Museos privados

Cristina Gómez Álvarez, entrevistada por Huitzilihuitl Pallares Gutiérrez.

Los museos en tanto lugares de memoria y conocimiento tienen una responsabilidad enorme en este tiempo. Su tarea de trasmitir a la sociedad una conciencia de sí misma es imperante. Por desgracia, en la actualidad esta misión se ve opacada por un cúmulo de circunstancias, como la falta de un política cultural, la mala administración de estos recintos y el sometimiento de los museos a intereses económicos particulares.

Un caso significativo es el Museo Nacional de Historia. Por todos es recordado aquel episodio de octubre de 2001, cuando se anunció que Marta Sahagún, aprovechando que su marido era el encargado del ejecutivo federal, ofrecería en la explanada del castillo de Chapultepec un concierto exclusivo de Elton John en beneficio de su fundación, Vamos México. A pesar de que esto violaba normas de preservación del patrimonio histórico, el acto se consumó y la señora Sahagún se embolsó alrededor de cien millones de pesos. Las denuncias no fueron suficientes.

En noviembre pasado, Luis Carlos Sánchez publicó una nota en Excélsior en la que denunció el uso exclusivo que se le da al castillo de Chapultepec. Su nota refiere que el consorcio internacional de tarjetas de crédito Mastercard ofreció a sus clientes visitas guiadas exclusivas a cargo del director del recinto; el paquete incluía entrada a salones preservados y brindis con vino de honor. Al parecer, el uso de espacios públicos en beneficio de intereses privados es una práctica muy común en nuestro país. Para discutir este tema, en diciembre pasado entrevisté a Cristina Gómez Álvarez, profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien en 2013 fungió como directora del Museo Nacional de Historia.

Huitzilihuitl Pallares: Cuando usted asumió el cargo de directora del Museo Nacional de Historia, declaró a La Jornada que durante su gestión no se volvería a ver un show de Elton John en el Castillo de Chapultepec. Por supuesto que se refería al uso exclusivo y privado que se había hecho del recinto en las pasadas administraciones federales. ¿Por qué realizó está declaración el mismo día que asumió el cargo?

Cristina Gómez Álvarez: Esta declaración se debió a la preocupación que había en varios medios periodísticos acerca del uso de los espacios públicos federales por parte del gobierno de Fox y de Calderón. En el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los dos recintos que se habían utilizado para fiestas privadas eran el alcázar o la explanada del castillo de Chapultepec y el paraguas del Museo Nacional de Antropología. Cuando Sergio Raúl Arroyo, director general del INAH, me invita a ser directora del Museo Nacional de Historia, dentro del proyecto que tuve que desarrollar y que presenté para ocupar el cargo, un punto importante que él sugirió fue precisamente que el museo no debería prestarse para uso privado y mucho menos para fiestas. Era una política para todo el INAH, no solamente para el Museo Nacional de Historia. Impedir el uso privado en estos importantes museos, repito, el Nacional de Historia y el Nacional de Antropología, que son los más importantes en la ciudad de México, formaba parte de la política de la nueva dirección encabezada por Sergio Raúl Arroyo y a mí me parecía lo correcto.

HP: ¿Qué acciones implementó para llevar a cabo esta política?

CGA: La primera acción que propuso Sergio Raúl Arroyo y que estábamos por realizar en el Museo Nacional de Historia era tener una reunión con la asociación de amigos del museo. En todos los museos de México y del mundo existen este tipo de asociaciones, llamadas también patronatos o fundaciones; tienen como finalidad conseguir recursos privados para ser empleados para las necesidades de los museos. En el caso de México, estos patronatos o asociaciones hacen lo contrario: utilizan a los edificios públicos, en este caso a los museos, para sus fines particulares. Entonces, una de las primeras tareas era precisamente acercarnos a la asociación de amigos del museo para ver cómo estaban trabajando, quiénes integraban esta sociedad. Teníamos una lista de sus integrantes; en ésta se encontraba incluso Guillermo Tovar de Teresa, que jamás había ido a una reunión de esta sociedad, porque la verdad es que la sociedad trabajaba con un presidente que era un empresario de Monterrey, Federico Sada, y una secretaria. La secretaria era justamente la que ejercía. Con ella se ponían en contacto los interesados y acordaban el donativo económico para el uso privado del alcázar. Es decir, si alguna organización privada quería hacer uso del alcázar, lo que tenía que hacer es acercarse a esta asociación, a la secretaria, y ella le fijaba un donativo, que el museo nunca conocía. Posteriormente, las personas que querían usar el espacio hacían una solicitud al [departamento] jurídico del INAH, donde establecían qué fines tenía esa reunión, y si era una reunión de carácter cultural entonces se aprobaba. Lo único que le pagaban al INAH era un monto muy bajo, cerca de tres mil quinientos pesos por derecho de suelo, vamos a decir, y ahí estaban contemplados todos los servicios, la luz incluida. Ése es el mecanismo por el cual se pueden contratar los espacios para uso privado. El jurídico del INAH es el que los autoriza. De tal manera que la dirección del museo tiene poca intervención en este tipo de reuniones; me estoy refiriendo a actividades “culturales” en el alcázar, que normalmente son por la noche e incluyen una cena o un brindis. Se supone que el museo tiene un reglamento mediante el cual se establece el tipo de alimentos que se permiten consumir, entre otras cuestiones. En síntesis, estos permisos por un monto muy pequeño los otorga el jurídico del INAH.

HP: Al realizar este tipo de actividades culturales, ¿cuál es la ventaja para el museo?

CGA: Para el museo, ninguna. Para los trabajadores administrativos sí existe un beneficio económico, porque el reglamento estipula que en cada actividad debe de permanecer un grupo de trabajadores de base para que vigile que se realice correctamente. Este grupo está integrado por cerca de 15 trabajadores, que además tienen un coordinador del departamento de promoción cultual, quien recibe un ingreso mayor que los demás. El dinero recibido por estos trabajadores es obviamente pagado por la asociación o persona que organiza la actividad cultural o artística. La forma de este pago también es totalmente irregular, pues el organizador deposita el dinero correspondiente a la nómina de los trabajadores en la unidad administrativa del museo, quien se encarga de pagarles a los trabajadores en efectivo. A los trabajadores del museo, fíjate nada más que contradicción, este tipo de eventos privados les conviene por un asusto salarial, pues, como el resto de los trabajadores de INAH, están muy mal pagados; tienen sueldos muy bajos y las actividades privadas se convierten en un medio para aumentar sus ingresos mensuales.

HP: Durante los ocho meses en que usted fue directora, según me ha dicho, usted intentó acabar con esas prácticas. ¿Cambió algo con la renuncia de Sergio Raúl Arroyo? ¿Qué hizo la nueva administración del instituto?

CGA: La administración que llegó no hizo absolutamente nada con respecto a las asociaciones amigos de los museos. La nueva administración dejo que las cosas siguieran igual. Pero aquí nada más me he referido a actividades de carácter privado que se organizan ahí. Repito, hay un reglamento, y estas asociaciones disfrazan sus actividades como si fueran de carácter cultural o artístico para apegarse a éste, pero en realidad no son actividades culturales. Por ejemplo, una persona que cada año acude al Museo Nacional de Historia es Claudio X. González con su organización Mexicanos Primero, y ahí organiza una cena, según él para entregar premios de su organización; una cosa interna. Él es un asiduo individuo que utiliza el alcázar cada año para organizar este tipos de actividades. Ahora que tiene otra organización contra la corrupción no sé si lo utilice para repartir diplomas. Pero así como él, otros. Esto es lo que está muy mal.

HP: ¿Qué otro tipo de actividades tienen lugar en el castillo de Chapultepec?

CGA: Otro tipo de actividad muy indebida, porque es gravosa para el castillo, es la presentación del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández. Cuando yo llegué al museo me enteré que este ballet organizaba cada año dos o tres temporadas, en diciembre la más fuerte, y no le pagaba un quinto al museo. Se hacían estas funciones sin convenio con el jurídico del INAH. ¿Te imaginas los recursos que le dejan estas presentaciones a este ballet, que es privado? Es una compañía privada que administra el nieto de Amalia Hernández; de sus presentaciones en la explanada del castillo, el museo no recibía nada. Cuando yo llegué, el director anterior había hecho un convenio con este ballet, porque supongo que imaginaba que él ya no iba estar en la dirección, y a mi correspondió llevarlo a la práctica. El director del ballet se negó a llevar a la práctica este contrato, que incluía, entre otras cosas, poner una taquilla para la venta de los boletos de sus presentaciones. Lo que establecía ese convenio era que el ballet colocara su propia taquilla, situación que no se realizó. Para el museo es un desgaste que se presente este ballet; es una gran impertinencia porque sobre la explanada se monta, dizque cuidando las normas pero la verdad es que no se cuidan mucho, una plataforma muy grande para que ahí se realicen las funciones. El colmo es que lleva animales, animales que están prohibidos en el propio bosque y en el museo; ahí se quedan por quince días burros, cabras, para su función de los villancicos y no pasa nada. Me imagino que esto sigue funcionando igual. Y significa utilizar un espacio público para fines económicos privados, y esto hay que denunciarlo.

HP: Si el museo no obtenía ningún beneficio al realizar este tipo de espectáculos, ¿la iniciativa privada era la única que salía ganando o alguien más del museo o del INAH sacaba provecho de esto?

CGA: Para responder a tu pregunta citaré lo ocurrido en diciembre de 2013, cuando Conaculta organizó una posada en el castillo. Yo la apoyé con mucho gusto porque era una actividad abierta al público. Esta posada, que era la primera que se organizaba en el museo, recibió la autorización del jurídico del INAH. El señor director del ballet folklórico ofreció a Conaculta presentar una función como parte de esta actividad. Un día antes de que yo renunciara, tuve noticias de que un miembro del departamento de promoción cultural del museo le solicitó a la responsable de culturas populares de Conaculta, que era la organizadora del evento, 400 mil pesos para presentar el ballet, cuando originalmente el director del ballet había ofrecido dar esa función de manera gratuita. Una parte de ese dinero era para el trabajador del departamento de promoción cultural del museo. De esto tuvo conocimiento Teresa Franco, entonces directora general del INAH, y no hizo absolutamente nada para impedir estas prácticas corruptas.

HP: ¿Qué me puede decir de las visitas privadas o exclusivas que supuestamente se realizan en el museo?

CGA: A petición de una persona o grupos, algunos trabajadores del departamento de promoción cultural organizaban visitas guiadas fuera del horario de servicio, recibiendo honorarios de parte del grupo que solicitaba la visita. Yo me opuse a que esta práctica continuara porque para el castillo significaba un desgaste y un costo económico para el INAH; por ejemplo, si pensamos solamente en la luz, pues estas visitas se realizaban comúnmente por la noche. Esto es similar a lo que se acaba denunciar: visitas exclusivas a través de Mastercard, las que, a decir del actual director del museo, estaba en pláticas de organizar. A mí esto me parece totalmente incorrecto, porque el museo tiene un horario y en ese horario se deben organizar las visitas. A mí me tocó como directora atender a muchos diplomáticos; les dábamos una visita guiada especial, pero siempre lo hicimos en las horas en las que el museo estaba abierto al público, incluyendo los sábados o domingos, y por supuesto no se cobró absolutamente nada. No me parece correcto que los funcionarios entren en pláticas con una corporación como Mastercad o cualquiera otra, porque eso significa lo mismo: al museo no le van a dejar nada, va a ser otra vez la utilización de recursos públicos al servicio y para enriquecer a las compañías privadas. Por eso a mí me parece que es alarmante que no haya cuidado, que no se vigilen estas cosas. Como el INAH todo esto lo maneja de manera muy discrecional, hay que estar muy al pendiente. Desafortunadamente los trabajadores del museo no son los adecuados para vigilar esta situación, pues algunos de ellos resultan beneficiados con estas visitas “especiales”. Por ello seguramente apoyan al director del museo cuando toma iniciativa para organizar con corporaciones ese tipo de visitas.

HP: Es evidente que el uso de los espacios públicos en beneficio de intereses privados no es una práctica exclusiva del castillo de Chapultepec. ¿Cómo enfrentar este problema?

CGA: Ésta es una de las razones por la que renunció Sergio Raúl Arroyo, o lo renunciaron; porque, justamente, él se opuso al teleférico de Puebla, que afectaba algunos bienes patrimoniales. En nuestro país siempre hemos estado acostumbrados, desafortunadamente, a que los bienes públicos están al servicio de los privados y yo creo que esta práctica es tan fuerte que llevó a la renuncia de un director general del INAH. En muchas ocasiones son los trabajadores del INAH, en compañía de la población, los que se organizan para impedir construcciones que afectan bienes patrimoniales, como fue el caso hace poco en Morelos. En el caso del Museo Nacional de Historia, los trabajadores no se van a oponer ni a visitas privadas ni a actividades privadas porque ellos salen ganando económicamente; se les paga un salario extra. Quién sabe cómo funciona ahora la asociación amigos del museo, pero seguramente funciona igual, no es trasparente porque nunca se sabe el monto del donativo que se les da para organizar una actividad “cultural” (cena, brindis, lo que sea). Entonces, en mi opinión, se logran detener estos excesos en los lugares en donde la sociedad y los académicos del INAH están organizados. Cuando no existen estas condiciones, las autoridades del INAH y la iniciativa privada hacen lo que se les da la gana, violando la reglamentación de conservación del patrimonio histórico.