Hacer como que hacemos

por Dalia Argüello *

Desde 2012 la constitución establece que la educación media superior en este país es obligatoria, lo que significa que el estado está legalmente comprometido a garantizar el acceso a este nivel educativo para todos los que estén en edad de cursarlo. Uno de los efectos de esta medida tendría que ser la distribución de libros de texto gratuitos para una población cuyos niveles de deserción son altísimos.

En 2014, Enrique Peña Nieto ofreció la entrega de más de cuatro millones de libros de bachillerato a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg); sin embargo, no existe hasta la fecha un avance claro al respecto. No hay una partida presupuestal, un proceso de licitación en marcha o convocatorias interinstitucionales para la elaboración de estos materiales, sino todo lo contrario: al menos para el ciclo escolar 2015-2016, la Conaliteg anunció oficialmente que no habría nuevos materiales ni se modificaría el catálogo vigente.

Dado que nunca ha habido libro de texto gratuito ni parece que lo habrá pronto para el nivel medio superior, las instituciones públicas resuelven de manera interna la selección de materiales didácticos, ya sea como en el caso de los bachilleratos de la UNAM, con elaboraciones propias de los mismos docentes y cuerpos colegiados, o a través de las editoriales independientes y privadas.

La función del libro de texto para las asignaturas de historia y ciencias sociales en el bachillerato ha sido cuestionada por distintas razones; por ejemplo, por la posible simplificación o imprecisión al presentar los contenidos, o porque se estandarizan actividades de aprendizaje y retroalimentación, o por el predominio de la memorización y repetición al que dan lugar, por encima de actividades cognitivas más complejas.

Desafortunadamente, a esta discusión sobre las ventajas y desventajas del uso de libros de texto, que podría enriquecer los trabajos de campo sobre didáctica específica o investigación educativa, hay que agregar un elemento más que tiene que ver con las prácticas cotidianas de abuso, irresponsabilidad y desdén de los profesores, las autoridades y las instituciones escolares.

Al menos desde la puesta en marcha de la «reforma integral a la educación media superior» en 2008, con la que se implementó la educación basada en competencias, algunas empresas editoriales han sabido aprovechar cada vez mejor el amplio mercado que representan los miles de jóvenes inscritos, por ejemplo, en el Colegio de Bachilleres del área metropolitana. Esta oferta editorial en el mercado beneficiaría a los docentes y alumnos si la competencia permitiera acceder a una amplia gama de materiales de calidad y bajo precio, si no fuera porque, como suele ocurrir, la falta de regulación al respecto y las malas prácticas generan todo lo contrario.

Al iniciar cada semestre, llegan a los distintos planteles del Colegio de Bachilleres los representantes de las editoriales a ofrecer a los profesores los más recientes libros de texto elaborados “de acuerdo con las competencias del marco curricular común” y organizados en los bloques temáticos que marcan los programas de las asignaturas. Las ventajas pueden parecer evidentes, pues algunos se presentan como los más actualizados en el enfoque en competencias y en el uso de las TIC porque incluyen aplicaciones, links, códigos QR y materiales en línea como complementos, lo cual responde a las exigencias curriculares del Sistema Nacional de Bachillerato.

El problema inicia con la mala calidad de los materiales; pasa por las responsabilidades de los distintos agentes que convierten a los alumnos en consumidores cautivos y a los profesores en mercaderes que venden al por mayor los libros a cambio de una generosa comisión por ejemplar, y sigue con un montón de circunstancias que vale la pena considerar.

En primer lugar, la aparente anarquía que permite a cualquier autor publicar libros de texto sin atenerse a criterios de calidad y a supervisión de contenidos y metodologías. Por ejemplo, para los libros de las materias de Ciencias Sociales II e Historia de México II, del Grupo Editorial México y Ediciones A de J, no es posible encontrar información adicional de estas casas editoriales y de los autores, pues como elaboradores parece que no vieron la necesidad de asentar alguna información de su currículum, experiencia docente o formación profesional que los avale como elaboradores de materiales didácticos.

Además de deficiencias y errores en la edición, estos textos comparten otra característica. Al resumir al mínimo posible las lecturas y contenidos, parecen evitar la problematización, la contradicción y aparentar que todo está resuelto, que no hay más que saber ni que pensar, que el conocimiento ya está ahí y sólo hay que buscar las maneras más lúdicas para acceder a él y, sobre todo, que ni en la historia de México ni en los asuntos de las ciencias sociales queda nada por indagar o cuestionar. La síntesis no sería en sí misma un problema si no se justificara con los criterios de hacerlo “más fácil y digerible” para los alumnos. Las actividades como las sopas de letras, crucigramas, esquemas y tablas funcionarían si no parecieran dirigidas a niños y no a adolescentes y adultos, si no trataran asuntos de tanta complejidad como pasatiempos, es decir, si no se menospreciaran las capacidades analíticas, creativas y críticas de los jóvenes y no se subestimara el potencial formativo de la historia y las ciencias sociales para la construcción de sujetos que pueden hacer mucho en beneficio de ellos y sus comunidades.

El hecho de que algunos profesores vendan a los alumnos estos libros de texto y organicen todo el curso en torno a ellos, al menos en el Colegio de Bachilleres, está considerado como una falta administrativa, de manera que las autoridades han difundido en una circular aclarando que:

Para el desarrollo académico de los estudiantes, el plan y los programas de estudio del Colegio no contemplan la venta, por parte de los profesores, de textos, fotocopias, documentos o materiales didácticos a los alumnos. Tampoco contempla la venta de boletos para asistir a obras de teatro, excursiones, prácticas o eventos de tipo cultural o deportivo… Con estas prácticas se incurre en responsabilidad laboral en los términos del artículo 47, fracción II, de la ley federal del Trabajo y cláusula 64, fracción II del contrato colectivo de trabajo. Así mismo, son motivo de aplicación de la ley federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos por parte de instancias fiscalizadoras de la institución, con fundamento en el artículo 8 fracción XIII del citado ordenamiento […]

Así pues, la omisión del gobierno federal de atender la demanda de libros de texto gratuitos bajo controles académicos y administrativos que aseguren la calidad y la transparencia, pone al descubierto un montón de problemas que la reforma educativa ni siquiera contempla.

¿Por qué no implementar al interior de cada subsistema de educación media superior estrategias de fomento al trabajo académico, de investigación y producción de materiales propios, adaptados a los requerimientos propios, que aproveche los saberes de los docentes e impulse su desarrollo profesional? ¿Por qué no se construyen estrategias de aprendizaje a partir de condiciones particulares de los grupos, aprovechando fuentes diversas cercanas a la realidad de los jóvenes y sus comunidades, en lugar de tomar textos malhechos, que ofrecen caminos fáciles? ¿Por qué en el Plan de Formación Continua, que la SEP acaba de anunciar (el 14 de marzo) como respuesta a los resultados de la evaluación, no se ofrecen cursos de elaboración de materiales didácticos para que las instituciones generen recursos propios de manera ordenada y transparente y no mediante acuerdos particulares entre las editoriales y los maestros?

Mientras salen más preguntas y menos respuestas, parece que el sector educativo funciona haciendo como que hace algo por mejorar la educación. En este caso específico, la dirección del Colegio de Bachilleres hace como que regula, mientras hace como que no ve a los distribuidores entregar los paquetes de libros y a los maestros cobrando en los salones. Algunos maestros hacen como que enseñan; revisan, firman y sellan las actividades en los libros, mientras se enorgullecen de que sus alumnos estén en silencio y en su lugar escribiendo en sus libros afanosamente, incluso trabajando en parejas o en equipo para mostrar sus habilidades para fomentar el trabajo colaborativo. Hacen como que se interesan por el aprendizaje pues se aseguran de ofrecer el ejemplar con más colores, ilustraciones y que se pueda cargar como aplicación a los celulares, y —por supuesto— hacen como que no lucran en su función docente.

Los alumnos hacen como que aprenden algo mientras copian de sus libros o resuelven las actividades aunque no logren comprender totalmente las lecturas y desconozcan muchos de los conceptos que ahí se manejan. Hacen como que no se aburren pues a la vez es cómodo y les asegura pasar la materia sin entrar en complicaciones, ni realizar grandes esfuerzos.

En la sociedad mexicana, hacemos como que el estado garantiza el principio de gratuidad establecido en la constitución y que en las instituciones públicas se imparte educación de calidad, mientras que ese mismo estado se desvanece frente al cobro de inscripciones semestrales, cursos remediales, exámenes y demás trámites (ahora sumado al de libros y demás complementos) y la calidad se reduce a resultados estadísticos que pueden anunciarse en los medios de comunicación.