por Wilphen Vázquez Ruiz *

Una de las corrientes teóricas que ha ofrecido lineamientos para el entendimiento de la sociedad es la historia social. Ésta tuvo un auge notorio en las décadas de 1960, 1970 y 1980. A partir de entonces fue perdiendo terreno ante la historia cultural. Esta última, a su vez, ha presentado en los últimos años un retraimiento ante reconsideraciones propias de la primera como lo son las cuestiones de clase, el estado y la economía, así como la relación que debe guardarse con disciplinas afines. Antes que generar una discusión sobre las ventajas y limitantes que cada corriente ofrece, y que son resueltas por Joyce Patrick en su artículo “What is the Social in Social History?” —Past & Present, 206 (2010): 213-248—, este comentario se dirige a enfatizar la relación social entre corrupción y violencia a partir de algunos indicadores que al respecto han sido presentados en los principales diarios de circulación nacional. (Para esta nota se revisaron artículos que El Universal, Reforma y La Jornada, centrándonos en los años 2010-2013. Otros datos se obtuvieron de la página del Inegi.)

Hablaremos de la corrupción. De acuerdo con el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, ésta puede ser marginal o estructural. La primera se presenta donde las prácticas sociales y la cultura general respetan las reglas, por lo que los casos son más bien ocasionales. La segunda, en cambio, está arraigada de tal forma que segmentos importantes de la sociedad la practican en formas y grados diversos. En 2010, 12 mil directivos empresariales en el mundo consideraron que la corrupción era el segundo factor más problemático para hacer negocios en México. Ese mismo, año los gastos de la corrupción igualaron al 9 por ciento del PIB. En 2012, el problema fue equivalente a 1.5 billones de pesos, monto cercano ahora al 10 por ciento del PIB.

Tolerancia a la corrupción en todos los niveles, que en 2012 le costó al país el 10% del PIB.
Tolerancia a la corrupción en todos los niveles, que en 2012 le costó al país el 10% del PIB.

Lo anterior, junto con los frenos burocráticos y la impunidad, han tenido un impacto negativo en el índice de competitividad de nuestro país. En 2013, entre 148 economías, la nuestra se encontró en la posición 55, dos lugares más abajo con respecto a la que tenía en 2012. ¿Se relaciona esto con la violencia? Revisemos algunas cifras.

Según el Inegi, en 2012 más de 21 millones de personas fueron víctimas de algún delito. Esto implicó, entre otras cosas, un costo nacional superior a los 215 mil millones de pesos (equivalente al 1.34 por ciento del PIB). Ello implica una impunidad aberrante y un gasto para los hogares que buscaron contrarrestar este problema de más de 55 mil millones de pesos.

En cuanto a víctimas se refiere, de 590 mil defunciones en el país en 2011, más de 27 mil se debieron a agresiones. A ese respecto, el comportamiento de la tasa de homicidios, si bien decreció un 6 por ciento de 2000 a 2006  en promedio, de 2007 a 2011 el porcentaje fue superior al 35 por ciento con respecto a 2000. De todos los países de la OCDE, el nuestro es el más violento.

Si bien es cierto que la violencia no puede desaparecer por completo en ninguna sociedad, sí puede ser aminorada a través de políticas dirigidas a un crecimiento incluyente, así como al  funcionamiento de instituciones de seguridad y justicia. Pero ellas no surgen solas. Lo anterior nos obliga una vez más a señalar que el papel que tenemos como sociedad y como individuos no ha sido el deseado ni el óptimo.

En la historia reciente presenciamos la alternancia en 2000, la cual —en términos de rendición de cuentas y combate a la corrupción— significó muy poco. En 2006 se refrendó la administración panista y en 2012 el retorno del Revolucionario Institucional a la presidencia de la república —con la derrota del candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, en las dos últimas contiendas electorales—. Al margen del manejo que se hiciera de los procesos electorales correspondientes, resulta indudable que millones de individuos otorgaron su voto a una candidata o candidato  sin saber lo que esto representaba, sin conocer con suficiencia cuáles eran sus propuestas en política económica, fiscal, cultural, educativa, de salud y, por supuesto, combate a la corrupción.

En el camino nos enteramos de malos manejos en el padrón electoral y de los sobornos que permitieron a Walmart abrir nuevas sucursales para dominar el mercado de la ciudad de México. Conocimos el papel de  Monex y Soriana en la compra de votos y supimos del rebase en los gastos de campaña, al tiempo que vimos la práctica del soborno, la opacidad e impunidad como algo cotidiano. En todo esto, nuestro proceder como sociedad fue bastante pálido. Es cierto: la corrupción abre en mucho la puerta a la violencia que nos aqueja. Pero la sociedad no puede deslindarse de este resultado, ya sea por su participación, por su ignorancia o su desdén. Se dice que la historia es maestra para la vida, pero al parecer es poco lo que aprendemos de ella.

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