Secretario maleducado

por Jorge Domínguez Luna *

Ayer, después de 35 días de iniciada la suspensión de labores, la Asamblea General Politécnica determinó levantar el paro en los diez planteles del Instituto Politécnico Nacional que permanecían cerrados. Sin fecha exacta para el inicio de las actividades, conquistas en sus peticiones, ni compromisos concretos con las autoridades académicas o gubernamentales, los estudiantes han decidido transformar sus mecanismos de combate ante lo que consideran una nueva embestida contra el IPN.

El conflicto se originó a partir de la publicación de un “acuerdo”, publicado el 6 de abril en el Diario Oficial de la Federación, que definía las adscripciones de unidades administrativas y órganos desconcentrados (como el IPN) de la Secretaría de Educación Pública. El documento, firmado por el secretario, Aurelio Nuño, establecía que el Poli formaba parte de la Subsecretaría de Educación Superior, pero mediante una aclaración, publicada siete días después de la original, se determinó que el numeral 16 del día 6 debía escalar posiciones y situarse en el numeral 6 del día 13 bajo la tutela directa del secretario de estado. La reacción fue inmediata.

El 14 del ese mismo mes, los estudiantes de la Voca 5 iniciaron un paro de actividades que rápidamente fue imitado por otros 14 planteles del IPN. Desde entonces, los estudiantes han llevado a cabo diversas acciones (mítines, marchas, convocatorias a funcionarios) alegando que la decisión permitirá el desmantelamiento de la casa de estudios de origen cardenista, comenzando por la disociación de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos —correspondientes al nivel medio superior y conocidos como vocacionales— del resto de la institución que concentraría a los planteles de educación superior. De ser cierto, éste no sería el primer intento de la administración peñista por reformar las condiciones académicas y administrativas del IPN. Apenas en el segundo semestre de 2014, los estudiantes politécnicos se opusieron ejemplarmente a las modificaciones del reglamento interno y de los planes de estudio.

En aquel entonces, los 74 días de inactividad académica incluyeron momentos memorables, como la marcha del 30 de septiembre que desconoció la interlocución del entonces secretario de Educación y obligó al responsable de la política interior a salir del bunker en Bucarelí para atender las demandas estudiantiles. Hoy, las condiciones son completamente diferentes. Los estudiantes, quizá muchos menos, han demandado la interlocución con los titulares de Educación Pública y de Gobernación sin obtener respuesta. En su lugar, el director del IPN, Enrique Fernández (sustituto de la directora depuesta por el movimiento de 2014), ha establecido mesas de diálogo con los paristas para tratar asuntos que rebasan su jerarquía.

La actitud de ambos secretarios de estado permite especular sobre segundas intenciones. Apenas un par de días atrás, Miguel Ángel Osorio declaró que no atenderá a los parista porque “supuestamente” están siendo atendidos por Aurelio Nuño. Mientras tanto, Nuño ha ignorado la convocatoria de los estudiantes, condicionando la reunión a cambio de retomar las actividades en los planteles educativos. Su mayor esfuerzo en el conflicto ha sido una breve declaración, por instrucción directa de su jefe, en atención al escrito entregado por estudiantes el pasado lunes durante una marcha que pretendió —sin éxito— llegar a Los Pinos.

El pasado reciente demuestra que el diálogo no es una virtud del secretario de Educación. Desde su nombramiento en agosto de 2015, Nuño ha matizado su gestión con una personalidad impositiva, poca disponibilidad a la interlocución con opositores y una visión política maniqueísta. Para él, las decisiones de gobierno no se negocian; se acatan. El silencio respecto del conflicto politécnico tiene mucha semejanza con la actitud adoptada por el secretario respecto de la oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a la llamada “reforma educativa”.

En el caso del IPN, el ex jefe de la Oficina de la Presidencia ha mostrado poco más que un nulo interés en la resolución del conflicto originado por una ocurrencia de su oficina. El menosprecio de las demandas estudiantiles, la falsa preocupación por la posible pérdida del ciclo escolar y la ausencia total de disposición para revertir lo publicado evidencian que la prioridad del secretario es demostrar una eficiencia tecnócrata con miras a su posible candidatura a la presidencia en 2018. Todo ello sin olvidar que la “reforma educativa”, enfocada principalmente en la modificación de las condiciones laborales de los profesores, conlleva la pretensión de reformular los perfiles de egreso de todos los niveles formativos para adecuarlos a las necesidades del gran mercado.

Por ello, la finalización del paro estudiantil sin conquistas concretas corre el riesgo de convertirse en una victoria para Nuño. Así como no ha encontrado obstáculo ni oposición para desmantelar las estructuras de la CNTE, el reinicio de actividades y la carencia de compromisos gubernamentales obliga a temer una posible y profunda intervención gubernamental en la vida interna del Politécnico en el corto y mediano plazo. No sería la primera vez que la administración peñista niega la factibilidad de conservar instituciones creadas durante la presidencia de Lázaro Cárdenas —evidenciando sin reconocer que su concepción de estado no encuentra simil en el armazón institucional construido durante los gobiernos posrevolucionarios.