Esperanza de Iguala

por Bernardo Ibarrola *

La alternancia en el gobierno federal a partir de 2000 no supuso un cambio cualitativo en la forma en que éste encara las flagrantísimas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del estado, como cabría suponer si se acepta la relación directa existente —según los transicionólogos— entre la llegada de nuevos grupos al poder por medio de la competencia electoral y la buena gobernanza. Más bien al contrario: al reducir la concentración de poder, ha hecho posible que las responsabilidades públicas se confundan y diluyan. Esto puede apreciarse en la creciente lentitud con que algunos de los crímenes más terribles de los últimos años han tenido consecuencias políticas.

El 28 de junio de 1995, policías estatales de Guerrero y paramilitares impidieron a balazos el avance de un grupo de activistas en el vado de Aguas Blancos, con un saldo de 17 personas muertas y 21 heridas. Ese mismo día —tal vez fue coincidencia— presentó su renuncia el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán. Meses después, el gobernador Rubén Figueroa Alcocer se separó del cargo (el periodo fue concluido, por cierto, por Ángel Aguirre Rivero) y con él se fue todo su gabinete.

El 22 de diciembre de 1997, un comando paramilitar, presumiblemente formado, o al menos apoyado, por fuerzas estatales asesinó a 45 personas —adultos, ancianos, niños— en Acteal, Chiapas. Doce días después, Emilio Chuayffet (nuestro actual secretario de Educación Pública) abandonó la Secretaría de Gobernación. Cuatro días más tarde, Julio César Ruíz Ferro, gobernador interino de Chiapas, presentó su renuncia.

A principios de mayo de 2006, agrupaciones policíacas federales y estatales utilizaron excesivamente la fuerza para someter las manifestaciones en San Salvador Atenco, cometiendo violaciones a los derechos humanos: detenciones arbitrarias, vejaciones, violaciones. El entonces secretario de Gobernación, Carlos Abascal, apenas se inmutó; lo mismo que el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. Seis años después, su reivindicación del uso de la fuerza en aquella ocasión dio pie al movimiento #YoSoy132, que hizo mucho ruido durante las elecciones pero apenas tuvo alguna consecuencia en sus resultados.

El 26 de septiembre pasado —todos lo sabemos—, un grupo conformado por policías locales y paramilitares detuvo violentamente a un grupo de estudiantes normalistas que realizaban activismo en Iguala, Guerrero. De entrada, hubo seis muertos. Luego, tras no pocas contradicciones, conocimos la lista aterradora de 43 estudiantes desaparecidos. Desde entonces —han transcurrido 38 días— nadie sabe nada de ellos. El gobernador de Guerrero solicitó licencia apenas la semana pasada y el actual huésped del palacio de Cobián, Miguel Ángel Osorio Chong, dice que se ocupa del asunto, pero no parece considerar que el asunto sea responsabilidad suya.

Durante el último cuarto de siglo, los criminales han ganado progresiva y sistemáticamente espacios, prebendas y visibilidad en México. La tendencia sostenida durante ese periodo, 1990-2007, de disminución de la tasa de homicidios puede explicarse por un progresivo desplazamiento de éstos de los ámbitos rurales hacia los urbanos, y por una concentración desigual de éstos según los estados, las regiones y, por supuesto, las ciudades. A partir de 2008, el vertiginoso aumento de la tasa de homicidios, que volvió al nivel de principios de los años noventa (como lo demuestra Fernando Escalante) y que no ha cesado de aumentar, hace evidente que los gobiernos mexicanos —locales, estatales, nacional— encontraron la forma de deslindarse de esta violencia; como si no tuviera la obligación de contenerla. De alguna manera, la población mexicana ha aceptado esto como un hecho, como si la violencia ejercida por los mafiosos “entre ellos” no fuera incumbencia —de hecho, la primera incumbencia, como puede verse en cualquier manual de ciencia política— del estado.

Así, hemos pasado de un horror a otro, y hemos desarrollado una suerte de aletargamiento de nuestro sentido común, nuestra dignidad y nuestra voluntad de organización y movilización. Un grupo mafioso asesina a 72 migrantes en 2010 para evitar que otro grupo lucre con él, y no pasa nada. Al año siguiente, se encuentran más de quinientos cuerpos en fosas clandestinas en la misma zona —San Fernando, Tamaulipas— y no renuncia ni el procurador del estado. En septiembre de ese mismo 2011 fueron dejados 35 cuerpos de personas asesinadas en un paso a desnivel de Boca del Río, Veracruz, y tampoco hubo consecuencias políticas. Semana tras semana, encontramos cuerpos torturados con mensajes clavados en el pecho, vemos cuerpos colgados de los puentes peatonales de las grandes avenidas, encontramos nuevas fosas, miles y miles de muertos. Y no pasa nada.

Lo ocurrido en septiembre pasado en Iguala es atroz, entre otras muchas cosas porque, además de haber respondido a motivaciones extraordinariamente banales (posiblemente algún mafioso de a pie con ganas de granjearse la buena voluntad de su jefe), mezcló de manera fatal la delincuencia común —la del “crimen organizado”, de la que parece que nadie es responsable— con la del estado, la que ejerce el gobierno contra sus enemigos. “Fue el estado”, dicen los carteles doloridos e indignados. Sí: lo fue. Y, por omisión, lo ha sido todas las veces anteriores.

Dentro de esta terrible historia hay sin embargo un elemento positivo —si es que el término puede emplearse en tales circunstancias—: la esperanza. Esperanza, en primer término, de que los jóvenes desaparecidos reaparezcan con bien, vivos y saludables. Y esperanza de que, puesto que esta vez todos pudimos ver la brutalidad en proceso y no sólo sus aterradores resultados, nos quedemos prendidos de la desesperación que provoca el gerundio —saber que esto está ocurriendo en este preciso instante— y provoquemos ahora sí, lo obvio: problemas de gobernanza. O sea una crisis política mayor.