Feminicidios

por Octavio Spíndola Zago *

En medio del dolor darás a luz a tus hijos; tu deseo te llevará a tu marido, y él será tu señor. Y dijo a Adán: Por haber oído la voz de tu mujer y haber comido de la fruta de la que te había prohibido comer, maldita será la tierra para tu trabajo: con fatiga comerás todos los días de ella de tu vida… Adán puso a su mujer el nombre de Eva, porque sería la madre de todos los vivientes: Génesis 3: 16-20.

Dicen que mujeres, juntas ni difuntas. La fuerza de las palabras, como signos con capacidad comunicativa y fuerza evocativa, se manifiesta en las mentalidades y prácticas culturales en las que las personas se desenvuelven; una sola palabra puede llegar más allá de sólo herir o entretener banalmente, es capaz de moldear la forma de pensar-hacer-ser de las personas que reciben ese mensaje. En las redes sociales, en internet y en pláticas de café es muy común lanzar o recibir (voluntaria o involuntariamente, he ahí la cuestión) comentarios transgresores, utilizar un lenguaje excluyente o incurrir en humor negro violentador.

El pasado 25 de febrero se rompió la regla del dicho popular: cientos de mujeres poblanas se unieron al grito (silencioso) de “Ni una más, ni una menos”. Hombres, jóvenes, ancianos y niños se sumaron a la marcha que respondió a la indiferencia del gobierno de Puebla con mutismo, pues sólo el silencio es capaz de transgredir simbólicamente al silencio sepulcral de las autoridades y al desquiciante ruido de miles de gritos que nos ensordecen. Apenas el 17 del mismo mes, la ciudad de Puebla se integraba al Programa de ONU Mujeres “Ciudades seguras, libres de violencia contra las mujeres y las niñas”.

Mujeres poblanas. (Foto: Foto: Luis Barrón, SinEmbargo.)

Mujeres poblanas. (Foto: Luis Barrón, SinEmbargo.)

“Viejas malcogidas”, “feminazis”, son comentarios comunes en las redes sociales cuando de feminismo se trata. Vivimos en la era de la invisibilización de la violencia por la vía del silenciamiento y la negación; rehusamos escuchar la palabra feminismo al tiempo que desconocemos la marginación en que siguen viviendo las mujeres en nuestro país. Numerosos son los casos denunciados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de salarios pagados a mujeres que son inferiores a los de los hombres; el derecho sobre el cuerpo propio continua siendo vulnerado cuando se obliga a vestir sugerentemente con fines de convencimiento o sensualidad; salir a la calle es ser vulnerable de piropos y acoso; el aborto aún está penalizado en numerosas entidades federativas; tomar un taxi es riesgoso; salir a la tienda puede ser un viaje sin regreso…

Karla López Albert (31 años), Paulina Camargo Limón (19 años), Miriam Manzola Heras (21 años), Alejandra Téllez Pérez (33 años), María Fernanda Montes Hernández (14 años), Olga Nayeli Sosa Romero (35 años), Blanca Estela Solar Paredes (16 años), Brenda Michell Flores Martínez (14 años), Samai Márquez Salgado (25 años). El listado no es un censo; es un obituario en el que se inscriben con sangre los nombres de 70 mujeres asesinadas en Puebla en los últimos dos años, a las que se suman más de mil novecientas muertas en un México convulsionado por el narcotráfico y la lacerante pobreza (principalmente en Ciudad Juárez, el estado de México, Oaxaca, Guerrero). Todas ellas fueron privadas de un día más, se les impuso la máxima sanción. Su único pecado es haber sido hijas de Eva en el mundo de Adán.

Para cada uno de los casos (d)enunciados, el patrón es similar: parejas emocionalmente inestables arrebatan la vida a mujeres jóvenes embarazadas de forma dolosa y cruel, desaparecen el cadáver como si de una bolsa de basura se tratara, arrojándola a barrancas o enterrándola en cualquier predio baldío. La figura que abarca este delito es el de asesinato gravoso de mujeres: feminicidio.

El artículo 325 del código penal federal tipifica este delito como el que ocurre cuando “se prive de la vida a una mujer por razones de género […] cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: I. La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; II. A la víctima se le hayan infringido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes; III. Existan antecedentes de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar; IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental; V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso; VI. La victima haya sido incomunicada; VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.”

El problema radica en que es preciso que se legisle en los estados para que los ministerios públicos hagan valer el peso de la justicia en materia de violencia, discriminación, igualdad, trata y feminicidio (Chihuahua es el único estado que no procedido en este último ámbito). Ello no parece sencillo, pues en casos como el guanajuatense y el poblano, el feminicidio no procede penalmente si no se demuestra la existencia de “odio o celos”, lo que a decir de expertos en la materia deja demasiados vacíos por ser elementos “subjetivos y adicionales”.

Si los victimarios son culpables en la comisión, la sociedad, las universidades y los gobiernos somos culpables por omisión o indiferencia, por promover la fragmentación y el individualismo. Poco importó a las autoridades que Ana Güezmes García, representante de ONU Mujeres en México, llamara a reconocer la violencia de género; el mutismo es tan uniforme que aterra. Afirmó el Nodo de Derechos Humanos de Puebla —de acuerdo con esta nota de Proceso— que “lo que los gobiernos en Puebla han dado como ejemplo es que el poder implica impunidad, y esto abre la puerta a todo tipo de abusos y tragedias. El problema real para quienes están en el poder no es detener las tragedias sino ocultarlas o callarlas cuando se vuelven evidentes.”

A pesar de los mecanismos estipulados por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el sistema mexicano está plagado de irregularidades y silencios. De acuerdo con este reporte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de los casos reportados entre 2005 y 2015 en el estado de México, el 42 por ciento permanece en la impunidad al no haberse imputado responsabilidad alguna o no haber procedido causa penal. En los casos en que el homicida fue la pareja sentimental de la víctima, las autoridades ministeriales han acostumbrado mantener en absoluto secreto los avances de la investigación y a recurrir a la conciliación como medida para inhibir la presentación de denuncia. Aquí no pasa nada; estamos moviendo a México.

Que el estado se niegue a proceder legal e institucionalmente contra los feminicidios (a modo de ejemplo, de las 3 mil 892 mujeres asesinadas entre 2012 y 2013, sólo se abrieron 613 investigaciones calificadas con este) es una violación al apartado c) del artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979.

El grito desesperado de la sociedad a las autoridades, a través de los organismos de derechos humanos y al amparo de la ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (creada en 2007), es para que activen la “alerta de género”, un mecanismo jurídico a través del cual el estado reconoce la existencia de violencia sistemática contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Con este protocolo, el estado se obliga a emprender medidas para la reparación de daños, asignar recursos presupuestales para integrar grupos de trabajo multidisciplinarios, judicializar como medida preventiva e incluso obliga a todos los políticos a emitir pronunciamientos y coadyuvar en su combate.

La gravedad del asunto me ha conducido a dedicar estas palabras, que aún se quedan cortas ante la importancia de la vida de cada joven y mujer, como un breve ejercicio de nombramiento y denuncia. El camino no pasa sólo por los lares del estado; es preciso un movimiento cultural y educativo que apueste a cambios en las mentalidades. Es fundamental que los académicos realicen esfuerzos para documentar y archivar los casos en un ejercicio historicista que apele a construir colectividades libres de violencia. ¿Cuántas más habrán de ser sembradas para que en este suelo florezca vida?

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