por Luis Fernando Granados *

Enrique Peña Nieto tiene algo con la historia. Hasta se antoja decir que es un historiador de clóset.

De joven, ya sabemos, “escribió” su tesis de licenciatura sobre Álvaro Obregón (aunque, bueno, en realidad la tesis se ocupa de Obregón apenas en el cuarto y último capítulo). Y no se crea que aquello fue un mero trámite escolar. Muchos años más tarde, Peña Nieto no sólo recordaba con claridad de qué iba su tesis —aquí puede verse la conmovedora escena—, sino que confesó haberse inspirado en la determinación reformista del Manco de Celaya para emprender su propia obra como presidente. Es una pena que nadie le haya preguntado cuáles fueron las “reformas” emprendidas por el gobierno de Obregón.

Hace tres años, cuando anunció la destrucción del régimen energético heredado de la revolución, Enrique Peña Nieto fue más allá. Con el aplomo que muy pocos historiadores alcanzan, y sólo de viejos, Peña Nieto el hermeneuta sentenció impertérrito —sin miedo, pues— que su proyecto “retoma[ba] palabra por palabra el artículo 27 del general Lázaro Cárdenas”. Lo que generaciones de historiadores no habían podido comprender —el sentido profundo de la expropiación petrolera—, Peña Nieto lo captó con meridiana claridad: el General era un firme partidario de la libre concurrencia. Desafiar a las compañías trasnacionales y establecer un monopolio estatal en el mercado de los hidrocarburos fueron meras diversiones tácticas.

Semejante penetración de análisis, por supuesto, dejó en ridículo a la academia mexicana. Debe ser por ello que, hace un par de días, a la hora de discutir la nueva ley general de Archivos, el Senado prestó —esté prestando— tan poca atención a la voz de los historiadores. Como Peña Nieto es así de ducho en el arte de leer papeles viejos, más aún, es natural que el Archivo General de la Nación deba seguir siendo —de acuerdo con el proyecto de ley— una dependencia de la presidencia de la república. Que cuide los documentos quien sepa cómo interpretarlos.

Historiador de la república. (Foto: Presidencia de la república.)
Historiador de la república. (Foto: Presidencia de la república.)

Sabemos o fingimos saber, sin embargo, que no basta estudiar viejos papeles para hacer historia. Hace falta también una imagen de conjunto, un relato maestro en el cual insertar los argumentos parciales. Construir ese relato es sin duda la parte más difícil de este oficio, la más riesgosa y a la vez la más importante y significativa. Y aunque su elaboración casi nunca es obra de una sola persona, quienes consiguen articular de manera clara y elocuente una de esas narrativas (como decimos los pochos) acaban por convertirse en figuras totémicas de la disciplina: Leopold von Ranke, Lucas Alamán, Fernand Braudel y Edmundo O’Gorman, entre otros pocos.

Enrique Peña Nieto acaba de incorporarse a ese selecto grupo. En el “mensaje” con que celebró el cuarto aniversario de su gobierno (que puede verse aquí), ofreció a la nación un argumento inmarcesible y además económico, destinado a volver innecesarios los afanes —y acaso los empleos— de los historiadores profesionales, tan enredosos y dubitativos ellos: “Nuestra historia nos recuerda que cuando no hemos estado unidos, el país ha sufrido desastres que dejan cicatrices dolorosas. […] En cambio, cuando México ha enfrentado unido sus desafíos, siempre ha salido adelante.” La elaboración de tan original tesis historiográfica es, si acaso, aún más espectacular:

La desunión provocó la pérdida de la mitad de nuestro territorio.
La desunión condujo a la imposición de un emperador extranjero, ajeno a nuestra vocación republicana.
La desunión ocasionó una revolución de años, que causó un millón de muertes y una destrucción que tomó décadas recuperar.

No se hagan bolas. Ni la inepcia de los mandos del ejército mexicano ni la ambición del gobierno estadounidense. Ni la profundidad subversiva de la reforma liberal ni los sueños trasatlánticos del Sobrino de su Tío. Ni los agravios acumulados de cientos de miles de campesinos ni el afán de tantos señoritos por restablecer el orden social colapsado por esos cientos de miles de campesinos. El hilo conductor, la clave explicativa de los múltiples desastres ocurridos en el país entre mediados del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX es uno y nada más que uno.

En todas las familias sabemos que para resolver un problema, lo primero, lo que más se necesita, es que todos nos unamos.
Esa unidad está por encima de diferencias y agravios. La unidad supera esas diferencias y esos agravios para convertirse en el escudo de una familia, de una comunidad, de nuestra nación.

Es una pena que nadie haya podido preguntarle si ese escudo tiene algún propósito específico o si más bien, en buena lógica burocrática, las familias, las comunidades y las naciones deben existir simplemente porque existen, no importa cómo sean. Y también: es una pena constatar que quien invoca la unidad —como el padre autoritario, el marido golpeador, el cacique del pueblo, el obispo pedófilo, el abogado de un proyecto político cruel— suele ser quien, al mismo tiempo, deslegitima la opinión de quienes no están de acuerdo con él… con quienes están en desacuerdo con organizar el país como una república federal, o con someter a la iglesia católica, o con la idea de que la propiedad privada individual absoluta es la única forma posible de usar una parcela y un ojo de agua, o en desacuerdo con que los hidrocarburos no sean propiedad de la nación.

(Sería fácil atribuir al liberalismo la responsabilidad en las tres crisis evocadas por el historiador Peña Nieto toda vez que, en efecto, la parte civil de las guerras de 1845-1848 y 1855-1867, así como el conflicto de 1910-1929, fue en gran medida precipitada por los partidarios de la república burguesa. El problema es que una y otra vez el “proyecto” liberal —aunque más bien: los proyectos liberales— se enfrentó a una multitud de “proyectos” diferentes, alternativos y hasta cierto punto incompatibles con aquél. Las guerras civiles son trágicas no sólo porque ocurren “entre hermanos” sino porque manifistan la radicalidad, la profundidad de las diferencias culturales y políticas en el seno de una comunidad política.)

Menos mal que Enrique Peña Nieto es un historiador de gran calado. Si fuera en cambio, por decir, el presidente de la república, habría que reclamarle su increíble desfachatez, su autoritarismo, o sea la misma actitud de quien rompe un plato y dice “ay, se rompió” —y además espera que le ayudemos a recoger los pedazos.

1 Comment

  1. No son los senadores los que ignoran a los Historiadores. Son los Historiadores los que no han querido hacerse escuchar ni frente al poder, ni con la sociedad, a la cual le han dado la espalda, para llenarse las manos de polvo de archivo.

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