Despedido por hacer su trabajo

por Renata Schneider *

El 8 de julio, Sergio Raúl Arroyo fue destituido de la dirección general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los diarios hablan de “diferencias institucionales”. Dentro del INAH se cree básicamente que lo corrieron por hacer su trabajo: el trabajo que se supone que debe hacer el instituto.

El patrimonio cultural mexicano sirve hoy para el turismo o se sacrifica por él. En Puebla, el teleférico del gobernador, de tan bonito, necesitó la demolición de arquitectura patrimonial. En Chichén Itzá, la construcción de un museo del cacao en medio de una plaza de la zona arqueológica parece que atraerá más gente de la que ya tiene y que, dicho sea de paso, supera con creces su capacidad de carga (y de comercio informal). Las mineras de Morelos andan también queriendo destruir patrimonio. Estas son las acciones a las que se opuso Arroyo en los pasados seis, siete meses y que —se dice— causaron su renuncia obligada.

Más allá de la destitución de Arroyo, y de la probable salida de Bolfy Cottom, su secretario técnico (conocido por ser uno de los investigadores del INAH más comprometidos, académica y prácticamente, en la defensa y legislación del patrimonio cultural mexicano), deberíamos preocuparnos por la viabilidad del instituto mismo.

Los arqueólogos, restauradores, arquitectos, historiadores, antropólogos, etnólogos, museógrafos, químicos, lingüistas, antropólogos físicos y demás que trabajamos en el INAH recibimos un salario que proviene de los impuestos federales. El estado nos alienta a profesionalizarnos. Se nos pagan maestrías, doctorados, especializaciones. Se crean consejos académicos. Se firman tratados, cartas, convenios y documentos internacionales con contenidos éticos y técnicos muy específicos. Sin embargo, cada dictamen, restauración, exposición, investigación o publicación está sujeta cada vez más a intereses políticos y económicos. Estos últimos parecen querer decidir las acciones básicas de la institución, cuando no simples caprichos estéticos. Esto no es nuevo, por supuesto: siempre lo decidieron. Pero los alcances de la destrucción y banalización del patrimonio son cada vez más profundos y más irreversibles. Y la creación de candados para evitarlo es cada día más mediática pero también más ineficiente.

Durante el gobierno de Felipe Calderón, los profesionistas del INAH se convirtieron en una molestia. A veces por vías sindicales, a veces como cuerpos colegiados. Somos incómodos, pero aun así nos pagan cada quince días y nos invitan a ceremonias donde nos regalan medallitas. El ruido es sordo: tomen su medallita. Se abren plazas: el país los necesita.

Esto no es exclusivo del INAH; pasa también en las instituciones relacionadas con la ecología. Es común a los organismos creados para proteger cualquier recurso, natural o cultural. La pregunta obligada en estos casos es para qué tener estos organismos: gastan recursos, están llenos de gente que pide prestaciones, sirven exactamente para lo contrario de lo que animó su creación.

Algo hemos hecho mal, puesto que no hemos podido traducir razones legítimas en descontentos generalizados. El INAH es reconocido de muchos modos, nacional e internacionalmente, por la investigación arqueológica, histórica, antropológica y de conservación que realiza en cada rincón del país y que posibilita que entendamos y disfrutemos un poco más nuestro presente. El instituto es la concreción de una serie de ideales que resultan fundamentales tanto para la fundación del país como para su futuro: el puro hecho de salvaguardar casi en exclusiva la herencia cultural de un país lo hace irremplazable.

El despido de Arroyo y el reconocimiento de que obedece a “diferencias institucionales”, es decir, a las profundas contradicciones que hay hoy entre la forma en que el gobierno quiere tratar al patrimonio y la forma en que el estado debería hacerlo, nos obliga a reinventarnos de modo que los reclamos que hacemos, y las agresiones al patrimonio cultural que intentamos detener, sean vistos como una responsabilidad social y no como el trabajo de unos cuantos burócratas cansados.

Escandalizarse otra vez no soluciona nada y sí empobrece el ánimo. Un observatorio de historia como éste debe poder, al menos, permitirnos hablar de los problemas que aquejan a nuestro patrimonio no sólo desde el escándalo y el reclamo, sino ayudarnos a construir herramientas de monitoreo eficaces, y a pensar estrategias civiles y mediáticas que posibiliten socializar los problemas institucionales con el resto de los mexicanos.