Elecciones libres

por Benjamín Díaz Salazar *

Inicio mi reflexión declarándome decepcionado. Ya no de la política, ya no de la educación, sino de la humanidad. A mis veintidós años me resulta complicado entender en qué parte de la mente humana cabe la convicción de arruinar, de manera egoísta, una vida y un futuro. Me refiero específicamente a ese rastro de barbarie que hace que una persona, con una enferma necesidad de satisfacción personal, decida demoler las esperanzas, las ilusiones y la vida misma de una igual.

En 2014, México se colocó en el ranking internacional en el primer lugar de abuso sexual y violencia contra menores de 14 años. Alrededor de 4.5 millones de infantes y jóvenes fueron violados en nuestro país, de los cuales sólo el 2 por ciento presentó una denuncia en el momento del hecho. Según la Organización de las Naciones Unidas, cuatro menores cada minuto son abusados sexualmente en América Latina, con consecuencias psicológicas indescriptibles.

En 2011, México fue nombrado por la ONU el primer país a nivel mundial en violencia sexual, con 120 mil ataques reportados por la Secretaría de Salud y la Procuraduría General de la República. Eso, contando a las personas que tuvieron la fortaleza de denunciar y enfrentar el proceso que esto representa. El 44 por ciento de los ataques fueron cometidos contra mujeres, dejando en claro que no es un problema de género, sino de humanidad.

Según el mismo informe, sólo se denuncia ante las autoridades correspondientes el 15 por ciento de los ataques sexuales contra mujeres. ¿Por qué tan bajo índice? Posiblemente porque el trato de dicha “justicia” termina convirtiéndolas de víctimas a victimarias y alargando el suplicio  a largos meses de incertidumbre, sin un ordenado sistema de protección y mucho menos un eficaz sistema de juicios. Hasta marzo de 2015, se reportaron 2 812 violaciones en el país, de las cuales, casi el 13 por ciento fueron llevadas a cabo en el estado de México, lo que lo convierte en el estado con mayor violencia sexual.

México ocupa también otro primer lugar: en el número de embarazos en adolescentes, de acuerdo con cifras de UNICEF. Uno de cada cinco embarazos en México es en adolescentes de entre 12 y 19 años de edad. Un número importante de estos embarazos son provocado por violaciones, otros tantos por descuidos y los menos resultados de un consenso.

En México, según cifras del Colegio Mexicano de Especialistas de Ginecología y Obstetricia, el número de abortos realizados a mujeres de entre 15 y 24 años de edad rebasa el promedio mundial de 29 por cada mil embarazos, colocándose en 33 por millar. Sin embargo, aumenta considerablemente en relación con el índice de violaciones y de agresiones sexuales en nuestro país. Tras ver estas cifras, pregunto: ¿el derecho a decidir no es una prioridad nacional?

Aunque con bastantes obstáculos, desde hace años México se convirtió en un país que ipulsa el derecho de sus ciudadanas a elegir sobre su cuerpo. La ciudad de México se erigió como la primera capital que legalizó el aborto y creó una serie de mecanismos de protección y garantías de ese preciado derecho: la elección de las mujeres sobre su cuerpo y sobre su vida.

Considero que el derecho a decidir trasciende las fronteras dentro de las que se le ha comprendido por mucho tiempo. El derecho a decidir es también la capacidad de elegir cómo y con quién se quiere vivir y compartir. Es también poder elegir qué creer, qué pensar, qué decir, qué opinar y por qué luchar.

Escribo con una mezcla de coraje e indignación. Más allá de convertir a las víctimas en cifras, las mujeres, los hombres, las niñas y los niños atacados sexualmente merecen una especial atención. Son también una oportunidad de reflexionar sobre nuestra realidad. Hago un llamado a la reflexión, por doloroso que resulte. Démosle rostro a las víctimas y actuemos para que esos 4.5 millones de niños violados, para que esas 2 812 víctimas —en lo que va del año— tengan justicia, para que ese dolor que una persona provocó sin mesura sea tratado y prevenido en los 33 millones de menores que viven en nuestro país. Y, sobre todo, para garantizar el pleno goce de los derechos, de ese derecho a decidir.