Filosofía y Letras en paro

Wilphen Vázquez Ruiz

Como suele pasar con relativa frecuencia, la Facultad de Filosofía y Letras volvió a ser el escenario en el cual un grupo de estudiantes decidió ejercer su legítimo derecho a ser escuchados. Personalmente, considero que la toma de las instalaciones de la facultad no abona a favor de ningún interés legítimo; sin embargo, también comprendo que los mecanismos con los que cuentan los inconformes para manifestarse, reunirse y organizarse tienen como espacio accesible e inmediato a la facultad, ante lo cual hay que considerar una serie de factores que hacen que nuestro lugar de trabajo y de estudios siempre esté en el escenario de las confrontaciones que son parte de la vida universitaria y, por tanto, de la vida académica, política y cultural, no sólo de la ciudad sino del país entero.

Asentada en lo que fue el primer cuadro de Ciudad Universitaria, inaugurado en 1952, la Facultad de Filosofía y Letras es, junto con la torre de Rectoría, probablemente el edificio más icónico de nuestra institución tanto por su historia, su arquitectura, su valoración cultural y académica, y porque su propio diseño refleja la intención de la universidad de ser un espacio en el que no deben existir fronteras entre la ciudadanía y la comunidad conformada por alumnos y profesores. Ésta, que sin lugar a dudas es una de sus mayores cualidades, también es uno de los elementos que la vuelven sumamente vulnerable, particularmente ante su inmediatez con las oficinas centrales de toda la universidad.

Así entonces, desde su inauguración esta parte del campus no tardó en verse involucrada, voluntaria o involuntariamente, en diversas protestas, manifestaciones y riñas. La última de ellas ocurrió el pasado lunes 3 de septiembre, cuando un grupo de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel Azcapotzalco se reunió en la explanada frente a la entrada a la Rectoría con el propósito de entregar un pliego petitorio.

Al margen de que yo me encuentre entre quienes ven en la toma de las instalaciones de la facultad un hecho que lesiona la vida universitaria toda, la lectura del pliego petitorio redactado por los alumnos del CCH me sorprendió por su sencillez y eficacia para expresar un hecho que asola a la universidad nacional entera: la inseguridad, sin importar que se trate de nuestra propia facultad o de otras que se encuentran en el campus central, las preparatorias, los Colegios de Ciencias y Humanidades y otros espacios académicos. Por supuesto, el documento al que nos referimos abarca otros temas, pero en razón del espació y la intención de este comentario me centro en el tema de la inseguridad.

Al revisar las páginas de algunos diarios como Excelsior, La Jornada, El Universal, Reforma y la revista Proceso, encontré un dato por demás alarmante: tan sólo en el valle de México existen y operan más de 170 grupos porriles, de los cuales 52 se encuentran dentro de la UNAM. Como se sabe, un par de ellos atacó arteramente a algunos de los alumnos del CCH Azcapotzalco y de la propia Facultad de Filosofía. La movilización de los estudiantes fue extraordinariamente rápida y eficaz. Su traslado a la FFyL les permitió guarecerse en lo que fue un hecho terriblemente violento y de tal magnitud que la respuesta del rector fue casi inmediata, así como el paro 24 planteles de la propia universidad nacional en apoyo a los estudiantes agredidos, acciones a las que también se sumaron alumnos del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana. Como parte de la organización expedita de los alumnos, también tuvo lugar una concentración de alrededor de 30 mil personas en la explanada de Rectoría.

Al momento en que escribo estas líneas, ya se había notificado a estudiantes y profesores que los alumnos decidieron entregar las instalaciones de la facultad, lo que me parece es una muestra de madurez y que nos obliga como miembros de la comunidad a sumar esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad del campus central, las facultades de Estudios Superiores, las preparatorias, los Colegios de Ciencias y Humanidades y otros espacios académicos y de investigación.

Entre las acciones inmediatas tomadas por parte de las autoridades de la UNAM está la expulsión inmediata de 19 alumnos plenamente identificados como parte de los agresores, así como la intención declarada de solicitar a las autoridades competentes su intervención, ofreciendo la mayor cooperación para lograr la identificación del resto de los agresores que no sean parte de la comunidad universitaria. Esto da pie a otros elementos que vale la pena abordar.

Ante la magnitud de la violencia suscitada el 3 de septiembre, no es de extrañar que para muchos la sola expulsión de la comunidad universitaria de 19 individuos sea poca cosa. Sin embargo, no hay que perder nunca de vista que la UNAM, a pesar de ser un mundo en sí mismo, no es equivalente a un gobierno local ni mucho menos al federal. En lo que toca a estos dos últimos, la decisión de atraer los casos de agresión para su investigación y sanción ha sido en realidad difusa e indignante, pero debemos insistir en que los límites a los que está sujeta la propia universidad no pueden ni deben permitirle ir más allá de la expulsión de dichos alumnos, y que la sanción legal correspondiente compete únicamente a las autoridades locales o federales, según sea el caso.

Asamblea estudiantil en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. (Foto tomada de aquí.)

Lo anterior nos lleva nuevamente al ámbito interno de la propia FFyL. En mi opinión, a diferencia de administraciones pasadas, el grupo que ahora encabeza la dirección de la facultad ha mostrado disposición a tomar en cuenta no sólo diversas situaciones en las que se encuentran los alumnos y que les afectan de manera negativa, tratando de solucionarlas con los recursos disponibles, sino también las opiniones del cuerpo docente. En ese tenor se llevó a cabo un par de reuniones con el fin de ofrecer la información más reciente sobre estos acontecimientos, así como de escuchar dudas y propuestas por parte del profesorado. De entre las muchas ideas que surgieron en la reunión a la que tuve la oportunidad de asistir, destaco tres en particular.

La primera de ellas hizo mención de que quienes deciden adherirse a los grupos porriles lo hacen teniendo como base distintas motivaciones. Sin embargo, es indudable que algunos individuos tienen como aliciente una remuneración económica. En ese sentido, la propuesta señaló que la revisión de las imágenes y la identificación de quienes aparecieron como parte de los atacantes puede dar pie a una verificación de los pagos que eroga la propia universidad. ¿Cómo? De manera muy simple, revisando el Registro Federal de Contribuyentes de quienes puedan estar implicados en lo que fue un acto delictivo y de quienes pueden pertenecer a estos u otros grupos de choque.

La segunda propuesta se enfocó en solicitar el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de algunos de los miembros del personal con más alta jerarquía dentro de la comisión. Esto ante el hecho de que, si bien las autoridades universitarias ya habían iniciado el proceso para la expulsión de 19 alumnos agresores y puesto a disposición de las instancias correspondientes la información con la que contaban sobre los hechos, a cuatro días del ataque a los estudiantes no había tenido lugar ninguna detención por parte de las autoridades, ninguna.

La última propuesta en la que me detengo de manera específica se refirió a la conveniencia en que el cuerpo directivo de la facultad y el cuerpo docente mantengan un contacto más estrecho con los alumnos a fin de hacer evidente el rechazo a la violencia y la intención de encontrar, todos juntos, soluciones ante el clima de inseguridad que padece la FFyL.

Por supuesto, la discusión abarcó muchos más, incluyendo la ocupación del Auditorio Justo Sierra y la falta de acción por parte algunas de las máximas autoridades universitarias para buscar una solución a lo que representa un riesgo para la comunidad universitaria. También se señaló que nos encontramos en una coyuntura en la que, en realidad, no cabe esperar que la actuación de las procuradurías General de la República y de la Ciudad de México sea particularmente activa y eficaz, ello ante el próximo cambio de administración tanto en el ámbito local como el federal.

En más de una ocasión hemos insistido en que la victoria de un grupo opositor no implica, ni de lejos, una transformación inmediata y radical de la situación tan compleja que vive el país. Coincido ciertamente en que el triunfo de los candidatos de la coalición “Juntos haremos historia” para la jefatura de Gobierno en la Ciudad de México y en la Presidencia de la República darán pauta a una serie de transformaciones que pueden llegar a ser trascendentales; sin embargo, también debo insistir en que delegar por entero la responsabilidad y las soluciones de diversos problemas a las autoridades locales y federales no es sino una muestra de inmadurez e ignorancia de la que nada podremos obtener.

¿Qué nos resta a quienes nos desempeñamos como académicos? Por supuesto, responder a esta pregunta nos tomaría un espacio y un tiempo del cual carecemos; sin embargo, en lo inmediato está nuestra obligación de llevar a cabo nuestra labor con el mayor esfuerzo posible teniendo como meta la educación del alumnado, a quien sin duda sometemos a nuestras críticas más objetivas y en un afán constructivo. A ese respecto, considero que también debemos someternos a la crítica de los propios alumnos con el fin de intentar mejorarnos a nosotros mismos. Hagamos votos entonces porque la comunidad universitaria no vea en este lamentable acto un incidente más dentro de su cotidianidad, sino la pauta para hacer un ejercicio de autocrítica y valoración de lo que representa la universidad nacional así como de las formas en las que, individual o colectivamente, podemos defenderla.

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