por Bernardo Ibarrola*

Y los permisos llegaron. En marzo de 2010, la presidenta de Conaculta anunció el inicio de su construcción, con todo y maqueta del proyecto de las arquitectas Canales y Springall por el que Educal pagó casi dos millones de pesos. En abril, el INBAyL concedió autorización para demoler; en mayo, la Seduvi un nuevo “certificado de zonificación”. La construcción dio inició entre las quejas de vecinos, opuestos formalmente desde diciembre de 2009 a la construcción del centro y un avalancha de recursos que, aunque consiguieron suspenderla por breves periodos, no bastaron –a pesar de varias sentencias judiciales en firme, entre otras, la del Tribunal Contencioso Administrativo que ordena la demolición de la obra– para que ésta fuera cancelada.

Por fin, el 5 de octubre de 2012 el centro fue inaugurado. Adentro, la todavía presidenta del Conaculta –a su gestión le quedan menos de dos meses– daba la bienvenida “a esta casa que es de todos”; afuera, los vecinos protestaban; Mauricio Toledo, el flamante jefe delegacional, les pedía calma en tanto llegaban nuevas resoluciones judiciales y ofrecía, altavoz en mano: “si se tiene que demoler, eso se hará”, pero no mencionaba que ya había firmado un convenio de colaboración con Conaculta. Elena Poniatowska, una de las invitadas a la inauguración, aprovechaba la escena para decir exquisiteces. Según ella, lo que se estaba manifestando afuera era el espíritu “revoltoso, de guerra”, de Elena Garro…

Más de un año después de su inauguración, la gigantesca librería no tiene clientes y del centro de estudios de género no hay ni rastro. En lugar de los 900 visitantes diarios previstos, hay 64. Durante los primeros nueve meses de funcionamiento sus cajas han ingresado poco más de tres millones de pesos. A ese paso, la inversión de 130 millones que al final costó la obra, se recuperará –sin contar con pagos a proveedores y gastos de operación– en 32 años. Además, los procesos judiciales continúan: la Suprema Corte de Justicia de la Nación estudia atraer el caso y el Comité Ciudadano del Barrio de la Concepción ha solicitado la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del DF, ante la, para ellos, patente denegación de justicia de la que han sido víctimas.

Una librería que nadie pidió, que pocos visitan, con un costo de 130 millones de pesos en un barrio que precisa de inversiones menores para atender problemas mayores: gobiernos ineficientes.
Una librería que nadie pidió, que pocos visitan, con un costo de 130 millones de pesos en un barrio que precisa de inversiones menores para atender problemas mayores: gobiernos ineficientes.

Ciento treinta millones de pesos gastados en una librería inviable e innecesaria; en un centro cultural repudiado activamente por su comunidad. Doscientos metros al sur, uno de los sitios fundamentales del barrio de Coyoacán a punto de venirse abajo sin que alguna instancia gubernamental haya destinado lo necesario —menos de tres millones de pesos— para evitar el desplome; alrededor de la plaza miles de automóviles en una zona colapsada por estos; debajo de la plaza, un terreno arcilloso cuyos reacomodos provocados por la extracción indiscriminada de agua puede dar cuenta de otras edificaciones.

Lo que pasa en esta calle de Coyoacán evidencia que los reflejos de arbitrariedad y autoritarismo están muy lejos de marcharse en los gobiernos mexicanos, independientemente de su filiación partidista. La librería en Fernández Leal 43 fue construida y abierta —contra resoluciones judiciales firmes— por la voluntad de un gobierno panista y ha seguido funcionando bajo la nueva administración de un gobierno priísta. La Delegación Coyoacán, gobernada por perredistas, que hubiera podido impedir la obra o clausurar la librería, se ha hecho, siempre que ha podido, de la vista gorda.

También evidencia la limitada capacidad para conducir y transformar procesos que tienen nuestros gobiernos (delegacionales, de la ciudad y federal). Como si la casi totalidad de lo ocurre estuviera fuera de sus alcances y, por ende, de su responsabilidad: puesto que nada se puede contra el tráfico, ni la carencia de agua, limitémonos a administrar en nuestro beneficio nuestra herencia y hagamos un interesante proyecto arquitectónico en una de las zonas chics de la ciudad, nos están diciendo: pongámosle una esferita más al árbol de navidad, aunque a la casa se le esté cayendo el techo y no tenga drenaje.

No edifiquemos un centro cultural en alguna de las muchas otras zonas carentes de infraestructura de la delegación, como propusieron en 2010 vecinos de Ajusco-Coyoacán; no consolidemos no sólo el subsuelo de la Conchita, sino el de toda la plaza y las manzanas aledañas en previsión de más reacomodos y desniveles diferenciales; no invirtamos un centavo en recuperación de aguas de lluvia ni en tratamiento de aguas residuales (¿cuánto cuesta una planta de tratamiento? ¿más de 130 millones?); no desarrollemos el camino ciclista de General Anaya a Ciudad Universitaria ni estimulemos a las asociaciones civiles que, contra viento y marea, intentan establecer y preservar rutas ciclistas por Coyoacán. En resumen: no gobernemos; administremos en la medida de lo posible esta interminable debacle; hagamos lo que podamos hacer, y si es bonito, mejor, como hicieron en su momento solemne los músicos del Titanic.

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