A un año de la restauración, un recuento

A propósito del primer aniversario de la restauración priista, quienes integramos este Observatorio de Historia decidimos hacer un balance del lugar que ocupa el conocimiento del pasado en la vida pública del país. En especial nos interesaba evaluar la manera en que la historia ha sido empleada en el debate político contemporáneo, el modo en que los diversos actores políticos recordaron el pasado canónicamente “histórico”, la forma en que el nuevo régimen entiende la enseñanza del pasado y concibe el patrimonio artístico, histórico y cultural, y también la actitud de la historia profesional ante estos fenómenos (así como su propio devenir).

Con base en estos ejes temáticos, el Observatorio de Historia ha preparado su primer reporte anual acerca de la vida social del conocimiento histórico —una suerte de recuento crítico del modo en que la historia ha sido empleada, o se ha manifestado, en el presente—, que será dado a conocer el miércoles 11 de diciembre por Pedro Salmerón, vocero que es del OH. Dado que el informe se ocupa de los doce primeros meses de la presidencia de Enrique Peña Nieto, nos ha parecido pertinente compartir sus resultados desde ahora, al menos en una versión esquemática y resumida. Éstas son algunas de sus conclusiones:

— Como se temía, el regreso del PRI al gobierno federal supuso un incremento en el uso instrumental del conocimiento histórico. La mentira historiográfica como argumento político alcanzó en 2013 niveles inauditos. El mejor ejemplo de esta actitud es por supuesto la invocación de la política petrolera de Lázaro Cárdenas para legitimar el proyecto de “reforma” energética del presidente de la república. (Las comillas son porque de reforma no tiene nada: se trata más bien de subvertir desde lo más profundo el modelo estatista de adminisración de los hidrocarburos impulsado por el gobierno del general Cárdenas.) Pero está lejos de ser el único. De Emilio Chauyffet a Salvador Cienfuegos, la megalomanía historiográfica de la clase gobernante fue en 2013 tan lamentable como generalizada.

— Combinado con el fortalecimiento de las tendencias mercantilistas que han ido minando el papel regulador del estado en materia patrimonial, el comportamiento del nuevo régimen está lejos de contribuir a la existencia de una historia crítica, socialmente responsable y vinculada con la experiencia de las comunidades y los ciudadanos. Al subrayar el carácter turístico de las zonas arqueológicas y las culturas indígenas —como hizo el presidente a propósito del Festival Internacional de Cultura Maya—, pero también al ignorar el carácter patrimonial de predios, ecosistemas y prácticas culturales afectados por proyectos de “desarrollo” que sólo benefician a unos cuantos, el gobierno federal no hizo sino profundizar el proceso de privatización ecológica y cultural en curso desde los años ochenta.

— La historia promovida desde el estado sigue siendo un relato teleológico, moralizante e incoherente. En el ámbito escolar, preocupa que no se haya hecho nada para corregir el pragmatismo improvisado del currículo calderonista, y preocupa también que la única iniciativa de reforma de los libros de texto haya provenido de Patricia Galeana, cuya práctica historiográfica no augura nada nuevo ni, mucho menos, prometedor. Más allá de la escuela, la entronización simbólica del ejército mexicano —el centenario del ejército carrancista fue de lejos la efeméride más celebrada, particularmente en los congresos estatales— implica que, como en el ámbito de la administración de justicia y en el tratamiento de la protesta política, el militarismo es una fuerza en ascenso. (En asenso y aterradora.)

— Aunque el nombramiento de Mercedes de Vega como directora del Archivo General de la Nación es inobjetable, en general la actuación del gobierno en el ámbito institucional siguiere que el nuevo régimen no está interesado en producir o proteger la memoria colectiva sino más bien lo contrario. La contratación y el despido de Sergio Raúl Arroyo como director general del INAH, pero sobre todo la marginación del instituto como agente regulador del estado en materia de patrimonio arqueológico y cultural —evidente en los casos los supermercados Dragon Mart en Quintana Roo y Soriana en Baja California, la carretera Silao-San Miguel Allende y la restauración del Caballito en la ciudad de México—, pone de manifiesto que, cada vez más, el INAH es una institución prescindible desde el punto de vista del estado mexicano.

— Advertir la marginalización de las instituciones culturales no implica cohonestar la corrupción académica. Este año como en el pasado, tanto el INAH como las universidades públicas dieron muestras de que su ineficiencia como actrices sociales es también consecuencia de que su personal prefiere sumergirse en la mediocridad burocrática antes que asumir el papel crítico y activo que en teoría les corresponde. El despido de Boris Berenzon de UNAM —espectacular por inusitado— parece sin duda un buen augurio en este sentido, pero es claramente insuficiente: hasta que no se suprima el modo mafioso de constituir los claustros y validar las investigaciones, es poco lo que puede esperarse, en términos sociales, de la academia mexicana.

— Una decisión judicial ocurrida en 2013 es quizá el único acontecimiento que mueve al optimismo. Al impedir la diseminación de maíces trangénicos en el territorio nacional, se ha reconocido el valor ecológico y cultural, o sea histórico, de una de las mayores creaciones mesoamericanas de todos los tiempos. Ese gesto, aunque es indudablemente menor —y está todavía sujeto a controversia—, vale más que toda la palabrería historiográfica de profesionales, aficionados y gobernantes. Porque, en efecto, el maíz es historia viva, concreta, suculenta, y no tiene (casi) nada que ver con el estado o las «identidades».