Virreyes estatales

por Wilphen Vázquez Ruiz *

En tiempos de la colonia, el estado se organizaba de una manera jerárquica mediante la cual, en principio, la periferia quedaba subordinada a las decisiones tomadas por el centro. Si bien las decisiones que aseguraban la sujeción de los súbditos a la corona se tomaron en ese sentido, en la práctica las decisiones tomadas por la metrópoli se enfrentaban al poder de los funcionarios reales locales, muchos de los cuales vivían en la opulencia; de más está mencionar la persistencia de tal situación en toda la vida independiente, moderna y contemporánea de nuestro país.

Como hemos señalado en este Observatorio, lo contemporáneo es un campo fértil para la investigación histórica y uno de los asuntos obligados reside en el papel que jugarán los poderes locales en la actualidad, en semejanza con los que se presentaron durante el periodo colonial.

Las figuras a las que nos referimos en los ámbitos locales pueden tener una influencia que se origina décadas atrás y que es lo suficientemente fuerte como para influir en las administraciones y procesos regionales. Ello les posibilita, ya sea individualmente, como familia o como grupo, ocupar puestos importantes e incluso la gubernatura misma. Ejemplo de ello se observa en el papel que las familias Figueroa, Cárdenas o Moreira han tenido en Guerrero, Michoacán y Coahuila respectivamente, así como a las familias García y Monreal en Zacatecas o Marín en Puebla, por citar sólo algunas.

Sería por demás equivocado pensar que, en los tiempos en que la estructura del partido hegemónico giraba en torno de las facultades constitucionales y metaconstitucionales de las que estaba revestida la figura presidencial, los cacicazgos locales carecían de poder y no representaban cierto contrapeso a las decisiones que eran tomadas en el centro del país. No obstante, cuando la permanencia de la figura local representaba un riesgo o una inconveniencia para el sistema en sí, ésta podía llegar a ser removida de la gubernatura sin que esto significara la pérdida absoluta de su cuota de poder (aunque sí una seria reducción del mismo).

A partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la figura presidencial comenzó a verse obligada a sopesar más la negociación con otras figuras políticas, incluyendo a algunas locales ante la falta de legitimidad a la que se enfrentó esta administración y la necesidad de aliarse con Acción Nacional para dar cauce a una serie de reformas económicas y políticas. En ese contexto, Salinas de Gortari fue pieza clave en la renuncia de Ramón Aguirre Velázquez a la gubernatura de Guanajuato en favor de Carlos Medina Plascencia. Este proceso continuó de manera tal que, con el presidente Ernesto Zedillo, la prevalencia absoluta de la figura presidencial sobre los gobernadores locales mostró su agotamiento cuando Roberto Madrazo, gobernador electo de Tabasco, se negó a renunciar a su cargo desechando las negociaciones que Zedillo había hecho con los agentes políticos de la oposición.

Sería con la alternancia partidista a nivel federal que se presentó un cambio radical en la relación presidencia-gobernadores. La llegada de Vicente Fox a los Pinos dio pie a una canalización más activa de los recursos que la federación entregaba a los estados. Sin embargo, tal entrega careció de los mecanismos mediante los cuales se verificara e hiciera pública la manera en que las entidades disponían de dichos recursos, situación que se prolongó hasta finales de la administración federal pasada. A este respecto, cabe mencionar que información no equivale todavía a rendición de cuentas; por eso no es de sorprender que los gobernadores de los estados puedan ser comparados con los virreyes del periodo colonial.

Ahora, como resultado de la última elección federal, el partido otrora hegemónico ha regresado a dirigir los destinos de la nación en un proceso en el que, si bien muchos de los poderes locales contribuyeron decididamente a impulsar la candidatura de Enrique Peña Nieto, no es de esperarse que los 21 gobernadores electos con los que cuenta el Revolucionario Institucional estén dispuestos a renunciar a los privilegios que se obtuvieron desde que el PRI perdió la presidencia de la república.

Lo mismo que las administraciones federales que desde 1997 se han visto obligadas a negociar con la oposición ante la falta de una mayoría absoluta en el Congreso, la que ahora tenemos ha tenido no sólo que negociar con las fuerzas del Congreso logrando acuerdos tan llamativos como el Pacto por México, quizá impensables hace unos pocos años. Las negociaciones, además, también contemplan las que ocurren en el propio partido y que tienen en Manlio Fabio Beltrones y en los 21 gobernadores priistas a sus mayores representantes. Ello sin duda pondrá a prueba la capacidad y el oficio político de Peña Nieto, así como el de su equipo de trabajo. Y por supuesto revelará si, como miembros de esta sociedad tan particular, estamos en el camino de lograr que los nuevos virreyes pasen a formar parte del pasado, o asentarán sus reales en las siguientes administraciones.