La convivencia democrática, en peligro

por Marisa Hernández Ríos *

[segunda de dos partes]

La unión de colectivos representados en la diversidad de manifestantes y huelguistas del 9 de mayo de 2013 hizo creer que la nueva ley orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa española quedaría en el cajón del olvido, hasta que el 17 de mayo se desveló la jugada del ministro José Ignacio Wert, que debe padecer un tipo de sordera y ceguera que le impide escuchar y ver la realidad del colectivo social afectado por sus propuestas: padres y madres, alumnado, profesorado, investigadores, rectores de las diferentes universidades españolas, sindicatos, asociaciones… toda una mayoría ciudadana que reclama derechos constitucionales y no es consultada.

De esta mayoría se puede escoger aleatoriamente entre muchos ejemplos: el caso de lxs expertxs en educación que exponen razones más que suficientes sobre lo que realmente puede suponer la ley, las reflexiones de un profesor de historia en un instituto público de educación secundaria, la expresión de los humoristas Frato y Gomaespuma, la voz del colectivo de padres llamando a la huelga de educación, los argumentos del reconocido pedagogo Francesco Tonucci, las razones del profesor universitario Juan Pablo Wert, quien se sumó a las acciones críticas contra la ley de su hermano —hecho mediático que no dejó indiferentes a la opinión pública y política—. Todas ellas son representativas de las múltiples acciones emprendidas con el nombre “Stop ley Wert”, que suman cientos de entradas en la red y en los distintos medios de comunicación. En todo ello veremos a un pueblo unánime que lucha y reclama.

Hay quien, por las formas adoptadas y por las consecuencias negativas para la educación pública de la ley Wert, relaciona muchos aspectos de esta ley con un proceso histórico de consecuencias trascendentales y complejas que marcó la vida de una parte importante de la geografía católica. Me refiero a la contrarreforma. Pero el hecho puede igualmente hacer volver la mirada a la década de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX por el riesgo de recuperar a una España caracterizada por el nacional-catolicismo, imperante en la dictadura franquista.

Los recortes presupuestarios y la masificación en las aulas comienzan ya a ser una realidad. Ello resultará en una mayor segregación social, también sexista, que permitirá o no el acceso a la educación superior. La división social puede por medio de esta política educativa hacerse una realidad, lo que supondrá una recesión histórica sobre los derechos logrados a lo largo de más de treinta años de democracia en España.

El descontento es tan grande que el 4 de junio pasado, durante la entrega de los premios nacionales Fin de Carrera se desató la polémica, cuando un diez por ciento de los premiados, contrarios a la ley, subieron al escenario a recibir su título honorífico ataviados con camisetas verdes con el lema “Escuela pública de todos para todos” y se negaron a saludar al señor ministro al momento de recoger sus diplomas. (Un video del acontecimiento, aquí.) Dependiendo de la ideología, la interpretación de tales acciones pasa de ser considerada como una forma reivindicativa de un sistema que lucha contra el clasismo y en pro de la igualdad de oportunidades, a ser vista como un acto vandálico cargado de mala educación y grosería, o bien como una acción inadecuada por no haber aprovechado el acto para presionar más contundentemente al ministro Wert.

Parece que los medios y las opiniones de tal acción se centran más en las “malas” formas que adquiere la protesta. Lo que los jóvenes realmente hacen en nombre de otros muchos es llevar a cabo una reivindicación. Pero así son los medios, porque en las últimas comparecencias públicas de la monarquía o del heredero a la corona sucede lo mismo: los pitidos y abucheos manifiestan el descontento de un pueblo que por ahora utiliza esta forma tan criticada de reprobación. Los medios y los sectores más conservadores reprochan la mala educación y la pérdida de modales, no justificables ni ante la peor de las acciones de las clases dirigentes. ¿Preferirán entonces una revolución violenta? ¿O cómo piensan que los jóvenes pueden tener presencia en los medios y reivindicar lo que cree el pueblo que es de justicia?

Pablo Domenech, Premio Nacional de Filosofía y uno de los premiados que participó en el acto de entrega y denegó el saludo al ministro, al discrepar ideológica y políticamente de los intentos de reforma educativa llegó a ser tildado por muchos de fascistoide. Verdaderas incongruencias y demagogias que llevan a la necesidad de una reflexión profunda sobre el coste que la pretendida consecución de la excelencia formativa provocará en una sociedad tocada por una crisis que alcanza a sectores mucho más amplios que el terreno económico, y en la que se corre el riesgo de segregar a los grupos sociales más desfavorecidos.

Es lamentable que en momentos de dificultades tan intensas como las que se viven en el presente, España corra el riesgo, además, de sumirse en el caos por el abandono de  la compensación social conseguida por medio de la educación. Vamos a sociedades y propuestas insolidarias que nos hablan de que la crisis no es sólo económica sino total, afectando a uno de los ámbitos prioritarios de actuación política como es la educación.

Las nuevas propuestas legislativas hacen peligrar la convivencia democrática, el derecho a la individualidad y la diversidad, en pro de una solidaridad que impida la discriminación y que permita la cohesión social. Estaremos expectantes, pues la lucha social continúa (pero el ministro también). El resultado se sabrá en el transcurso de los meses, aunque igual entrarán en escena otros actores —rostros diferentes que nos indicarán que la batalla será encabezada por los mismos perros, pero posiblemente portando collares diferentes.