oráculo.

Ello no obstante, es imposible no reconocer que la afirmación de López Obrador tiene también algo de pathos: una densidad retórica que se extraña en el contexto político contemporáneo, tan contaminado por el lenguaje de la mercadotecnia y la jerga de cierta ciencia política instrumentalista. Vincular el presente con los “grandes” procesos del pasado nacional —aunque a veces sea sólo para sacar a pasear una erudición más bien decimonónica sobre los hechos y los dichos de Benito Juárez— tiene un mérito indudable, toda vez que implica un entendimiento de largo plazo de los problemas del país y también, quizá sobre todo, sobre la manera de enfrentarlos. Ningún otro dirigente político ha insistido con tanta claridad en situar la coyuntura electoral de 2018 en el curso de historia mexicana; esto es, en concebirla como parte de un devenir más amplio y por ello investida de un significado secular.

Si para el pasado reciente eso le ha permitido comprender que la alianza entre el PRI, el PAN y más recientemente el PRD no es un accidente sino que se trata efectivamente de un proyecto “civilizatorio” que avanza y se consolida desde un tercio de siglo, en una escala mayor la afirmación lópezobradorista constituye una interpretación de la historia mexicana; a saber, que las guerra civiles (e internacionales) de la independencia, la reforma y la revolución fueron coyunturas de  movilización popular generalizada que redefinieron las relaciones sociales, económicas y políticas del país de manera profunda y duradera. El centro del argumento, por supuesto, es que como consecuencia de esas tres coyunturas se produjo un cambio social radical y significativo, y que en todos los casos el autor de esas transformaciones fue el “pueblo” de Nueva España-México. O sea que López Obrador piensa que, en ciertas circunstancias, los “mexicanos” han sido capaces de destruir órdenes sociales injustos y opresivos e imaginar y construir una realidad mejor para ellos y para sus descendientes —exactamente lo que se supone que va a comenzar a ocurrir el primero de julio. Así lo anuncia el nombre mismo de la bizarra coalición electoral que lo respalda: es el “pueblo” unido el que hace la “historia” —claro que reunido en torno de su dirigente.

Esta manera de entender el curso de la historia mexicana es menos convencional de lo que parece. Aunque sigue siendo presa de la compulsión por los héroes de la vieja historiografía patria, comparte la ilusión legalista de que los documentos y las instituciones del estado son los logros de las revoluciones (y no su reflejo) y concibe al “pueblo” de manera más bien micheletiana, el acento en la movilización desde abajo la coloca más cerca de la historiografía marxista o seudomarxista de la década de 1980 que del relato liberal-nacionalista de buena parte del siglo XX. Pero además la visión de López Obrador se sitúa claramente a contracorriente de las historiografías revisionistas de nuestros días —académicas y seudoacadémicas—, muchas de las cuales consideran que las “grandes transformaciones” no han sido más que ilusiones o engaños, y siguen creyendo en la condición subordinada de las masas del “pueblo”. En una palabra, la suya es una manera de entender el pasado mexicano que no repite (todos) los tropos de la historia oficial ni acepta (todos) los prejuicios del liberalismo historiográfico; es un modo de reivindicar la acción popular sin aceptar (necesariamente) el culto a los dirigentes del pueblo —lo que puede parecer extraño dado el consenso acerca del verticalismo en el seno del Movimiento de Regeneración Nacional.

Protozapatistas haciendo una nueva historia en Chiapas, en 1992.

El problema, claro, es que no basta afirmar que las “grandes transformaciones” del pasado han sido obra de la gente común y corriente. Es indispensable investigar, escribir y difundir esa historia, y también deshacer el complejo de prácticas, gestos y palabras que sostienen en la esfera pública los dichos de la vieja historiografía y algunas de las afirmaciones de los muchos revisionismos contemporáneos. Para decirlo en plata: para que cuaje la visión lópezobradorista del pasado mexicano hace falta acabar con el antiguo régimen historiográfico todavía vigente, entre otros ámbitos, en la toponimia, en los programas escolares, en la estatuaria pública, en los “símbolos patrios”, en lo que se considera digno de conmemoración y en la manera en que nuestra burocratizada profesión se relaciona con el mundo no universitario. Además de investigar otras cosas y desde otro punto de vista, en consecuencia, hace falta transformar la manera en que se nombran las calles, las escuelas, los municipios y los estados; revisar los criterios (si acaso existen) que permiten la erección de monumentos y se organizan las conmemoraciones públicas; revolucionar el modo en que se diseñan los cursos escolares, se protege el patrimonio y se afirma la “identidad” nacional —comenzando por supuesto con lo que tiene que ver con la independencia, la reforma y la revolución.

De otro modo, se corre el riesgo de que la “gran transformación” imaginada por López Obrador termine siendo en lo cultural tan insulsa y tan contraproducente como la transición que se supone comenzó en 1997. Los daños ocasionados por la renuencia de los gobiernos del siglo XXI a desmontar el aparato simbólico del antiguo régimen se revelaron particularmente a propósito del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, pero no se limitaron a esas conmemoraciones. Las mentiras de Enrique Peña Nieto al anunciar la “reforma” energética, la persistencia del modelo bancario en la enseñanza de la historia, la creciente confusión entre turismo y patrimonio, la cursilería en el diseño del nuevo aeropuerto de la ciudad de México —esa equis tan patriótica—, son otras tantas formas en que la versión priista del pasado del país ha seguido influyendo en nuestro modo de darle sentido a la realidad. Demoler ese edificio es particularmente urgente porque en los próximos años se cumplirán quinientos de una guerra que estamos acostumbrados a imaginar como el origen de la historia “mexicana” y cuyo significado convencional se encuentra en el centro mismo de la cultura nacional. No habrá “gran transformación” si no destruimos también el tropo conquista de México —y mejor con dinamita, como quienes intentaron volar la estatua de Miguel Alemán que estaba entre la Rectoría y la Biblioteca Central de la UNAM.

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