por Halina Gutiérrez Mariscal *

En estos días en que el general Lázaro Cárdenas ha andado en tantos discursos y plumas, so pretexto de la reciente reforma en materia de energéticos, vale la pena puntualizar algunas cuestiones en torno a un tema que se ha discutido menos, y que no obstante resulta harto necesario: la política agraria de su régimen. Aunque hemos escuchado o leído toda clase de cosas a favor y en contra del cardenismo, lo cierto es que hay una serie de cuestiones en torno al reparto agrario cardenista que son poco conocidas o no muy publicitadas.

Sabido es que uno de los temas centrales a resolver por la revolución y los revolucionarios triunfantes en los años veinte del siglo pasado era la cuestión de la tierra y el reparto o tenencia de ésta. A finales de 1934, la mayor parte de las tierras estaban en manos de grandes terratenientes que pasaron sin problemas el periodo revolucionario, o en manos de la nueva burguesía compuesta por jefes y caciques revolucionarios. Así pues, la cuestión agraria seguía siendo una demanda social no resuelta.

Para 1933, el total de las tierras ejidales repartidas se habían tomado de las tierras de la nación, baldíos de las haciendas y en muy contados casos de haciendas fraccionadas, y esto casi siempre en regiones que debían pacificarse, o para conseguir apoyo político. Es evidente que, hasta antes de Lázaro Cárdenas, los caudillos revolucionarios visualizaban el destino de la economía rural como una llamada a regirse por la propiedad privada.

Además de ese estancamiento en el cumplimiento de las promesas revolucionarias, hacia principios de los años treinta la economía del país no estaba pasando por su mejor momento. Debido a la crisis económica que inició en 1929 en Estados Unidos, la demanda mundial de metales cayó, y muchas fábricas del país debieron detener su producción. Además de eso, la exportación de petróleo se redujo drásticamente. En el ámbito agrícola se observó una caída en el volumen y precio de las exportaciones, sobre todo en cultivos de gran valor en el mercado como el henequén, el café, el garbanzo, el tabaco, el algodón y la caña de azúcar. Podría agregarse a lo anterior el regreso masivo al país de trabajadores mexicanos desde Estados Unidos, expulsados por una ola chovinista contemporánea de la gran depresión.

Es interesante enfatizar que este panorama crítico, y la evidente desatención que hasta ese momento habían dado los gobiernos revolucionarios al problema de la tierra, amenazaban con romper la paz y llevar a estallidos violentos de descontento. Es por ello que el grupo de revolucionarios en el poder se dio cuenta de que era momento de hacer algo.

Cuando se gobernaba para los de abajo.
Cuando se gobernaba para los de abajo.

En diciembre de 1933 se llevó a cabo la segunda convención Nacional Ordinaria del Partido Nacional Revolucionario, en cuya agenda se incluyó la discusión y aprobación del primer Plan Sexenal de Gobierno. Con éste se crearon nuevas estructuras de atención a la demanda de tierras. A raíz de los acuerdos alcanzados en dicha reunión, el 17 de enero de 1934 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que creaba el Departamento Agrario, una dependencia del ejecutivo federal encargada de la aplicación y ejecución de las leyes agrarias en el país. En marzo de ese mismo año fue promulgado en Durango el primer código agrario, que, entre otras cosas decretaba, en su artículo 11, la creación de las comisiones agrarias mixtas, que implicaban la participación directa de los campesinos solicitantes de tierra en el grupo de trabajo que hacía toda la revisión del caso para ver si se dotaban tierras o no.

Al parecer, la realidad legal era que el nuevo Departamento Agrario atendería los asuntos relacionados con la restitución y dotación de tierras a los pueblos, mientras que la vieja Secretaría de Agricultura seguiría habilitada para encargarse de normar la distribución de tierras en forma de propiedad privada. Así, se creaban las condiciones para dos clases de agricultura y agricultores. Por un lado, se constituía la agricultura minifundista con proyección de satisfacer sólo las limitadas necesidades de autoconsumo de los ejidatarios y comuneros. Por otro lado, se estaría apoyando el desarrollo de actividades de tipo capitalista y proyección comercial, basado en una agricultura que explotara grandes superficies.

Hasta este punto queda clara una cosa: la legislación agraria con que Cárdenas inició el sexenio, y las intenciones de por fin regularizar los problemas de tenencia de la tierra, no fueron de la autoría del general. Pese a ello, la manera en que el presidente se valió de las leyes existentes, y de su investidura presidencial, dejaron claro cuál era su visión sobre el progreso del país y la manera de hacer salir de la miseria al campesinado nacional, y esto a pesar de que la legislación buscaba seguir protegiendo la figura de pequeña propiedad inafectable —que en muchas ocasiones no resultaba tan pequeña— y que buscaba la explotación de grandes superficies con fines comerciales, bajo propiedad de los antiguos hacendados o latinfundistas.

Aunque el presidente modificó poco dicha legislación, las reformas que implementó tendieron a defender la voz del campesinado en la solicitud de dotación o restitución de tierras, haciendo que formaran parte de las comisiones locales que hacían el pedimento de tierras e informaban sobre las condiciones de los terrenos y propiedades circundantes. Además de ello, abrió la posibilidad para que los llamados peones acasillados, los trabajadores sin tierra de las haciendas que hasta entonces no tenían posibilidad alguna de solicitar tierra, fueran sujetos con derechos agrarios. Cuando alguna región ya no tenía tierras disponibles para restitución o dotación, pero sí campesinos solicitantes, se podía recurrir a la figura de “nuevo centro de población agrícola”, resolviendo así la situación de muchas familias sin tierra.

Otra modificación que Cárdenas hizo a la ley agraria prevista en plan sexenal de 1933 fue quitar el carácter de inafectabilidad a grandes propiedades dedicadas al cultivo de caña de azúcar y para agostadero, que se habían mantenido casi íntegras en manos de propietarios monopolizadores que se negaban a ceder la tierra a las comunidades aledañas.

¿Por qué resultaba diferente Cárdenas a los revolucionarios hasta ese momento encargados de resolver el problema de la tierra? Creo que dos factores principales lo distinguen. Primero, que el discurso no se quedó en el papel. Cárdenas hizo expresa su voluntad de resolver el problema de la tierra y se valió de los medios legales a su alcance para lograrlo. Cárdenas repartió, según se maneja en la historiografía, alrededor de 18 millones de hectáreas, casi en su totalidad bajo la forma del ejido, beneficiando a un total de 811 115 campesinos. Hasta antes de que Cárdenas llegara al poder, la propiedad privada tenía en su poder el 86.6 por ciento de la tierra cultivable y sólo el 13. 4 por ciento era de los ejidatarios. Hacia 1940, los ejidos eran la mitad de la tierra cultivable del país. (Antonio Escobar Ohmstede, “El agua subsumida en la tierra: La reforma agraria en el cardenismo”, en Lázaro Cárdenas: Modelo y legado [México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2009], 213-214.)

Además de ello, demostró tener un proyecto diferente, que apostaba al bienestar social de las clases más bajas para conseguir el crecimiento económico del país —a diferencia de sus antecesores (y sucesores), para quienes el poder político implicaba pertenecer a una elite que se sintió con la libertad de disponer de los recursos nacionales para beneficiar a discreción a amigos y allegados (unos con menos descaro que otros), aunque en ese proceso se perdiera la posibilidad de crecimiento nacional.

Vale la pena leer lo que Cárdenas visualizaba como su proyecto agrario para el país:

[…] por el hecho de solicitar ejidos, el campesino rompe su liga económica con el patrón, y en esas condiciones el papel del ejido no es el de producir el complemento económico de un salario […] sino que el ejido, por su extensión, calidad y sistema de explotación debe bastar para la liberación económica absoluta del trabajador, creando un nuevo sistema económico agrícola, en todo diferente del régimen anterior para sustituir el régimen de los asalariados del campo y liquidar el capitalismo agrario de la república [Lázaro Cárdenas, Palabras y documentos públicos: 1928-1970 (México: Siglo Veintiuno, 1979), 126].

Es comprensible que en un contexto nacional como el actual, en donde la pretensión del gobierno parece apostar al crecimiento sin los de abajo, proyectos como el cardenista sean vistos como una historia pasada de atraso, como una terrible época en la que desde el gobierno se protegía el interés social, el bienestar general, aunque eso implicara menguar la ganancia de particulares acaudalados. Para un proyecto de gobierno como el actual, era imperativo modificar la constitución. Mantenerla como estaba habría implicado que el presidente debía guardar y hacer guardar una ley suprema pensada para proteger a la nación y sus bienes estratégicos. Tal no es el caso.

2 Comments

  1. La reforma agraria cardenista tiene otras particularidades que el artículo no subraya. Una primera es el impulso que se dio a la figura del ejido colectivo como forma de tenencia de la tierra y de organización de la producción. Otra muy importante es la creación del Banco Nacional de Crédito Ejidal que habilitó a los campesinos dotados de tierras con ingentes masas de capital en calidad de avío y refacción para que pudieran producir. En conjunto esto implicó una nueva concepción de ejido, ya no como un pedazo de tierra que serviría para complementar el ingreso del campesino, sino como una unidad de producción orientada a satisfacer las necesidades del consumo nacional.

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