Nuestra urbe (1 de 2)

por Luis Fernando Granados

La mitad más grande de la ciudad de México elegirá a sus autoridades estatales dentro de dos semanas, el domingo 4 de junio. Se trata por supuesto de un acontecimiento de la mayor importancia: de entrada, porque la elección compete a la aglomeración humana más grande del país —mitad mayor de la tercera ciudad más grande del mundo— y también, quizá sobre todo, debido a los poderes que concentran los estados en el sistema federal mexicano. Lo es todavía más este año, porque nunca antes el fin del dominio priista en el estado de México ha parecido estar al alcance de la mano: “técnicamente” empatadas las candidatas de Morena y del PRI, colapsada la propuesta del PAN, la incertidumbre electoral es sin duda un soplo de aire fresco en la enrarecida atmósfera de este fin de sexenio.

Por desgracia, parecería que el proceso electoral mexiquense importa sobre todo por su carácter “nacional”, o sea porque es —o se supone que es— la antesala de la elección presidencial de 2018. Incluso quienes no regatean a Delfina Gómez su individualidad (su humanidad) tienden a asumir que lo que está en juego es el futuro de Andrés Manuel López Obrador. Es obvio que lo que pase en el estado de México influirá de algún modo en los próximos comicios federales —aunque parece que nadie se acuerda que en 1999 y 2005 el partido ganador de la elección mexiquense no instaló a su candidato en la presidencia de la república. El problema es que leer en clave nacional la elección mexiquense invita a menospreciar su importancia metropolitana, a perder de vista que también significa o puede significar algo importante para la ciudad de México —para la verdadera ciudad de México, no esa grosera ficción que nos impusieron en 2016.

Delfina Gómez, la candidata de Morena.

En lo más profundo, esta falta de atención está relacionada y hasta cierto punto es consecuencia de uno de los rasgos más lamentables de nuestra cultura política: la inveterada, supersticiosa, dogmática creencia de que la ciudad de México sólo existe al sur de Indios Verdes, al sureste de Cuatro Caminos y al oeste de La Paz —esto es, que más allá de esas estaciones del metro todo es efectivamente Cuautitlán. Soberbios como somos, los defeños —como “auténticos coletos”—  seguimos creyendo que la ciudad de México somos nosotras, nuestras avenidas y rascacielos, nuestro Ángel, nuestro estadio Azteca, y que del otro lado de la línea que dividía al Distrito Federal del estado de México no hay más que pestilencia y tolvaneras —o Interlomas, que a lo mejor es lo mismo. Pero afirmar que la ciudad de México es el antiguo Distrito Federal, y que ambos sintagmas son sinónimos (como fue ley a partir de 1970), no sólo es una imprecisión narcisista; es sobre todo un gesto simbólico que despoja a millones de personas de su condición chilanga, es un acto político que contribuye a empeorar el de por sí catastrófico estado en el que se encuentra la capital de la república.

En tanto que hecho urbano, como estructura de relaciones espaciales, económicas y culturales, no hay modo de distinguir categóricamente lo que ocurre en las tres entidades, en los 76 “municipios” donde se localiza la ciudad de México de principios del siglo XXI. La contundencia de esa vida común, de hecho, es lo que hizo posible la creación (intelectual) de la “zona metropolitana del valle de México”, que no es más que el nombre técnico —supuestamente apolítico— de la aglomeración urbana que conocemos como y deberíamos llamar ciudad de México (sin mayúsculas o siglas bobaliconas): esta alucinante ciudad que reúne a una quinta parte de todas las mexicanas, esta urbe que geográficamente parece el espejo distópico de los lagos de antaño (o su cáncer bien metastizado). Las diferencias entre sus partes —que por supuesto son evidentes y significativas en la vida cotidiana— son resultado de la imposición y sobrevivencia de límites políticos y jurisdiccionales, así como de la propia dinámica urbana (que es eminentemente segregacionista); no es que reflejen un modo de ser ciudad distinto en cada uno de sus territorios, o por lo menos no del tipo que subyace en la idea de que la ciudad de México corresponde a los términos del otrora Distrito Federal.

Por ello creo que negar la chilanguez a más de la mitad de la población de la ciudad de México debe verse como una forma de etnocentrismo que implica una política discriminatoria; por ello creo que es un modo de crear desigualdad —y naturalizarla. Y como además es un dispositivo de dominación cultural tan antiguo como la plaza del mercado de Mexico-Tenochtitlan, estoy convencido de que constituye uno de los motivos centrales de la historia de la ciudad-realmente-existente. De ahí que me guste llamarlo zocalocentrismo: para que se advierta al mismo tiempo su antigüedad, su falta de sustancia y, sobre todo, su función enajenante. Más aún, sostengo que desde el siglo XVI el zocalocentrismo ha sido la ideología predilecta para explicar la dinámica urbana en el valle de México: el relato maestro que afirma la centralidad del villorrio español creado sobre las “ruinas” de Mexico-Tenochtitlan, la misma que nos anima repetir esa cursilería de que México fue la “ciudad de los palacios” y, en fin, la que nos lleva a pensar el pasado de la ciudad como el proceso de expansión del damero renacentista desde Palma y Cinco de Mayo hasta las calles de muchas colonias de Coacalco y de Ciudad Nezahualcóyotl.

Pero no.

La ciudad de México no ha sido nunca, exclusivamente, la civitas española creada después de la guerra de 1520-1521. (Fundada además en Coyoacán, no lo olvidemos.) No lo ha sido nunca, para empezar, porque —no obstante los delirios de grandeza de los mexicas— Tenochtitlan no era el ombligo de la luna, mucho menos la “capital” del “imperio azteca”, sino nada más la cabecera dominante de una confederación de altepeme ribereños relativamente nueva, cuyo éxito militar casi nunca se tradujo en dominio territorial directo. (Además, Ben Johnson ha visto informes que afirman que los templos de Texcoco eran más grandes que los de Tenochtitlan.) Es más: Tenochtitlan no era sino  una de las dos caras del altepetl compuesto de los mexicas —la otra era Tlatelolco— y en realidad era apenas la forma exterior de al menos cuatro (o cinco) comunidades más o menos independientes, algunas de las cuales ni siquiera eran de origen nahua, aglutinadas alrededor de su centro político-ceremonial.

Igual de presuntuoso que sus enemigos, Hernán Cortés quiso convencernos de que los miles de texcocanos, xochimilcas, tlaxcaltecas y huejotzincas bajo su mando destruyeron la doble ciudad prehispánica hasta sus cimientos, y que en la isla no quedó piedra sobre piedra (pero como la ciudad era mayoritariamente de adobe, a lo mejor no mentía del todo). Basta observar un mapa de la ciudad española en el siglo XVI —digamos el famoso mapa de Uppsala, cuyo facsimil acaba de ser reeditado— para darse cuenta de la patraña: la nueva ciudad de México, la que gobernaba el cabildo de “españoles” (en realidad todos los no-indios), no ocupó nunca más que un pedacito del espacio construido a fines del siglo XV. Alrededor del pequeño damero, la doble ciudad sobrevivió relativamente intacta: ahí están todavía los canales y sus ruinas, las chinampas petrificadas, los restos de las plazas y las iglesias barriales —de Nonoalco a Magdalena Mixuca, desde Tepito hasta Candelaria Atlampa y Romita—, para evidenciar que el páramo de la tercera carta de relación no es sino uno de los tropos propagandísticos más exitosos producidos en estas tierras.

Isabel Estrada es responsable de haber desmontado el aspecto institucional de la fantasía cortesiana. Si a ras de suelo la ciudad era más grande y más heterogénea que el área donde se establecieron los españoles, la civitas “ciudad de México” tampoco gobernó nunca al conjunto de la población capitalina: casi desde el momento de su fundación, las repúblicas indígenas de Santiago Tlatelolco y San Juan Tenochtitlan estuvieron a cargo del gobierno de entre la mitad y un tercio de los chilangos de entonces, y siguieron estándolo hasta principios del siglo XIX (entre ellas las 27 mil personas que estudié alguna vez). Como dice Estrada, la ciudad de México colonial era una urbe de tres cabezas —muy probablemente la única de este tipo en toda la América española. La clave de su explicación radica por supuesto en el uso cuidadoso de urbs y civitas, dos términos latinos empleados por los especialistas que podrían ayudarnos a pensar de otra manera la ciudad del siglo siglo XXI: urbs como asentamiento, como el fenómeno urbano que puede o no —y más bien: casi nunca— corresponder de manera puntual con el ámbito jurisdiccional de una comunidad política, o sea una civitas, una polis, un altepetl… un municipio o delegación.

Curiosamente, quienes crearon el Distrito Federal a principios del siglo XIX veían las cosas con más claridad que nuestros gobernantes: jamás se les ocurrió emparejar a la ciudad de México con los muchos barrios, pueblos, villas y ciudades que quedaron bajo la égida de la nueva entidad. Acaso sabían que los barrios, pueblos, villas y ciudades del valle de México no podían asimilarse con el pequeño asentamiento español —incluso luego de que éste devoró a la repúblicas mexicas, en 1812—, precisamente porque sabían que la comunidad política “ciudad de México” era mucho más pequeña que el entramado de comunidades vinculadas económica y socialmente desde tiempo inmemorial. El caso es que a lo largo del siglo XIX se mantuvo la disonancia entre los pueblos, la “ciudad de México” y el Distrito Federal, y ello a pesar de que en algún momento las conexiones espaciales y sociales entre algunos de ellos —La Piedad, Chapultepec y Tacubaya con la “ciudad de México ” en primer lugar— comenzaron a adensarse hasta hacer irreconocible la frontera entre las diversas civitates.

Con la revolución industrial, a mediados y fines del siglo decimonónico, quedó de manifiesto que urbs y civitas no tenían por qué corresponderse de manera unívoca. Como en Inglaterra unos años antes, la gran transformación espacial prohijada por el capitalismo no se desplazó del “centro” a la “periferia” sino todo lo contrario: los arreglos propios del capitalismo industrial se manifestaron primero o de manera más clara en Tlanepantla, Naucalpan, San Ángel y aún Chalco, antes que impulsar el desarrollo de las colonias proletarias del norte de la antigua Ciudad de las Tres Cabezas. (En plata, como Mario Trujillo Bolio demostró hace unos años, esto quiere decir que los primeros obreros modernos no vivían en la metrópolis sino en sus arrabales “rurales”.) Sin duda, la fuerza de las redes entre los diferentes barrios, pueblos, villas y ciudades del valle debe haberse visto favorecida por lo poco que había avanzado la moderna dicotomía ciudad-campo; esto es, porque hasta principios del siglo XX las diferencias entre un “pueblo” y una “ciudad” no eran tan radicales como lo fueron más tarde —a fin de cuentas, en ambos lugares seguían cosechándose hortalizas y muchas mujeres se empleaban para hilar ajeno.

En todo caso, cuando por fin comenzó la gran “expansión” de la ciudad de México —que a la luz de lo que ocurrió en el siglo XIX debería entenderse simplemente como una intensificación de vínculos previamente existentes— es claro que ésta se desarrolló sobre y gracias a un sistema geopolítico que podía y quizá exigía el aprovechamiento de infraestructuras y poblaciones establecidas en la región desde muchos desde años antes, en particular a lo largo del camino a Querétaro y sobre el piedemonte de las montañas occidentales. No es casualidad que las grandes concentraciones industriales “revolucionarias”, como la refinería de Azcapotzalco y el nudo ferroviario al noroeste de Buenavista —inmortalizado en la primera novela de Fernando del Paso—, ocurrieran precisamente en esa amplia zona.

Lo que está implícito en todo esto es que el oeste y el noroeste del valle de México se volvió parte de la ciudad de México mucho antes que el sur profundo del Distrito Federal. En cambio, los viejos altepeme de Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y Tlalpan siguieron siendo claramente no-urbanos —al menos en el sentido de que sus miembros podían seguir produciendo su propia comida—, incluso hasta bien entrado el siglo pasado. El modo de organización socio-espacial de Parres (Tlapan) debería ser la mejor prueba para dejar de decirle “ciudad de México” al conjunto del antiguo Distrito Federal. Al mismo tiempo, ello supone que la ciudad de México, la urbs ciudad de México, comienza hoy mucho más al norte de lo que sugieren los mapas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística y también que se extiende más allá de lo establece la división política mexicana.

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