Protestas irracionales

Aurora Vázquez Flores

Un muro en Minneapolis hoy tiene escrita la frase con la que Marx se despidió del Nuevo Periódico Renano (Neue Rheinische Zeitung) en mayo de 1849: “When our turn comes, we will make no excuses for the terror” (Cuando llegue nuestro turno, no disimularemos el terror). A 171 años de haber sido publicada, la frase del filósofo alemán fue pintada en el epicentro de las protestas masivas que, desde el asesinato de George Floyd, irrumpieron en el espacio público estadounidense —hasta hace días normado y restringido por la pandemia de covid-19.

Las manifestaciones, impresionantes por su capacidad de convocatoria y por la furia que les caracteriza, han colocado la idea de que algo en las profundidades del país del norte necesita cambiar. Todo comenzó el martes 26, cuando la gente se concentró en el lugar donde Floyd murió a manos de la policía, al sur de la ciudad. De ahí las miles de personas congregadas se dirigieron a la tercera prefectura de policía. Aquella prefectura no sólo era responsable de la muerte de Floyd sino de los sistemáticos abusos contra la población de los barrios negros, latinos, y de “otros colores”, de la zona. La gente estaba furiosa.

Ya en 2015 la primera y la cuarta prefecturas habían sido puntos de tensión en las manifestaciones cuando Jamar Clark murió esposado y en custodia policiaca; luego, en julio de 2016, tras el asesinato de Philando Castile y la exoneración del uniformado que le disparó y por último, en 2017, cuando Cordale Handy recibió siete tiros de un policía que afirmó haber visto un arma antes de disparar. El propio movimiento Black Lives Matter se forjó en 2013 cuando George Zimmerman fue absuelto del asesinato de Trayvon Martin en Florida.

Hoy los manifestantes recuerdan todos los casos de brutalidad policiaca y segregación racial sucedidos en la ciudad, en el país. Recuerdan colectiva e individualmente. Cada quien carga con su propia lista de agravios, mientras encuentran que los propios son también los de otros.

El miércoles 27 volvieron a tomar las calles. Durante horas las personas se mantuvieron en esta zona del sur de Minneapolis, con carteles, cantando, reclamando. La policía local respondió a la demostración pacífica con gases lacrimógenos y balas de goma desde el techo de aquella tercera prefectura. Entonces la manifestación, que desde el inicio contó con presencia de gente de todas las edades, se quedó con los más jóvenes y comenzó la acción. Con furia evidente reclamaban otra vez el actuar de la policía.

Las fuerzas estatales establecieron un solo cordón de seguridad eficaz: el de su edificio. Desde ahí volvieron a lanza gases lacrimógenos y balas de goma para “dispersar” la concentración. Aunque esa segunda noche la tercera prefectura no sufrió daños, la agresión policial y la demostración de sus prioridades detonó la secuencia de graffiti-destrucción-saqueo-incendio contra las zonas aledañas. Aún enardecida, la masa fue capaz de seleccionar sus blancos: Autozone, Target, Wendy’s y un desarrollo inmobiliario de lujo recién construido. Lo más notable es que, en la zona más afectada, un simple letrero de “minority owned” (propiedad de minorías) bastó durante esa noche para evitar los daños. Conforme las horas avanzaron el sentimiento de furia destructiva parecía aumentar también. Fue entonces cuando semáforos, postes y paradas de autobús se convirtieron en blancos de la rabia colectiva.

Entre el jueves 28 y el viernes 29 las movilizaciones se propagaron a lo largo y ancho del país; Nueva York, Washington D.C., Atlanta, Chicago, Boston, Denver, Nueva Orleans, Las Vegas, Portland, Milwaukee, Louisville, Memphis y Omaha; Fort Wayne e Indianápolis en Indiana; Des Moines, Iowa City, Waterloo y Cedar Rapids en Iowa; Columbus, Cleveland y Cincinnati en Ohio; Houston, Dallas y El Paso en Texas; Detroit, Grand Rapids y Flint en Michigan; San José, Santa Ana, Sacramento, Los Ángeles, San Francisco, Oakland y Bakersfield en California, y la ya legendaria Charlotte en Carolina del Norte, donde las autoridades temen la reedición de los disturbios que en 2016 provocó el asesinato policial de Leith Lamont Scott.

La ira popular se propagó tan rápido entre las poblaciones que, con la misma velocidad que el coronavirus los obligó al aislamiento, salieron a tomar las calles conjuntamente. Para el 2 de junio se habían registrado protestas en 170 ciudades, muchas de ellas con ataques a la propiedad incluidos.

Las manifestaciones, que día con día han aumentado su convocatoria, duración y violencia, están lejos de ser lo irracionales, oscuras e injustificadas que los políticos les imputan y los medios refuerzan. Autoridades locales y estatales se esmeran en convocar a conferencias de prensa para cuestionar la “legitimidad” de las formas de protesta, declarar que la pérdida de George Floyd es una tragedia, pero que hay “grupos ajenos” a las comunidades causando daños y que las demostraciones deben ceñirse a los canales por ellos deseados; como la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, quien el pasado viernes aseguró que las acciones no van con el espíritu de Martin Luther King e invitó a los manifestantes a esperar a las próximas elecciones para mostrar su enojo mediante su voto. Mientras tanto, miles de personas al grito de “no justice, no peace” habían destrozado una docena de patrullas, el edificio de la cadena CNN y saqueado una importante cantidad de tiendas.

La rabia colectiva empezó por la brutalidad policiaca y se desbordó por la represión sobre las acciones colectivas y la falta de castigo ejemplar sobre los agentes presentes en la muerte de Floyd. Pero se reaviva todos los días cuando se hace evidente que la actuación estatal —la de las policías locales, estatales, guardia nacional, policía militar, poderes ejecutivos y legislativo— no se dirige a detener los ataques a la propiedad sino que se trata de intervenciones generales para desincentivar la participación en las protestas a partir de infundir miedo ante el riesgo inminente de ser arrestado o herido, de la imposibilidad física de agruparse por medio del uso prolongado y sistemático de gas lacrimógeno y balas de goma y del estímulo de contradicciones entre los propios manifestantes. Las fuerzas policiacas han perdido legitimidad y aceptación frente a una porción nada despreciable de la población, fenómeno ahora extendido a la guardia nacional (compuesta de elementos “civiles” que en cada estado son entrenados y mantenidos en reserva hasta ser llamados por su gobernador y comandante en jefe) y aún a la policía militar.

Estos sentimientos y razonamientos son los que hoy muestran las paredes tras el paso de las protestas. Es el hartazgo de un mundo donde el color de la piel determina el valor de la vida.

No todos los manifestantes participan en la secuencia de grafiti-destrucción-saqueo-incendio; no todos se atreven a prender fuego a las patrullas destruidas ni a sacar los productos de un escaparate recién quebrado. Y sin embargo hay al menos tres sentimientos generalizados: que los edificios se pueden reconstruir pero no habrá modo de recobrar las vidas perdidas por el orden actual de las cosas, que ese orden actual debe cambiar y ello justifica su intervención en el curso de los acontecimientos, y que la justicia es urgente.

Justicia —la palabra maldita que aparece una y otra vez en los estallidos populares. Y como las movilizaciones que hoy vemos en Estados Unidos no tienen una dirección para dialogar ni pliego petitorio para negociar, su objetivo es a la vez tan intangible como irrenunciable. Esta vez, la familia de Floyd no “lleva la batuta”, a diferencia de otros momentos en los que familiares cercanos a las víctimas son quienes gozan de la legitimidad social para emprender un movimiento y negociar en su nombre.

Muy significativa es la publicación de una encuesta que proyecta que el 57 por ciento de los estadounidenses consideran completamente justificado el coraje por las muertes de personas negras a manos de la policía, el 21 por ciento lo considera parcialmente justificado y el 18 por ciento, para nada justificado. Mientras tanto, el 17 por ciento de los mismos encuestados aseguraron que las acciones (incluido el incendio de la tercera prefectura) están plenamente justificadas, parcialmente justificadas para el 38 por ciento y nada justificadas para otro 38 por ciento.

Por el momento tenemos sólo algunos indicios sobre lo que la marea popular imagina que es la justicia, pero ha quedado muy claro qué no lo es. Por ello el anuncio del arresto del oficial Derek Chauvin y su procesamiento por homicidio culposo no ha sido razón suficiente para abandonar las calles ni ha logrado reducir los ataques violentos a la propiedad. Tampoco lo han logrado los numerosos acercamientos de jefes de policía arrodillados “en apoyo” a las protestas. Ni siquiera la noticia de la elevación a segundo grado de los cargos por asesinato contra Chauvin y sus tres compañeros. Aun menos exitosos han sido los despliegues de fuerza y represión contra las concentraciones masivas. Queda todavía por ver si estos sentimientos y razonamientos son suficientes para mantener viva la llama de las acciones colectivas hasta alcanzar algo de la justicia anhelada, o si continuará el terror anunciado por Marx.