por Mariana González Saravia Peña *

En el Archivo General de la Nación están todos, sin escapatoria: Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Fernando Gutiérrez Barrios, las cien verdades de Nazar Haro, Luis de la Barreda, los Halcones, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez Rojas, las víctimas de Tlatelolco, el Jueves de Corpus, la guerra sucia. Antes de que alguna otra sección del archivo se abriera al público en el mes de junio del 2002, los investigadores podían llegar hasta el umbral del 2 de octubre de 1968. A partir de ahí la información quedaba vedada: secreto de estado. Se trataba de dos kilómetros lineales de expedientes a los que nadie podía asomarse. El espacio pertenecía a la Secretaría de Gobernación y su órgano represivo, la Dirección Federal de Seguridad: Julio Scherer García y Carlos Monsiváis, Los patriotas: De Tlatelolco a la guerra sucia (México: Aguilar, 2004).

Fue a partir de 1968 cuando el presidente Díaz Ordaz pudo hacer explícita la represión contra los estudiantes; en un inicio, desde hace algunos siglos, el estado estaba acostumbrado a reprimir principalmente a campesinos, obreros y gente a la que se nombraba “sin educación”. Sin embargo, después de las misiones culturales, la fuerte campaña de alfabetización que llegó a las zonas marginales del país y la creación de la UNAM, el estado comenzó a tomar medidas violentas para lograr desaparecer y tomar control sobre la población, que día a día demandaba la democratización del país (pues estos lugares de educación eran espacios en los cuales se generó crítica y se creó conocimiento en contra de un estado autoritario que se presentaba como democrático).

Después de la revolución, el estado necesitaba pacificar al país, por lo que confió en la educación rural como uno de los vehículos de progreso. Se creía también que la educación obedecería a las demandas del estado, pero nunca se pensó que podría ser liberadora de éste; las medidas populistas del PRI nunca visualizaron que un campesino, un obrero educado podrían ir aún más allá de cualquier demanda institucional. Los normalistas, indígenas educados, enseñaban la resistencia a las medidas “progresistas” del México de los años sesenta. El estado respondió con la matanza y desaparición de aquellas personas en las que alguna vez había depositado su esperanza, porque representaban el deseo de transformación de esos indígenas en gente “educada”, que así pasarían de ser campesinos revoltosos a ciudadanos obedientes. Esto nunca pasó, y fue su frustración la que llevó al gobierno a tomar medidas violentas para aniquilar este “monstruo” que habían creado. A este periodo se le conoce como guerra sucia.

Guerrero y Jalisco fueron los estados que parecían constituir la mayor amenaza, principalmente por la creación de grupos guerrilleros como la Liga Comunista 23 de Septiembre y el Partido de los Pobres. Como medida de defensa contra las agresiones del estado, estos grupos lograron financiarse a partir de robos a bancos y secuestros. Eran considerados criminales por el mismo estado que al mismo tiempo torturaba y desparecería a gente inocente con el pretexto de “pacificar” al país. Un informe de la Comisión de la Verdad —glosado por Blanche Petrich en La Jornada— lo documenta así:

[…] 463 casos de severas violaciones al derecho humanitario, que comprenden 24 ejecuciones sumarias, 230 desapariciones forzadas y —algo que ninguna de las averiguaciones previas tomó en cuenta— 205 casos de sobrevivientes de desaparición forzada, es decir, de personas que pasaron largas temporadas en cárceles clandestinas del ejército y lograron salir con vida.

La guerra duró casi una década. En un inicio se buscó introducir canales de diálogo con el gobierno para generar espacios democráticos, pero ello no ocurrió y sobrevino la violencia. Un antecedente que desató la guerrilla en Guerrero fue el conflicto del 18 de mayo de 1967 en la Escuela Juan Álvarez. Cuando se exigió la renuncia de la directora y de su equipo de trabajo, el gobierno decidió sólo correr a la directora y dejó a sus partidarios con el control de la escuela. Se citó a los padres de familia y al personal encabezado por Lucio Cabañas, y en la confusión se le escapó un tiro a uno de los encargados de las guardias motorizadas. Fue entonces cuando Lucio Cabañas decidió escapar a la sierra y comenzar la guerrilla.

Una de las tácticas más fuertes contra los estudiantes y guerrilleros promovidas por el gobierno fue el “plan telaraña”, proclamado por Echeverría en 1972, cuya finalidad era “impulsar la economía del estado por medio de un programa intensivo de alfabetización, electrificación, dotación de agua potable, abaratamiento de comestibles, atención médica, etcétera, con el fin de restar bandera al supuesto movimiento de los facinerosos”. En realidad el plan era un pretexto para acercarse a las comunidades rurales y sacar información, según lo describió Pilar Noriega en CNN: “consta que el estado tenía la defensa nacional y cuando se hacían recorridos en todas las comunidades llevaban listas de personas a detener, entonces saben quiénes eran y tienen que decir que fue lo que pasó y qué hicieron con ellas”. Muchos de los detenidos eran campesinos o personas ajenas a la guerrilla; aún así pagaban como si fueran criminales.

En la actualidad son pocos los que logran comprender la verdad de los normalistas que se unieron a la guerrilla, pues los documentos fueron borrados de la historia y las personas que podían hablar fueron desaparecidas. Con el transcurso del tiempo podemos visualizar una verdad a partir de los testimonios de la gente que sobrevivió, de la apertura a los investigadores para consultar los archivos, y de los medios digitales de comunicación.

Para evitar su desaparición. (Foto: AFP.)
Para impedir su desaparición. (Foto: AFP.)

Han pasado suficientes años. Han muerto, desaparecido y sido torturadas suficientes personas como para dejar clara la lógica del estado: primero atacando a los grupos más vulnerables —campesinos, obreros— y luego estudiantes. Cuando las autoridades se dieron cuenta de que estos grupos no eran tan vulnerables, comenzaron a pedir apoyo de la CIA; ahora, con los 43 normalistas desaparecidos, se hace evidente el apoyo del crimen organizado. Todo con la finalidad de crear un estado que pudiera controlar el país y a sus habitantes a partir del terror. En lugar de esforzarse por generar democracia, resulta más fácil reprimir, callar esa demanda, pues el pueblo debe de estar aterrorizado para que el estado pueda gobernar. Y es a través del terror como el estado mantiene su soberanía.

Fue a partir de la desaparición forzada de personas y documentos como se intentó borrar de la historia, y crear una imagen negativa de lo que representaba un normalista. Ahora nos damos cuenta que peor que la muerte es la desaparición, pues desaparecer involucra borrar de la memoria colectiva un crimen. Nunca hay una aceptación por parte del culpable sino sólo indiferencia. Desaparecer significa algo más allá: significa el olvido, la negación completa de una falta que cometió el estado. Es por esta razón que la demanda va más allá de la aparición de los muertos del 68, de la guerra sucia, de la guerra contra el narcotráfico y contra Ayotzinapa. La demanda está en que no se busque borrar y ocultar este pasado turbio, sino que se esclarezca, que salga a luz una verdad que es más poderosa que la verdad del estado. Esa verdad es la que lleva a la justicia.

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