por Dalia Argüello *

Después de tres años de trabajo con centenares de comunidades y organizaciones de diferentes regiones del país, y de la celebración de siete audiencias temáticas y tres transtemáticas, el 18 de noviembre de 2014 el Tribunal Permanente de los Pueblos emitió la sentencia de la audiencia final del Capítulo México. Ante lo que llamó una crisis institucional y de legitimidad del estado mexicano, el TPP enfatizó la necesidad imperiosa de avanzar en la refundación de México, “a partir de parámetros nuevos que incluyan el reconocimiento pleno y eficaz de los derechos humanos, la identidad y el espacio de los pueblos indígenas, y el reconocimiento del papel de las mujeres en dicho proceso.” (El texto completo, aquí.)

A partir del pronunciamiento del tribunal —cuya labor de más de 35 años lo ha convertido en un espacio comunitario de respaldo y acompañamiento de diferentes pueblos, contra las violaciones a sus derechos fundamentales—, diversas organizaciones políticas y sociales respondieron al llamado del obispo de Saltillo, Raúl Vera, para conformar una constituyente que genere las condiciones para proponer un nuevo texto constitucional y para la elección de un congreso de la unión renovado y verdaderamente representativo e incluyente.

Para este propósito, el pasado 5 de febrero, en el marco del 98 aniversario de la promulgación de la constitución de 1917, se dio a conocer ante la opinión pública nacional e internacional el proyecto y la ruta de construcción de la Constituyente ciudadana-popular, sobre la base de veinte puntos que enuncian los deberes y características de lo que debería hacer un estado mexicano refundado. (Toda la información, aquí.)

Durante esta presentación, el discurso del dominico Raúl Vera giró en torno a una parábola con la que reflexionó acerca del país como un espacio habitado y compartido: “México, es la casa de todas y todos”, dijo, y por lo tanto cada uno desde su espacio y acción responsable debe contribuir a su cuidado y a la construcción de la paz y de la vida digna para todos. Así, llamó a los participantes y facilitadores a recorrer los lugares más apartados y poco accesibles de la república difundiendo información y recogiendo aquellas experiencias y propuestas de la gente que, desde todas las regiones, lenguas, sectores y edades, contribuyan a la organización de la onstituyente desde abajo. El obispo no dudó en compartir las bases teórico-prácticas de esta estrategia, pues él y su congregación ya la han probado con éxito en la organización de vicarías y parroquias como centros de difusión escalonada del evangelio.

Iniciativa ciudadana
Iniciativa ciudadana

La construcción de una constituyente ciudadana, que siente las bases legales de un gobierno que mande obedeciendo, implica el reconocimiento de la soberanía popular y de la diversidad cultural como punto de partida y de llegada, en el sentido de que la actual legislación reconoce el derecho inalienable de los pueblos de alterar o modificar la forma de su gobierno, y en consecuencia lo faculta para sustituir el actual y organizar un nuevo pacto en el que se incluya a todas y a todos.

En la misma línea del TPP, la constituyente reivindica el papel de los pueblos como sujetos de derecho y participantes activos en la toma de decisiones, pero además asume como una de sus prioridades la creación de un marco constitucional que recupere el sentido y el espíritu de los acuerdos de San Andrés, y subsane la deuda legislativa —pendiente por casi dos décadas— del reconocimiento a la autonomía y libre determinación de los pueblos.

A pesar de los históricos esfuerzos por mantener al clero separado de los asuntos políticos mexicanos, las iniciativas de Raúl Vera y de Alejandro Solalinde –quien se ha adherido a la constituyente— no son, por supuesto, ni los primeros ni los únicos. Sería aventurado plantear el grado de relevancia que el gobierno mexicano actual otorga al activismo eclesiástico, pero sin duda no pueden pasar inadvertidas las recientes y repetidas críticas, no sólo de Vera y Solalinde, sino de las que la misma arquidiócesis de México ha difundido desde el seminario Desde la Fe, en las que ha recriminado casos de omisiones, impunidad y corrupción gubernamentales.

Sin embargo, poco de todo esto parece importar, al menos en el discurso presidencial, que sigue inamovible en la promoción de sus reformas para “mover a México”. El mismo 5 de febrero —mientras cientos de activistas declaraban un movimiento paralelo y solidario con la “Convención nacional popular” convocada por el Comité Estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa y los padres de los 43—,Enrique Peña Nieto recordaba en Querétaro, un discurso muy a su estilo, al congreso constituyente de 1917 y la vocación social de la constitución emanada de la revolución.

Junto con los representantes de los poderes legislativo y judicial, Peña Nieto resaltó el papel determinante de la constitución para consolidar el orden y la unidad de los mexicanos y, por supuesto, concluyó diciendo que las recientes modificaciones al texto constitucional nos dan “certeza y rumbo como nación”. Por su parte, el gobernador de Querétaro habló de “una sombra que quisiera que a México no le vaya bien”, ante lo cual se requiere la creación de un acuerdo nacional por la concordia basado en el respeto a las leyes tal cual están.

De esta manera, el discurso oficial para conmemorar a la constitución puede resumirse en la siguiente frase de Peña Nieto: “el mejor homenaje que podemos rendir a los constituyentes de entonces, es unirnos como país y trabajar en torno a los ideales, valores y principios plasmados en nuestra carta magna.” (El discurso completo, aquí.) Es decir, no importa si las leyes están bien hechas, son suficientes, pertinentes o justas. Lo que nos proponen los representantes de los poderes es que hagamos caso omiso del proceso autoritario y turbio con el que se aprobaron las recientes reformas, que olvidemos que las leyes secundarias en materia de transparencia y telecomunicaciones contravienen en varios sentidos a la misma constitución; que ignoremos la debilidad de la legislación vigente para evitar y castigar casos de conflicto de intereses y corrupción, y que dejemos de lado el hecho de que la constitución actual, al consolidar los privilegios, tiene muy poco tiene que ver con “el genio y la sensibilidad de los diputados constituyentes del 17” y su “ clara vocación social del estado” que tanto elogiaron.

Estas dos maneras de conmemorar un mismo hecho revelan las visiones de país que se contraponen. La insistencia del gobierno en torno a que la mayoría —por cierto, integrada por minorías— debe aceptar abnegadamente sus decisiones y respaldar la constitución modificada por y para unos cuantos, revela su misma condición autoritaria e ilegítima, pues va acompañada de un ambiente de represión e intolerancia hacia las voces críticas que vive el país actualmente. Hoy este discurso oficial tan empeñado en poseer “la verdad” y “el rumbo nacional para el éxito” recuerda a aquellos teólogos y clérigos decimonónicos que con las leyes de dios en la mano juzgaron a los independentistas que andaban buscando cambiar el orden de las cosas y convocando a congresos constituyentes:

Los revolucionarios, esos hombres embriagados con el error, seducidos con el antojo y seductores del mundo entero, se desquician del centro y no reconociendo ni distinción ni unidad, se confunden a sí mismos y quieren, que todo sea ojos, todo cabezas, todo confusión, y por consiguiente anarquía y desesperación, furor y rabia de los que mandan y de los que obedecen. La sola manifestación y el hecho mismo de levantarse algunos hombres contra este orden natural, los califica de locos desatinados, sin consejo ni razón, enemigos de la humanidad, de la naturaleza, y de la sociedad de los racionales. [Antonio Bergosa y Jordán, Carta Pastoral a sus diocesanos (México: José María de Benavente, 1815), 3-4].

Defender la constitución como baluarte del sistema democrático actual a estas alturas parece una broma. Entramos en un círculo vicioso si priorizamos el hacer que se cumpla y se respete la actual antes de pensar en una nueva, pues resulta que, tal como está, no asegura equidad ni justicia ni bienestar para la mayoría. Quizá es demasiado pronto para vaticinar resultados de una constituyente popular, pero una buena manera de empezar a probar la madurez política de la ciudadanía sería asumir el reto de participar activamente en la discusión de la reforma política y la elaboración de una constitución para la ciudad de México, asunto que muchos hemos evadido olímpicamente.

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