Rezos contra la ley

por Benjamín Díaz Salazar y Daniel Ramírez Guzmán *

México se cimbró ante la marcha indolente de un millón de personas que desde distintos estados levantaron la voz para exigir un país unicolor, unánime por los ánimos de unos cuantos y cada vez más alejado de la equidad. La marcha impulsada por el Frente Nacional por la Familia puso a repicar de nuevo las campanas del tradicionalismo, la discriminación y la intolerancia.

El activismo religioso y el conservadurismo social salieron a las calles en un acto sin precedentes para mostrar al gobierno federal y a sus aliados del poder legislativo una línea de batalla de la que éstos, poco a poco, comienzan a emprender la cobarde retirada. Todo apunta a una cosa: el desamparo de la iniciativa presidencial, presentada en mayo pasado, que pretende modificar el artículo 4 de la constitución para reconocer que “toda persona mayor de dieciocho años [tiene] derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada por origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.” (Aquí está el proyecto completo.)

Asimismo, las diversas marchas fueron encabezadas por ministros de distintas religiones, quienes de este modo vulneraron directamente el artículo 130, inciso E, de la constitución, donde se declara que “Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.” Aunado a esto, en el semanario Desde la Fe se han publicado diversas notas de carácter religioso contra la iniciativa —como “La nociva ideología de género”, el 28 de agosto de 2016 (disponible aquí)—, sin mencionar el llamado de seis obispos a posicionarse contra el partido tricolor. Todo ello de manifiesto una delicada realidad: la impunidad ante la pérdida constante del laicismo en nuestro país.

El problema más agudo que se sigue de las extrañas movilizaciones es que ha atizado la llama de la discriminación, del odio y de la intolerancia. Reavivar los deseos de algunos individuos por imponer sus realidades y sus creencias a la mayoría; esa incesante ansia por transgredir el derecho a decidir, ya sobre el propio cuerpo, ya sobre la forma de vivir la vida. Según el informe de la Comisión Ciudadana Contra los Crímenes de Odio por Homofobia, publicado en 2015, en México se cometieron a lo largo de diecinueve años, 1 218 homicidios, enfatizando que por “cada caso reportado hay tres o cuatro más que no se denuncian” (ver aquí la nota de Proceso), cifra similar a los 1 310 asesinatos presentados por la agencia EFE (ver aquí) y que contrasta con los 798 que registra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en un balance de 1995 a 2013 (el informe completo está aquí). La geografía del crimen según el Informe de la CEAV colocó a la ciudad de México como la entidad más peligrosa para la comunidad LGBTTTI, seguida de los estados de México, Nuevo León, Jalisco y Michoacán. (Véase también la nota de Huitzilihuitl Pallares en este espacio.) México es considerado, sin más ni más, como el segundo país más homofóbico del mundo.

Al respecto, la elite política ha decidido quedarse sin palabras. La bancada amarilla no ha hecho pronunciamientos, al igual que la blanquiazul; el partido de la regeneración nacional decidió convertirse en invisible, mientras que las pequeñas lunas partidistas ni siquiera figuran en el mapa con opinión alguna. Ni el tricolor mismo, que aplaude cualquier propuesta presidencial, ha emanado un aliento de posicionamiento. Los silencios percibidos dentro de la política mexicana poco tienen de sorprendentes, en un país donde la oposición se desdibuja a cada momento y se mimetiza con los puercos y cochinos de la granja. En donde el derecho a decidir es un asunto que pasa a segundo término cuando de votantes se trata, poco importa pulir las botas del gobierno en turno con tal de garantizar un lugar en la sucesión. Es aquí, en este país sin oposición, donde los leños de la intolerancia se dan gusto linchando la dignidad y las libertades.

Los voceros del movimiento contra la reforma al artículo 4 constitucional finalizaron su acto preguntándose: “¿Qué hará el senado ante los miles que marchamos hoy?” A lo que cabría añadir: ¿qué hará con las cuentas pendientes del caso Iguala, con los millones que nos oponemos a la reforma educativa, con los cada vez más graves casos de corrupción en la actual administración, con las víctimas de violaciones infantiles por «deslices» eclesiásticos, con las miles de víctimas por ataques de homofobia, con la cada vez más desdibujada laicidad del estado, con un gobierno que se colapsa día con día, con la inexistente oposición política? Así, preguntando, podríamos entender quién gobierna realmente en nuestro país, y sobre todo, cómo salir del hoyo.