por Benjamín Díaz Salazar *

Ser docente se convirtió en un reto. Las garantías laborales que hasta hace algunos años ofrecían los organismos públicos de educación se desvanecen con el correr no de los años sino de los días. La zozobra se respira en cualquier plantel escolar, los rumores resquebrajan las certidumbres y provocan un gran miedo. ¿La causa? Una reforma educativa cimentada en una falsa premisa: evaluar sin diagnosticar.

El gran logro educativo del sexenio peñanietista se fundamentó en la idea de que la causa del rezago, de la deserción y del atraso escolar eran los miles de responsables de la educación: los profesores. Es así que comenzó una ardua campaña de desprestigio social contra los trabajadores magisteriales, llevando a cabo burdas generalizaciones. El objetivo principal era la “cabeza” de todos ellos, la lideresa sindical vitalicia Elba Esther Gordillo, quien a lo largo de más de veinte años acopió potestades económicas y políticas inconmensurables. Esa misma lideresa que, desde 2000, dio la espalda al priismo y cayó bajo los encantos blanquiazules que la encumbraron y dotaron de fondos, cargos públicos y hasta de un partido político.

Con la detención de Gordillo se daba un paso más en la campal batalla contra la imagen pública de los profesores. Un instrumento útil, aunque bastante mediocre, fue el ¿documental? De panzazo, de Juan Carlos Rulfo y Carlos Loret de Mola (México, 2012). En poco más de una hora se desprestigió al magisterio completo, se le acusó de ser el causante del problema educativo, sin saber que, desde hace más de medio siglo, los profesores fueron convertidos en técnicos que aplican todo aquello que decide el estado.

En De panzazo se mostraron los vicios que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tienen desde su fundación: la venta de plazas, las militancias forzosas y el condicionamiento de beneficios laborales, fueron las líneas que se decidieron mostrar de aquellas organizaciones. Actualmente, la dirigencia del SNTE se encuentra en manos de un personaje sin nombre, que firma acuerdos que condenan las garantías. La dirigencia de la CNTE se encuentra desarticulada y busca alianzas que le permitan recobrar aquellas potestades que les fueron quitadas.

Con el gremio desacreditado, la aplicación de la reforma resultaría sencilla, pues la sociedad civil apoyaría los cambios “necesarios” para garantizar la calidad educativa. Es así cómo a los maestros se le retiró íntegramente del artículo 123 de la constitución, llevándolos a dos renglones del artículo 73, fracción XXV: con la capacidad de “establecer el servicio profesional docente en términos del artículo tercero”, el congreso decide las condiciones laborales, las promociones, los salarios, las seguridades sociales otorgadas y la certidumbre laboral de millones de profesores al servicio del estado.

El primer camino para ello fue la aplicación de la evaluación nacional, elaborada bajo cánones dudosos y con criterios anti-pedagógicos de origen. Los profesores se sometieron a tres momentos: la presentación de evidencias de su desempeño, un examen maratónico de cuatro horas y el diseño de un plan de clase sin apoyo bibliográfico y a ojo de buen cubero. En la segunda etapa, en términos generales, los profesores se enfrentaron al reto de responder, en promedio, un reactivo cada 96 segundos. Cabe destacar que la escritura de la planeación contaba como un inciso del examen.

Los resultados de la evaluación, publicados en febrero, dan muestra de un fenómeno interesante. Al evaluar a los profesores en activo con entre diez y veinte años de servicio, se encontró que el 42 por ciento de ellos se ubicó en la categoría de bueno, el 35 por ciento fue clasificado como suficiente, sólo el 8 por ciento quedó como destacado y el 15 fue descrito como insuficiente. Ese 42 por ciento es la población que actualmente está educando a los niños, desencadenando automáticamente la pregunta: ¿el problema son los profesores?

Retomo una cifra de los resultados finales. Ese 8 por ciento de los profesores que alcanzaron la calificación de “destacado” fueron acreedores a un aumento salarial del 30 por ciento (previsto en la reforma). Sin embargo, la SEP decidió desarticular los salarios de todos los profesores en servicio con el objetivo de establecer el aumento en función de un sueldo base de 5 mil pesos al mes. Es decir, decidió que aquellos que ganaban como sueldo base lo que establecían los anteriores procesos de actualización docente —la carrera magisterial— deberían ajustarse al nuevo salario y la cantidad que recibieran por encima de ello se consideraría una “compensación”. Lo verdaderamente grave es que este elemento se refleja en las pensiones tras la jubilación, los bonos otorgados y demás beneficios que se establecieron tras años de lucha del magisterio. Y por cierto, es improcedente una apelación en materia laboral, pues recordemos que los docentes son ahora “facultades” del congreso y ya no trabajadores del estado.

En estas condiciones trabajan los profesores. Sin agregar si quiera la carga cada vez mayor de burocracia administrativa, que en nada disminuyó con la aplicación del programa “Escuela al centro” implementado por Aurelio Nuño —mismo secretario que declaró que las plazas de directores administrativos, creadas para disminuir las cargas de papeleo, serían otorgadas a los aviadores de la SEP. Ese mismo secretario que declaró, en días pasados, que los profesores que faltaran a clases el 15 de mayo serían acreedores al correspondiente descuento (fue domingo).

Secretario
Secretario “reformista”. (Foto tomada de aquí.)

El carácter laboral y limitante de la deforma educativa es evidente. Sin embargo, ya está en función y ha provocado una salida masiva del servicio profesional, por jubilación o por renuncias. Las aulas se están quedando sin maestros. Tan sólo cabe decir que aproximadamente el 30 por ciento de las escuelas en el país son multigrado, pues no existen los docentes necesarios para cubrir las áreas correspondientes. Con un ambiente tan hostil e incierto, cada vez menos jóvenes deciden aventurarse a ingresar a la SEP.

Al respecto, Nuño ha señalado que “cualquier licenciado puede ser maestro”, provocando con ello que busquen ingresar profesionistas de todos los campos del conocimiento a la nómina de la SEP, sin siquiera tener una mínima preparación en el arte de la enseñanza. En esas condiciones, ¿hay —y habrá— calidad educativa?

Lo primero que debemos hacer para reformar la “reforma educativa” es reconocer las responsabilidades que todos los actores del proceso comparten. No se trata de señalar quiénes son los culpables, sino de involucrar a toda la población en las estrategias para subsanar los problemas. El sistema educativo está podrido. Casi cada año se modifican los sistemas de enseñanza y las estrategias impuestas por la SEP. Es así que mientras se capacita a los docentes en un nuevo sistema, se elaboran ya materiales con otro muy distinto. Recordemos en este punto que la enseñanza a nivel básico, nivel medio y nivel medio superior está marcada por contenidos forzosos, convirtiendo a los profesores en técnicos que deben aplicar sistemáticamente lo que marca la línea, pues de ello dependerá su seguridad laboral. La calidad educativa va más allá de pintar una barda para justificar un presupuesto; es un ejercicio continuo de confianza, de libertad y de seguridad de todos y cada uno de los actores del proceso.

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