El legado del prócer

por Wilphen Vázquez Ruiz *

La historia suele ser ingrata con algunos de sus próceres o protagonistas. Eso es lo que le sucedió a Justo Sierra: habiendo sido el fundador de la Universidad Nacional, eventualmente fue honrado al darle su nombre al segundo auditorio más grande en el campus central de la UNAM, para después ser olvidado por muchos. Actualmente, ese recinto es conocido como Che Guevara, quien, a pesar de las filias que pueda despertar en muchos de nosotros, no tuvo nada que ver con el nacimiento de nuestra universidad.

El olvido en que cayó Justo Sierra bien se asemeja al que ha sufrido el auditorio que lleva su nombre, tanto por las autoridades universitarias en más de tres cuatrienios como por la comunidad estudiantil y acaso también académica. Desconozco si existe una medición que señale el porcentaje de la comunidad universitaria que se opone a la ocupación del auditorio Justo Sierra, pero no dudo de que buena parte de ella desea que los espacios universitarios sean respetados.

Por alguna razón —poco clara en realidad—, a la recuperación del campus central llevada a cabo en 2000 siguió la pérdida del auditorio unos meses después, cuando un grupo de colectivos se hizo del control del recinto. Ya se trate de los colectivos de la OKUPACHE o de los colectivos anarquistas que se disputan su control, lo cierto es que las autoridades universitarias han sido omisas a la solución de este problema y hasta ahora no han ido más allá de la denuncia presentada en diciembre del año pasado ante la Procuraduría General de la República. ¿En realidad la Universidad Nacional carece de recursos jurídicos para enfrentar esta situación? ¿La comunidad universitaria no puede hacer nada al respecto?

Debe entenderse que no existe argumento alguno que justifique la ocupación del auditorio por ya más de una década y que resulta ocioso dar voz a cualquiera de sus ocupantes, se trate del Comité Cerezo, el OKUPACHE, la OLEP, el FNLS, la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río-Tenería —ubicada en el estado de México— o cualquier grupo que se les sume, especialmente cuando, a pesar de sus diferencias, todos ellos coinciden en una resolución final: no entregar el control del espacio ni a la Facultad de Filosofía y Letras ni a las autoridades de la rectoría con argumentos que van de asegurar la libertad de pensamiento y la “liberación” de ese espacio a luchar contra la privatización de la casa de estudios y contra el capital; argumentos, por supuesto, todos ellos absurdos.

Sin duda, uno de los riesgos que son considerados es que en la recuperación del auditorio el uso de la fuerza pública pudiera salirse de control. Aquí es donde la comunidad universitaria puede jugar un papel importante, al cerciorarse de que el desalojo de los colectivos que ocupan el auditorio sea conforme a derecho. Esto resulta por demás relevante por el significado que tiene el involucramiento de la comunidad universitaria, particularmente de los estudiantes, en la vida de la institución, y por ende del país, al asegurarse que las acciones que se tomen sean por completo legales y proporcionadas a la magnitud del problema, tal como corresponde a la presencia que la ciudadanía capitalina ha ganado en la vida pública y política del país tras años y años de esfuerzo.

En suma, el momento presente ofrece una posibilidad nada despreciable para la normalización de la vida universitaria en lo referente al auditorio Justo Sierra, pero se perderá sin la decisión de las autoridades universitarias y la participación activa de la comunidad unamita, con lo que el recinto permanecería en el olvido.

[N. de la R. Éste es el cuarto y último texto
dedicado a comentar la situación del auditorio
Che Guevara-Justo Sierra. Los anteriores
pueden verse aquí, aquí y aquí.]