Huachicol

por Octavio Spíndola Zago

—¿Cómo te hiciste halcón?
—Fácil, mis primos y tíos son huachicoleros y ellos me involucraron en el negocio. Tenía yo 16 años cuando me dieron las claves para avisar de los chapulines verdes, los operativos y también del ingreso de extraños a la toma del ducto. Cuando es momento de la ordeña suena este celular —muestra un equipo sencillo— me pongo mi chamarra y me subo a la moto.

Puebla, la entidad que se ha jactado de ser no sólo una de las más pacíficas sino una de las más cosmopolitas y desarrolladas del país, ocupa las portadas de los medios nacionales e internacionales otra vez. A pesar de los esfuerzos forrados de dinero —del erario público, naturalmente— de especialistas en marketing, opinión pública, “comunicación social”, coaching político y demás decadencias posmodernas que el ex gobernador Rafael Moreno Valle puso a su servicio y heredó principescamente a su delfín, Antonio Gali Fayad, no ha sido por su fatal Museo Internacional Barroco, su desmantelado sistema de políticas culturales, su insufrible feria anual, los fallidos pueblos mágicos, los abandonados barrios del centro histórico y su periferia ni por los numerosos hospitales vacíos que construyó. Ni los puentes, el teleférico, la farsa de los túneles ni las ciclopistas recreativas (que el actual ejecutivo ha reconocido estuvieron mal planeadas en algunos casos). Ni por sus decadentes jardines y parques públicos. No, Puebla reaparece en la mira por los focos de violencia que se vuelven endémicos y suben de tono gradualmente (feminicidios, crímenes de odio, asaltos a mano armada, supuestos ajustes de cuentas, choques entre la policía y ambulantes, etcétera).

En México, como en el mundo entero (tanto a la derecha como a la izquierda), según apunta Gustavo Romero Umlauff, “los políticos han adquirido una cualidad distinta de obrar en las campañas [y durante su gestión previo al obligado “chapulinazo”] apoyándose en la individualización y en una destacada exposición mediática. En un extremo de exhibicionismo, se destaca a la persona por encima de su partido.” Las preocupaciones son mayormente de tipo cuantitativo para subir en los rankings de opinión y obtener preciadas certificaciones o acreditaciones antes que interesarse en construir una agenda de gobierno multilateral y democrática. La ideología ha muerto para que las personas puedan negociarse en manejos electoreros; aunque Hobsbawm daba cuenta de este fenómeno desde el siglo XIX, hoy parece haberse llevado a su radicalidad esquizofrénica.

Pero la promoción de libros, la publicidad pagada en revistas o espectaculares y la inserción en entrevistas televisivas o radiofónicas más allá de los límites geográficos permitidos por la ley electoral no pueden ocultar lo evidente. Palmarito Tochapan, un pequeño pueblo de apenas tres mil vecinos, ubicado al oeste de la capital poblana, ha sido arrastrado al vórtice de violencia que ahoga a los pobladores del triángulo rojo: el territorio comprendido por los municipios de Esperanza, Amozoc, Cuapiaxtla, Ciudad Serdán, Huixcolotla, Atzizintla, Felipe Ángeles, Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Palmar de Bravo y Tecamachalco, en el que grupos vinculados al narcotráfico han desplazado a las autoridades para establecer un régimen de facto con el fin de asegurar la estabilidad en su cotidiana ordeña de ductos petroleros y gaseoductos. No obstante, lo que en realidad ocurre es un amasiato entre los alcaldes, todos ellos emanados de los partidos Social de Integración o Compromiso por Puebla (ambos creados por operadores políticos de Moreno Valle durante su sexenio) o de la coalición Puebla Unida que en 2014 reunió, de nueva cuenta, al PRD, el Panal y el PAN; los diputados franquiciarios, provenientes de toda la policromía partidista, y los huachicoles, muchos de ellos perteneciente al cártel de los Zetas.

Vecinos de Palmarito Tochiapan. (Foto tomada de aquí.)

El 2 de mayo, no muy lejos de Palmarito Tochapan, una familia fue fracturada al vivir una inhumana experiencia de asalto, disparo a quemarropa a su bebé y violación de una menor de edad y su madre en plena autopista México-Veracruz. Al día siguiente, durante las celebraciones de la Santa Cruz, y respondiendo a un reporte de hallazgo de toma clandestina, el ejército se enfrentó con pobladores de la comunidad en un choque que dejó ocho muertos, diez heridos y 13 detenidos-desaparecidos. La Secretaría de la Defensa Nacional argumenta que la población defendió pistola en mano, con mujeres y niños a modo de escudos, a las bandas delictivas.

El 4 de mayo, por su parte, los pobladores cerraron la caseta de la autopista a la altura del kilómetro 186, para difundir su versión: que el ejército fue quien agredió sin ninguna razón a campesinos que huían al ver llegar a los efectivos. Reclaman que el fiscal general, Víctor Carrancá (puño represor del morenovallismo junto con las fuerzas policiacas al mando de Jesús Morales, sucesor de Jesús Rodríguez Almeida), investigue el caso a profundidad, demandan la aparición con vida de los 13 desaparecidos que los soldados se llevaron consigo y exigen a Roberto Flores Toledano, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, que cese en el encubrimiento a los abusos de fuerza del ejecutivo. En el servil congreso cualquier petición o exigencia es desoída felizmente por los espurios diputados.

La pobreza y la marginalidad en la que han vivido inmersos los habitantes de la olvidada franja huachicol, sexenio tras sexenio, entraron en reacción fatal con la errada guerra que Calderón declaró contra el narcotráfico, debido a que, al eliminar a los cabecillas, se propició la fragmentación de diversos grupos desorganizados (a los que se incorporaron muchos de los militares desplegados por las calles) que diversificaron sus actividades delictivas más allá del tráfico de drogas y sumieron al país en la violencia endémica y el estado de sitio con el que respondió el gabinete de seguridad. El coctel se encendió con el ascenso del heredero del cacicazgo neoavilacamachista, Rafael Moreno Valle Rosas (hijo del anterior presidente de FUNAM y nieto del secretario de salud durante el mandato de Díaz Ordaz, titular del ejecutivo poblano obligado a renunciar por el Movimiento de Reforma Universitaria), quien se ha caracterizado por las tendencias postfascistas —recuperando un concepto de Enzo Traverso, propias de esa famiglia política.

El huachicol es, pues, parte del problema estructural de la violencia y la pobreza que la elite gobernante ha desatado y magnificado con su indiferencia por el día a día de los millones de mexicanos que contemplan la farándula de Los Pinos, Casa Puebla y demás espacios políticos, unas veces con incredulidad, otras con enojo, cuántas con fascinación y las más con hartazgo. Es una alternativa “desde abajo” a la crisis económica que habita millones de hogares y se ha enredado con la corrupción que adolece la cultura política mexicana, en lo que con Foucault caracterizaríamos como un “juego recíproco de ilegalismos”.[1] En el reportaje citado al principio de este artículo se da cuenta de las condiciones que han llevado a los pobladores a coludirse en la ordeña de ductos y su comercialización: la necesidad agravada por la desesperación. “No tengo un carro de lujo, yo uso lo que gano para comer, vestir a los niños que vayan bien a la escuela que salgan con buenos zapatos”, dicen campesinos que han debido dejar las faenas agrarias “porque te pagan por hacer una bolsa de hierbas 13 o 14 pesos. Todavía voy dos veces por semana, porque no hay trabajo. Cuando salió la gasolina vas y tienes unos litros que vender, por muy caro a siete pesos ya tienes para dar a la familia 700 pesos.”

 

[1]. En Vigilar y castigar, Foucault refiere el funcionamiento del sistema jurídico con matices entre lo legal y lo ilegal: el ilegalismo, esa singularidad tolerada por el derecho que envuelve todo un núcleo de criminalidad que es a la vez su forma extrema y su peligro interno: “Separación que cubre una oposición de clases, ya que, de una parte, el ilegalismo más accesible a las clases populares habrá de ser el de los bienes: trasferencia violenta de las propiedades; y, de otra, la burguesía se reservará el ilegalismo de los derechos: la posibilidad de eludir sus propios reglamentos y sus propias leyes; de asegurar todo un inmenso sector de la circulación económica por un juego que se despliega en los márgenes de la legislación, márgenes previstos por sus silencios, o liberados por una tolerancia de hecho.”

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