por Aracely Cortés Galán *

La demagogia ha caracterizado al gobierno de Peña Nieto desde el principio de su gestión. Una muestra es la composición de su gabinete, anunciado como un ejemplo de renovación, pero cuyos integrantes distan de ser gente nueva en la política y la administración pública. Uno de los personajes más antiguos de este equipo de trabajo es el actual secretario de Educación, quien ha sido un actor político bastante conocido de los gobiernos priistas en sexenios anteriores.

Emilio Chuayfett Chémor es un representante del antiguo PRI. Su trayectoria data de 30 años atrás: ha sido gobernador del estado de México, secretario de Gobernación, presidente en la Cámara de Diputados, líder del partido oficial y operador político del gobierno de distintos presidentes. El puesto que ocupa hoy día no es fortuito. Se le ha encargado una tarea difícil dentro del conjunto de reformas que la actual administración busca impulsar para permitir, aún más, la intervención libre de capitales extranjeros y nacionales. Se le ha puesto ahí para manejar y responder a movilizaciones sociales, cosa en la que tanto el secretario como el presidente tienen una amplia y funesta experiencia. Basta recodar Acteal y Atenco.

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La huella del secretario

Chuayffet ha dicho en distintas entrevistas (como ésta) que lo ocurrido en Acteal  “dejó una huella indeleble en su carrera”, y también ha advertido que ni él ni el entonces presidente Ernesto Zedillo tuvieron responsabilidad jurídica alguna en los hechos. Ha afirmado que el asesinato de 45 personas en los altos de Chiapas fue producto de confrontaciones entre grupos políticos que operaban en la zona e incluso dijo que podría haber sido causado por pleitos familiares.

Investigaciones paralelas a las realizadas por el gobierno han mostrado que dicha acción en contra de la población civil fue responsabilidad de diferentes miembros del gabinete de Zedillo. La guerra de baja intensidad que se ha vivido en diferentes zonas del país ha tenido como finalidad disuadir políticamente a los habitantes de las regiones “conflictivas” del país. Tal fue el caso de los indígenas chiapanecos que, tras años de organización, habían confrontado a los gobiernos municipal, estatal y federal. El asesinato en Acteal de hombres, mujeres y niños fue una orden que ejecutaron grupos paramilitares, como bien documentaron en su momento organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Un ejemplo lo constituye el informe presentado en 2005 por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, que calificó a estos asesinatos como una masacre y los señaló como delitos de estado y como el resultado de acciones paramilitares contra la sociedad civil. Estos y otros informes son los que llevaron a diez familias chiapanecas a interponer una demanda en Estados Unidos en contra de Ernesto Zedillo y de quien resulte responsable.

Aunque los tribunales mexicanos no hayan imputado responsabilidad a Emilio Chuayffet, sabemos que ese tipo de juicios carecen de imparcialidad toda vez que los altos tribunales de justicia cumplen también con una función política. El fallo que absolvió al ahora secretario de Educación fue producto de un tribunal donde los magistrados fungieron como juez y parte.

En el actual gobierno priista opera un grupo ya conocido por la sociedad mexicana cuyos intereses y prácticas represoras no son novedad. No deja de ser preocupante que quien dirige una de las áreas más importantes de desarrollo de un país, la de la educación, haya sido responsable de un crimen como el que tuvo lugar en 1997. Aunque fue destituido del cargo que ocupaba entonces, continuó con otras funciones que le permitieron permanecer en la escena pública. Es alarmante que políticos con esta cuestionable calidad moral dirijan las riendas de nuestro país, en particular las que tienen que ver con la educación—siempre uno de los principales motores de cambio en cualquier sociedad.

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