Represión vista y no vista

Alberto del Castillo y Ariel Arnal

El palacio de La Moneda incendiado, el estandarte presidencial —señal protocolaria de la presencia del presidente de la república en su interior— hecho jirones consumiéndose por el fuego. Estas imágenes, de diversos noticiarios del 11 de septiembre de 1973, constituyen una poderosa metáfora con diversos significados. En primer lugar, para la izquierda de la alianza de partidos políticos Unidad Popular, son la destrucción física de los símbolos de la democracia y la soberanía del pueblo chileno. Para la burguesía que apoyó abrumadoramente el golpe de estado, son la advertencia de que la defensa de los valores tradicionales —propiedad privada y paternalismo social— no es negociable de ningún modo. Fue así como la Televisión Nacional de Chile, recién intervenida por la novel dictadura, transmitió sin el menor rubor dichas imágenes, como si de un trofeo se tratara. Era, además, una advertencia de hasta dónde habría de llegar la represión y el proyecto de refundación nacional, plató experimental de lo que sería el neoliberalismo de los años ochenta en el mundo entero.

Desde la visualidad del mensaje histórico, el golpe de estado en Chile fue espectacular. Además de las imágenes cinematográficas citadas, la fotografía periodística retrata los primeros presos políticos, pronto desaparecidos políticos. El Estadio Nacional, inaugurado en el mundial de fútbol de 1962, se convertiría en una inmensa cárcel y sala de tortura. De inmediato el régimen llamaría a periodistas y organismos internacionales como la Cruz Roja a comprobar que estábamos ante una guerra justa, donde el enemigo era tratado según las normas de la convención de Ginebra.

El golpe de estado en la Argentina, casi tres años después, por el contrario, fue totalmente silencioso, sin fotos. Los periodistas no son convocados ni a las cárceles ni a falsas ruedas de prensa de prisioneros. El terror viajaba de noche en los falcons de la “patota” y los desaparecidos. El golpe de estado en la Argentina seguía el patrón de sus hermanos de armas en Brasil primero, Uruguay y Chile después. Sin embargo, ¿es posible que los militares argentinos hubiesen aprendido de sus colegas chilenos? Nos referimos justamente a la a veces tangencial acción de la prensa y en particular del fotoperiodismo. Otras veces, ese material constituyó prueba con carácter parajudicial como en el tribunal Russell.

La Argentina perfeccionaba no sólo el trato con la prensa, que es decir el absoluto aislamiento de la represión como noticia, sino que además ignoraba llanamente lo que constituía un protocolo de represión. Nos referimos aquí al proceso chileno donde los detenidos políticos eran enviados en primera instancia a una casa de tortura. Allí permanecían alrededor de tres meses, hasta que la información que podían facilitar era caduca. En ese periodo el preso “desaparecía”, no era reconocido por la dictadura. Posteriormente, si sobrevivía, pasaba a un campo de concentración con derechos restringidos vigilados por la Cruz Roja internacional. Allí recibía proceso judicial y era condenado, fusilado o expulsado del país. Conservamos de entonces muy pocas fotografías, pero sobre todo dibujos y material visual elaborado por los propios presos.

La dictadura argentina había aprendido que de nada servía comunicacionalmente esa última etapa. Por eso fue preciso llevar la represión al máximo, donde las casas de tortura se convertían en verdaderas fábricas de desaparecidos. En la Argentina, el proceso de captura, tortura y exterminio de los opositores había comenzado unos meses antes del golpe del 24 de marzo de 1976. La llegada de los militares, encabezados por el general Videla a la Casa Rosada, no hizo sino ampliar el proceso y multiplicar los lugares de tortura, entre los que destacó la Escuela Mecánica de la Armada, la terrible ESMA, por donde según cálculos conservadores pasaron 5 mil detenidos entre 1976 y 1983. De ellos sólo sobrevivieron para contarlo apenas 200 presos políticos. La lección estaba aprendida: ni una imagen de una monstruosa máquina que nunca existió oficialmente. Olvidar la memoria, no dejar rastro, ése fue el sino de la dictadura argentina —pero que fracasó en su intento, pues una nueva generación de investigadores aprendió de Didi-Huberman la posibilidad de mirar desde otros ángulos las imágenes del terror y los propios sobrevivientes, arriesgando sus vidas, rescataron algunas de los centros de exterminio a cargo de los genocidas.

Desde el primer día del golpe de estado en Chile, la prensa local e internacional logró captar las primeras detenciones de presos políticos de alto impacto. Se trataba de aquellos que, junto a Salvador Allende, habían tratado en vano de defender el palacio presidencial de La Moneda. La mayoría de esos detenidos, documentados como tales por la fotografía de prensa, morirían fusilados o bien pasarían a engrosar las listas de desaparecidos (entre 1200 y 2000 según las fuentes).

Junto a estas desapariciones documentadas fotográficamente, se suman las filmadas para los noticieros en los barrios populares y las fábricas. La junta militar chilena estaba convencida que su acción patriótica —el “pronunciamiento militar”, como aún le llaman los sectores más conservadores de la sociedad chilena— debía ser ejemplar y para ello era preciso dar cuenta fehaciente de lo que se hacía: limpiar de marxismo el país entero. Sólo así se explica que el sistema de detenciones, desapariciones y posterior encarcelamiento terminara con la búsqueda formal de reconocimiento por parte de la Cruz Roja internacional.

En la Argentina, la prensa se plegó a los designios de la junta y procuró presentar el golpe como un simple trámite administrativo. La Argentina —la república del long play de las 33 revoluciones por minuto— estaba aparentemente acostumbrada a los golpes militares. Esta vez no se trataba de un golpe más. En los meses siguientes al golpe de marzo de 1976, la prensa local intentó la difícil tarea de humanizar a los represores y presentarlos en su cotidianeidad familiar como esposos y padres de familia católicos ejemplares.

Sin embargo, desde las mesas de redacción, y de manera paralela, los fotógrafos argentinos organizaron diversas muestras de fotoperiodismo callejero. En ellas daban a conocer a cuentagotas otras facetas menos idílicas de los genocidas, presentando el lado oscuro de la dictadura, llegando incluso a ridiculizar en sus brillantes imágenes a los generales y a sus compañeros de ruta, los obispos y otros jerarcas de la sacrosanta iglesia católica.

La memoria fotográfica de ambas dictaduras presenta semejanzas en lo que al compromiso político de los fotógrafos se refiere. En Chile las imágenes de la cancha del Estadio Nacional, así como de los vestidores —verdaderas celdas multitudinarias—, las de las detenciones de la calle Morandé del palacio presidencial de La Moneda, han sido utilizadas por el arte comprometido socialmente, una y otra vez. La fotografía periodística es aquí un detonador de una denuncia que sigue el camino del arte.

Pero no todo dependía de la voluntad del fotógrafo. Sin acceso a los lugares de detención y tortura, la fotografía argentina careció en su momento de una memoria gráfica que comenzó sin embargo a ser recuperada con los testimonios de los sobrevivientes, la Conadep y el informe Nunca más. A pesar de todo, la memoria histórica que de todos modos reclama lo suyo; ha sabido reconstruir ese vacío a partir del arte documental. Es a posteriori como la memoria —que es precisamente eso: el recuerdo re-construido— ocupa neciamente el lugar que le corresponde.

La memoria es persistente, diría Patricio Guzmán; es como el agua de lluvia que se cuela por cualquier rendija. La memoria gráfica, la fotográfica y la reconstruida, son patrimonio de la historia, son la mirada de la constante denuncia de lo que nunca más debe repetirse.