Desaparecer el Conacyt

por Marco Ornelas

Frente a la insolvencia del Conacyt para pagar becas a los alumnos de posgrado de universidades y centros de investigación científica y tecnológica en el país, valdría la pena preguntarse sobre la utilidad y la eficacia de una burocracia del tamaño del Conacyt, una auténtica secretaría de estado que, en mi opinión, sirve más para viciar la actividad y controlar políticamente a los académicos mexicanos que para promover la ciencia y la tecnología. También valdría preguntarse por qué la gorda burocracia del Conacyt no se suspende sus sueldos ella misma, antes de suspender los pagos a maestrantes y doctorantes del país entero.

Ya va siendo hora de proponer una nueva política de educación superior y de ciencia y tecnología para México, que incluya, entre otras cosas,

Uno. Mantenimiento del fondo de becas públicas para alumnos de posgrado, mismo que deberá considerarse como prioridad de la política de desarrollo científico y tecnológico en el país, incluso por delante de las participaciones federales en universidades y centros de investigación públicos.

Dos. Desaparición del Conacyt y activación y fortalecimiento de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, la que habrá de absorber la administración del fondo de becas públicas para alumnos de posgrado y de los fondos y apoyos del gobierno federal para promover (no sustituir) áreas (unas pocas) que el gobierno en turno considere prioritarias para el desarrollo de la educación superior y de la ciencia y la tecnología. El monto de estos fondos no podrá exceder el 20 por ciento de presupuesto total destinado al sector de la educación superior y de la ciencia y la tecnología en el país.

Tres. Desaparición del Sistema Nacional de Investigadores, que tiene poco más de 27 mil investigadores nacionales en su padrón y una bolsa de “incentivos” para los investigadores nacionales de distintos niveles cercana a los 5 mil millones de pesos anuales. Estos recursos deberán de ser canalizados íntegramente a las universidades públicas del país –muchas de ellas en quiebra técnica– con la finalidad de ampliar la contratación de profesores-investigadores de tiempo completo y/o aumentar sus sueldos.

Cuatro. Desaparición del llamado Sistema de Centros de Investigación Conacyt, que suma 29 centros y un fondo para el desarrollo de recursos humanos en el Banco de México, con una carga presupuestaria que suponemos de varios miles de millones de pesos al año. El interés y participación de los gobiernos de los estados es primordial para el mantenimiento de universidades y centros de investigación regionales. La participación del gobierno federal en centros de investigación estatales o regionales nunca podrá exceder el 50 por ciento. El ahorro de recursos derivados de esta medida deberá canalizarse íntegramente a la contratación y/o aumento de sueldos de profesores-investigadores de tiempo completo.

Cinco. En ningún caso la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP o las secretarías de educación de los estados podrán participar en los órganos de gobierno y administrativos de las universidades o centros de investigación públicos en los que participen con financiamiento. El financiamiento del gobierno federal y de los gobiernos de los estados en la educación superior y para el desarrollo de la ciencia y la tecnología es una obligación de la autoridad educativa y no una graciosa prestación a los ciudadanos mexicanos.

Por algo habrá que empezar, ¿qué no?