Las masas y el poder

por Halina Gutiérrez Mariscal *

Las semanas recientes —si se mira con objetividad, los años recientes— nos han hecho testigos de un descontento social acumulado que se ha ido manifestando de diversas maneras y que parece haber sacudido la visión que sobre sí mismos tienen los diversos sectores sociales. La gravedad de las denuncias y la validez de muchas de las exigencias de estos grupos en descontento —médicos, maestros, periodistas, estudiantes, familiares de desaparecidos, incluso empresarios— lleva a la inevitable reflexión sobre la importancia de las mayorías en la delimitación de los destinos de cualquier país. Quizá la falta de pericia, la escasa formación política o el desinterés total han llevado al sector que dirige al país a intentar reducir al mínimo la participación e injerencia de los sectores populares, mayoritarios, en la construcción de los destinos del país. Se hace evidente, incluso, un esfuerzo monumental del estado por desprestigiar —usando todos los recursos a su alcance— a todo sector social que se atreva a manifestar descontento, aislándolo y fragmentando así a grupos que bien podrían, cohesionados, hacer valer sus derechos constitucionales. Pero no siempre fue así.

Otros tiempos

Otros tiempos

Desde el principio, la existencia del estado revolucionario en México se cimentó —incluso a pesar de algunos revolucionarios— en el apoyo de las masas de trabajadores al grupo de los revolucionarios vencedores. El impulso que activó la movilización popular durante la revolución mexicana fue la promesa de un programa de reformas sociales por parte de los dirigentes revolucionarios, desde Madero hasta Obregón. Cuando finalmente tomaron el poder, se fue haciendo cada vez más claro que para conservar el poder que habían conquistado con el apoyo de esas masas, era necesario, como bien señala Arnaldo Córdova en La política de masas del cardenismo (México: Era, 1974), mantener el apoyo de esas masas.

En un primer momento, los presidentes revolucionarios intentaron preservar los privilegios de los grupos que desde el porfiriato habían detentado la riqueza y dosificaron el cumplimiento de las reformas sociales, manipulando a su favor las demandas laborales y campesinas. Quizá la inercia de esa dinámica habría podido mantenerse durante más tiempo si el contexto internacional no hubiese afectado tan negativamente la economía nacional. Debido a la crisis económica de 1930, la economía mexicana sufrió un marcado retroceso. Sin embargo, más tarde o más temprano, la demora en el cumplimiento de las promesas sociales de la revolución (el reparto agrario, por ejemplo, había venido disminuyendo de manera notable entre los gobiernos de Álvaro Obregón y Pascual Ortiz Rubio) terminaría haciendo crisis. Esta afirmación queda respaldada por el dato que Córdova anota [20]: entre 1929 y 1932 los conflictos laborales y las agitaciones de trabajadores crecieron en un 174 por ciento.

En medio de ese panorama, un gobierno local había conseguido organizar a su población para materializar dos de los pilares de su política social: el reparto agrario y la educación. Hablamos el gobierno de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Su gobierno repartió a los campesinos michoacanos más tierras que todos los gobiernos anteriores juntos, e hizo crecer la inversión en educación hasta llevarla a un gasto del 47 por ciento del presupuesto de la entidad.

Una vez en la presidencia, Cárdenas consiguió que el país entrara en un periodo de estabilidad social y política, que fue posible gracias al acuerdo entre las masas y el poder. En este acuerdo cabían los más diversos intereses. La condición era hacerlos orbitar en torno del estado. Al igual que había hecho en su estado natal, Cárdenas dio un impulso sin precedentes a la reforma agraria en todo el país, repartiendo más hectáreas que todos sus predecesores y buscando una inversión importante en el sector educativo. Desde entonces, y durante varios sexenios, fue evidente que gobernar sin el pueblo, sin las masas, era un error que podría salir caro, estropeando no sólo la estabilidad política, sino la económica y la social.

El escenario de caos al que concurrimos justo ahora parece suscrito a una política que rompió del todo con aquellos gobiernos revolucionarios que buscaron hacer de la revolución por lo menos su retórica. Parece provenir de una camada de políticos que, ignorando todo sentido común, y al parecer todo sentido social y todo conocimiento del pasado, han buscado gobernar para un sector minoritario, cada vez más enriquecido, rehuyendo al diálogo, la negociación, las advertencias de especialistas. Es verdad que el proyecto de nación de los gobiernos mexicanos recientes es uno completamente distinto al de los primeros gobiernos revolucionarios (es paradójico que el PRI se siga nombrando revolucionario); sin embargo, el consenso social en torno de las políticas gubernamentales sigue siendo uno de los ingredientes que mejor pueden garantizar la estabilidad de cualquier régimen.

¿Cuánto más podrá resistir, sin reformas de gran envergadura, un gobierno que pretende gobernar sin la gente y cuyas “reformas” resultan en realidad insultantes despojos que desarticulan todo lo conseguido con la revolución?

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