«La rosa blanca» y el conflicto petrolero

por Pedro Salmerón Sanginés *

Hace varios años, mientras trabajaba en el Archivo Histórico Aarón Sáenz Garza para escribir la biografía de ese personaje (publicada por Miguel Ángel Porrúa en 2002), encontré una interesantísima carta de Antonio G. Azuara a Aarón Sáenz —en ese momento secretario de Relaciones Exteriores— fechada el 17 de enero de 1927, cuando estaba en su punto más violento el conflicto entre México y Estados Unidos, provocado por las compañías petroleras con motivo de la entrada en vigor de las leyes reglamentarias de las fracciones I y IV del artículo 27 constitucional (promulgadas el 31 de diciembre de 1925 para entrar en vigor el 31 de diciembre de 1926). Las compañías petroleras estadounidenses estaban en franca rebeldía y fuera de la ley desde el primero de enero de 1927, y trataban de arrastrar a su gobierno a una guerra contra nuestro país.

La carta de don Antonio Azuara a nuestro canciller tiene cuatro párrafos. En el primero, le comunica que adjunta copia “del memorial que he entregado al señor procurador General de la República, con relación al asunto de las compañías petroleras que no quisieron acatar las disposiciones de la ley del petróleo”. Y continúa:

Se servirá usted ver por ese memorial, que en el fondo de esa maniobra de rebeldía, más bien se encierra una deliberada intención de provocar dificultades de carácter internacional, procurando así un encubrimiento de punibles procederes que se han determinado en un cuantioso fraude de pequeños terratenientes mexicanos y aún de la nación misma […].

Como del resultado de mi modesto estudio puede aprovecharse gran parte de sus conclusiones para una eficiente labor de vindicación en el orden diplomático, me atrevo  ofrecer y someter ese trabajo a la muy discreta y sensata penetración de usted.

En efecto, en la copia del memorial, Azuara pone su estudio sobre la materia a la atención del procurador, pues en la prensa del 5 de enero había leído el acuerdo del presidente Plutarco Elías Calles para que la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo diera a la procuraduría la lista de las personas o empresas que no solicitaron la confirmación de derechos al subsuelo petrolífero según los artículos 12 y 14 de la ley reglamentaria del artículo 27 y que, por lo tanto, estaban fuera de la ley.

Como es públicamente sabido que el poderoso y nefasto trust de la Huasteca Petroleum Company, constituye el alma directriz de las impúdicas rebeldías que hostilmente se han enfrentado al acatamiento y respeto de una ley constitucional […] estimo imperiosamente necesario aclarar y rectificar ante propios y extraños, que muy lejos de prevenir o defender una injusta confiscación sencillamente se trata de encubrir grandes lagunas de fango y de ignominia, que a poco de escudriñar, demostrarán meridianamente toda la infamia en que se sustentan hoy el orgullo y poderío de los magnates petroleros, protectores de estas rebeldías.

Para definir la situación de la Huasteca Petroleum Company, Azuara se refirió al origen de sus derechos sobre el fundo Cerro Azul, de fabulosa producción, del que se apropió la compañía “ilegítimamente, con el elocuente fundamento y apoyo de sus guardias blancas”.

A continuación, presenta un estudio de los títulos de propiedad de la antigua hacienda de Cerro Azul, que en 1906 sufrió una serie de cambios de dueño de manera bastante turbia, justamente poco después de que Edward L. Doheny y Norman Bridge, fundadores de la compañía, habían adquirido por cesión un contrato para la explotación del subsuelo petrolífero de Cerro Azul. Poco después, haciendo caso omiso de la viciosa e ilegal apropiación del terreno por sus nuevos dueños, la Huasteca los compró, obrando en esa maniobra el bufette de los licenciados Calero y Vera Estañol, quienes utilizaban la poderosa influencia de don Joaquín D. Casasús.

El documento completo puede consultarse en el expediente 340/178 del referido archivo, sito en la Fundación General y Licenciado Aarón Sáenz Garza, domiciliada en el Distrito Federal. La lectura del expediente evoca puntualmente, muy puntualmente, la novela La rosa blanca, de B. Traven (llevada al cine por Roberto Gavaldón en 1961). El asesinato de uno de los condueños (Hilario Jacinto, cuyo nombre recuerda muy cercanamente al Jacinto Yáñez de la novela de Traven), que obliga a la venta de la hacienda por muy escaso dinero, y las maniobras de la compañía para apoderarse de los promisorios terrenos muestran que Traven no exageró en su pintura de los métodos de esos trusts petroleros a quienes el gobierno actual quiere volver a abrir las puertas. El estudio de Azuara es largo, exhaustivo y probatorio, y concluye que la procuraduría debe reivindicar los más de 57 millones de pesos de que la compañía se adueñó ilegítimamente, y devolver la hacienda de Cerro Azul a sus legítimos propietarios: indígenas y mestizos que la habían poseído en la modalidad de condueñazgo.