Las cartas sobre la mesa

por Aurora Vázquez y Huitzilihuitl Pallares Gutiérrez

Ya es asunto conocido. El mes pasado enfrentamos un proceso ante el tribunal universitario de la UNAM por una acusación de la profesora Adriana Álvarez Sánchez. Ahora que la denuncia cayó por su propio peso, es necesario poner las cartas sobre la mesa y que este penoso proceso sirva al menos para que la comunidad universitaria reflexione sobre lo ocurrido.

I.

En septiembre de 2016. el blog colombiano Plagio s.o.s hizo público un estudio de caso titulado “¿Autoplagio en tesis doctoral de la Universidad Santiago de Compostela?”. El texto —que puede ser consultado aquí— aborda como problema de estudio la tesis de maestría presentada por Adriana Álvarez Sánchez en junio de 2007 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y su tesis de doctorado presentada en septiembre de 2007 en la Universidad de Santiago de Compostela en España. Sí, hay sólo tres meses de distancia entre la presentación de los dos trabajos. Ello se debe, asegura dicho blog, a que

[…] se observa que cinco capítulos y 55 subtítulos son iguales, 588 párrafos fueron copiados de manera textual, sin cita, 30 párrafos fueron copiados de manera casi textual, sin cita, y 83 párrafos y tablas de otros autores fueron copiados y citados. En total, sin tener en cuenta los párrafos citados de otros autores, de las 261 páginas efectivas de la tesis de maestría 246 (94 por ciento) fueron copiadas, sin cita, en 222 páginas (69 por ciento) de las 321 páginas efectivas de escritura propia de la tesis doctoral (pp. 7-327). Las dos publicaciones parecen independientes, no relacionadas, no se presenta la necesaria mención y cita respectiva, a pesar de ser de la misma autora, publicadas con meses escasos de diferencia en universidades diferentes.

Las tesis en cuestión, por supuesto, son públicas. La de maestría puede consultarse aquí y la de doctorado, aquí. Por ello no es necesario pertenecer a ninguna comisión dictaminadora para leer y tener una opinión sobre los trabajos de titulación de una profesora. ¿No es a eso a lo que se dedica la academia?

II.

La profesora Adriana Álvarez Sánchez inició un proceso jurídico contra nosotros por haber replicado esta información —que es pública— en Facebook. Como se puede apreciar si se consulta la publicación y la consecuente discusión aquí, no hay insultos ni agravios contra la académica, mucho menos agresiones de género, como rezaba el expediente en nuestra contra.

Sin embargo, el 25 de enero de este año (cuatro meses después de replicar la información en la red social) la profesora se presentó ante la oficina jurídica de Filosofía y Letras para generar una “constancia de hechos”. En ella, asegura que dañamos su reputación con la difusión de la información. Y argumenta que hemos sostenido una campaña en su contra desde hace años. ¿Campaña? Como no existe tal campaña, las únicas pruebas que pudo aportar en su querella fueron las publicaciones de Facebook, así como una conversación privada en Whatsapp en donde Aurora Vázquez le cuenta a uno de los estudiantes de Álvarez la “noticia” del blog colombiano, considerando que sería de su interés —conversación que el estudiante, con gran conciencia de clase, tuvo a bien reenviar a su profesora.

Por su parte, la dirección de la Facultad de Filosofía y Letras integró un expediente en el que incluyó, entre otras cosas, nuestros historiales académicos, que llevan por fecha de impresión el 11 de noviembre de 2016. Esto es, que más de un mes antes de que la “afectada” se presentase a dar constancia de los hechos, la facultad tenía ya listos nuestros expedientes. Eso explica que les haya tomado sólo cuatro días hacer las diligencias necesarias para que el tribunal universitario recibiera y aceptara el caso. Cualquiera que haya sufrido las burocracias de la UNAM sabe que es una verdadera suerte que los procesos se estén acelerando —pero no todos, ¿cierto?

III.

Ya en el tribunal, la cosa se mueve como una máquina de carne —nos explicaba Federico Anaya, quien valiente y diligentemente nos representó. Así fue. Lo primero que pudimos ver fue la violación sistemática del derecho al debido proceso. Copado por una burocracia mezquina e incapaz, el tribunal universitario no pudo darnos la información adecuada, en términos legales, acerca del procedimiento y los derechos de los que gozamos en el proceso. Así también sucedió con la diligencia del derecho de audiencia, en donde el tribunal, habiendo aceptado el caso, tendría que escuchar a las partes y deliberar con base en ello. La chambonería del tribunal produjo el manejo indebido del propio expediente y de los datos personales que en él figuran. Este comportamiento habitual en los funcionarios ponen en peligro a las víctimas —las que sí lo son— y actúa en detrimento del derecho a la legítima defensa que tienen los acusados.

Por último, consideremos un rasgo distintivo del tribunal: la constitución institucional de un órgano que pone especial énfasis en perjudicar estudiantes mediante triquiñuelas administrativas, amenazas veladas e intimidaciones constantes. No hay que olvidar que el Congreso Universitario de 1990 acordó su disolución, entre otras cosas por su carácter inconstitucional —pues se trata de un tribunal especial con jurisdicción sólo sobre profesores y estudiantes pero no sobre el personal administrativo.

Gracias al apoyo y la movilización de estudiantes y académicos, y al fino y erudito trabajo jurídico de Federico Anaya, el tribunal universitario puso fin a este penoso episodio. Admitiendo que no existían pruebas para las acusaciones —por lo cual el expediente no tendría que haber sido aceptado en primera instancia—, se decidió finalizar el proceso sin sanción alguna.

IV.

Consideramos que lo que hicimos fue dar cuenta de acontecimientos que habían tenido lugar en el pasado. En ningún momento atacamos a la profesora Álvarez Sánchez. Opinar sobre un asunto de interés público como éste no puede considerarse como un delito o como una falta grave; por el contrario, es un ejercicio razonable y ciudadano de trasparencia y pensamiento crítico. La excelencia en el trabajo académico —y en contraparte también un fraude académico— es del interés legítimo de todos los miembros de la comunidad universitaria. La acusación de la profesora Álvarez Sánchez y la consignación de Gloria Villegas son actos autoritarios y arbitrarios que violentan el derecho a la libre expresión consagrado en el código de ética de la UNAM, la legislación universitaria, la constitución de la república y los tratados internacionales.

Lo que está en juego es la libertad de expresión, principio fundamental de la labor académica. Los estudiantes debemos luchar por ella, pero también debemos ser consecuentes con nuestra historia: luchar por acabar con el carácter autoritario y antidemocrático de la universidad, el gran sueño de nuestros compañeros de 1999. Sólo así el trabajo académico tiene algún sentido. Sólo así la universidad podrá ajustar la cuenta pendiente que tiene con la sociedad mexicana.