por Luis Fernando Granados *

Entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre, los órganos electorales del estado mexicano —primero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y luego el Instituto Federal Electoral (IFE)— dieron por concluida, de una vez y para siempre, la disputa por los paquetes electorales producidos en las elecciones de 2006… exactamente siete años después de que el TEPJF declarara presidente de la república a Felipe Calderón. Ya nada se interpone entre su “acuerdo” y la efectiva destrucción de los más de 130 mil expedientes que contienen —esos sí voto por voto y casilla por casilla— la única verdad documentable sobre aquellos comicios. Según anunciaron los sonrientes consejeros del IFE, para el 15 de octubre no quedará rastro físico de lo que ocurrió en una de las jornadas electorales más disputadas del pasado reciente. (Aquí está la nota de Proceso.)

Destrucción de boletas en Oaxaca en 2012.
Destrucción de boletas en Oaxaca en 2012.

La decisión es sin duda un golpe a la tenacidad de Proceso. Como se sabe, inmediatamente después del fallo del TEPJF —el 4 de septiembre, 2006—, la revista emprendió una maniobra político-mediática para poner en evidencia a los órganos electorales de nuestro país. Con el argumento de que el acceso a todas las boletas no podía restringirse a las autoridades electorales sino que era un derecho ciudadano, Proceso intentó impedir que —como establece la ley electoral— las hojitas multicolores que la ciudadanía emplea para “expresar” su voluntad soberana fueran tratadas como mera papelería obsoleta y tiradas a la basura. Dicho de otra forma, durante siete años Proceso se esforzó en convertir las boletas electorales en auténticos documentos para el estudio de las elecciones de 2006.

El fracaso de su campaña, lo mismo que el rechazo del IFE a transferir los paquetes electorales a una institución académica —como propuso el representante del PRD ante el consejo general del instituto—, tendrían que hacernos reparar en el hecho de que el estatuto de los documentos oficiales del estado mexicano no está dado, no les es intrínseco, sino que resulta de una decisión política más o menos coyuntural. O lo que es lo mismo: así como las boletas del proceso electoral de 2006 no son legalmente documentos dignos de ser preservados en el Archivo General de la Nación, esa condición —la documentalidad, digamos— no está en realidad establecida por ninguna norma general. Lo que existe son apenas un par de definiciones sumarias, elementales y en cierto modo tautológicas que forman parte de las leyes federales de Archivos y de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (cuyos textos completos pueden verse aquí y aquí).

De acuerdo con la primera, un documento puede ser de archivo: “El que registra un acto administrativo, jurídico, fiscal o contable, creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y actividades de los sujetos obligados, independientemente del soporte en el que se encuentren”; electrónico: “Aquél que almacena la información en un medio que precisa de un dispositivo electrónico para su lectura”, o histórico: “Aquél que posee valores secundarios y de preservación a largo plazo por contener información relevante para la institución generadora pública o privada, que integra la memoria colectiva de México y es fundamental para el conocimiento de la historia nacional” (artículo 4, fracciones XX, XXI y XXII). La ley de transparencia, por su parte, define documentos como “Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración” (artículo 3, fracción III).

En ambos casos, el criterio que anima la definición es eminentemente burocrático y, así, tiene poco o nada que ver con la práctica historiográfica; al menos tal como la historia se practica en las universidades y centros de investigación, donde suele aceptarse que la documentalidad no es intrínseca al documento sino que es resultado de una pregunta de investigación puesta a dialogar con el artefacto documentable. Esta manera de entender a los documentos implica que su condición no puede establecerse a priori y mucho menos puede depender nada más del agente productor de un memorándum, una licitación… o un paquete electoral. En cambio, puesto que es inmanentista y autoral, la noción burocrática ha permitido y parece autorizar a las autoridades a “reservar” ciertos documentos, a integrarlos en archivos administrativos, de concentración, de trámite o históricos y también, simple y llanamente, a destruirlos —como está a punto de ocurrir con las boletas de 2006.

El final la campaña de Proceso hubiera sido menos triste si las leyes mexicanas, en lugar de seguir animadas por un espíritu decimonónico, se hicieran cargo de la manera en que las historiadoras nos relacionamos con los documentos y, así, reconocieran que esas boletas tenían derecho a existir, costara lo que costara, porque le interesaban a alguien que quería servirse de ellas para explicar algo socialmente importante.

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