por Halina Gutiérrez Mariscal *

En medio de sonoras acusaciones nacionales e internacionales de responsabilidad estatal en los hechos de Iguala del 26 de septiembre, nuestro país ha removido por todos sus rincones incluso a los más escépticos. Se ha hecho evidente que sectores que generalmente se mantienen al margen de movilizaciones y manifestaciones en la calle han expresado descontento por los hechos, y algunos incluso se han pronunciado en contra de la inmovilidad del gobierno mexicano para resolver el asunto.

Sin quitarle gravedad al asunto, es necesario señalar que la matanza y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa es uno más de tantos otros episodios donde se han violado los derechos humanos y políticos, que han causado crisis de seguridad y de gobernabilidad, y que han puesto al descubierto corrupción y nexos entre las autoridades y grupos criminales. Resulta —me resulta— sorprendente que de pronto una sociedad que parecía habituada a las masacres, y que poco se inmutaba ante la aparición de decenas de muertos, esta vez haya puesto punto final a la indiferencia y esté movilizándose de norte a sur, con una exigencia cada vez más decidida, de que las autoridades resuelvan de una vez por todas el asunto. Los reclamos y la gravedad de los hechos han cobrado dimensiones tales que organismos internacionales ya están instando al gobierno de Enrique Peña a resolver el asunto y las movilizaciones han alcanzado lugares remotos y voces de todos los rincones del planeta. El gobierno mexicano está acorralado, abochornado y expuesto en toda su impericia para resolver este problema que, cual bola de nieve, ha venido haciéndose cada vez más grave. Aún teniendo en cuenta aquellos hechos que son anunciados como un triunfo gubernamental —como la detención de José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda— la satisfactoria resolución de los hechos sigue pendiente.

¿Qué es distinto esta vez? ¿Por qué la gente está tan indignada y antes no lo estuvo —o no a tal grado— ante hechos también muy terribles como los horrores de Atenco, la muerte de cientos de comunicadores, la aparición de decenas de muertos o decapitados, o incluso el reciente caso de asesinados por el ejército en Tlatlaya, estado de México? Resulta casi un lugar común el decir que la ciudadanía ha despertado por fin de un adormecimiento de conciencia. Quizá sí. Sin embargo, al mirar la reacción activa y solidaria de tantos mexicanos me pregunto: ¿de qué servirán todas estas movilizaciones cuando el gobierno le apueste al desgaste del movimiento?

Estudiantes de la Universidad de Teherán manifestándose contra el sha, enero de 1979. (Foto tomada de aquí.)
Estudiantes de la Universidad de Teherán manifestándose contra el sha, 13 enero de 1979. (Foto tomada de aquí.)

Salvador Martí Puig señala cuatro maneras de saber si una acción colectiva está resultando exitosa: 1) que ocurran cambios en los sistemas de valores, opiniones, actitudes y conductas sociales, así como la formación de nuevas identidades colectivas; 2) que ocurran ambios en la estructura de representación política, y en los sistemas de alianzas; 3) que se susciten nuevos procedimientos administrativos y nuevos espacios o mecanismos de negociación con las autoridades, y 4) qué puedan percibirse cambios en las políticas gubernamentales y nuevas oportunidades para la movilización. Con base en ello, podríamos decir que, aunque es muy difícil medir el nivel de logro de una acción colectiva, sí hay señales que apuntan a avances en los logros del movimiento.

Pecando quizá de generalizar demasiado, podríamos decir que la apertura que México ha vivido en la posibilidad legal y espacial de externar el descontento y disenso social desde los años ochenta —un tanto producto de la ley federal de Organizaciones Políticas y Procedimiento Electorales de 1977, y otro tanto producto de espacios legítimamente conquistados por la lucha ciudadana— ha ido evolucionando de una manera tal que quienes vivieron, por ejemplo, la guerra sucia de los años setenta no podrían haber imaginado. En ese sentido, bien valdría la pena revisar, con los cuatro puntos mencionados arriba, los logros que la movilización social está teniendo.

Hay que admitir que en el trasfondo de la demanda de aparición con vida de los cuarenta y tres jóvenes normalistas hay un hartazgo social que pide efectividad en las acciones estatales en contra de la violencia, la inseguridad, la corrupción de las autoridades en todos los niveles, y castigo a todos aquellos que de una manera u otra han sido cómplices o miembros del crimen organizado. Un hartazgo que pide un estado que cumpla con sus funciones de manera eficiente, que rinda cuentas de su gestión y que transparente todas las acciones realizadas desde el poder. Ése, creo yo, es en el fondo el fin mediato de todas estas movilizaciones. El inmediato es por supuesto la aparición de los muchachos y el castigo de los culpables de su desaparición y de lo que sea que les haya ocurrido.

En una obra sobre la tiranía en un país lejano —El Sha o la desmesura del poder, traducción de Agata Orzeszek (Barcelona: Anagrama, 1987)—, Ryszard Kapuściński escribió la siguiente reflexión que resulta a la vez atemporal y atinada:

Por lo general, las causas de una revolución se buscan entre las condiciones objetivas: en la miseria generalizada, en la opresión, en abusos escandalosos. Pero este enfoque de la cuestión, aunque acertado, es parcial, pues condiciones parecidas se dan en decenas de países y, sin embargo, las revoluciones estallan en contadas ocasiones. Es necesaria la toma de conciencia de la miseria y de la opresión, el convencimiento de que ni la una ni la otra forman parte del orden natural del mundo. No deja de ser curioso que sólo el experimentarlas, por más doloroso que ello resulte, no es, en absoluto, suficiente. Es imprescindible la palabra catalizadora, el pensamiento esclarecedor. Por eso los tiranos, más que al petardo o al puñal, temen a aquello que escapa a su control: las palabras. Palabras que circulan libremente, palabras clandestinas, rebeldes, palabras que no van vestidas de uniforme de gala, desprovistas del sello oficial.

Ojala que no sólo la rudeza de los hechos que nuestro país está enfrentando tengan efecto a corto plazo, y que podamos ver modificaciones efectivas en los sistemas de valores de las personas, y en la manera en que el estado se relaciona con nosotros.

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