La vida en el archivo (general agrario)

por Emilio de Antuñano *

Lejos de ser opuestos, el campo y la ciudad son espacios complementarios cuyas características y límites no son nítidos. Hace unas semanas, mi investigación sobre la urbanización del valle de México me llevó al Archivo General Agrario. El AGA conserva, entre muchos otros documentos, los expedientes de miles de ejidos cuyos inicios a menudo se remontan hasta títulos primordiales del siglo XVI. Como es bien sabido, durante el siglo XX la ciudad de México creció desmesuradamente, en buena medida sobre tierras ejidales. Lejos de erguirse en una suerte de cordón sanitario contra la expansión urbana, las comunidades ejidales y el código agrario que las organizaba configuraron una urbanización sui generis que marcó el devenir de la ciudad de México.

Pero me interesa menos explicar este proceso que describir mi breve experiencia en el archivo. En el AGA los historiadores somos una minoría. El archivo es utilizado principalmente por abogados, gestores y representantes de comunidades campesinas que acuden a él en busca de documentos para hacer toda clase de trámites. No hay nada de sorpresivo en esto, pero la conjunción de todas estas personas bajo un solo techo arroja luz sobre la naturaleza de los archivos y sobre algunos de los cambios ocurrido en México durante las últimas décadas.

Existe, en primer lugar, una diferencia enorme entre los investigadores y las personas que van al archivo a realizar trámites. Estas diferencias son de varios tipos, desde la más fundamental y obvia —unos están haciendo una investigación histórica, otros buscan, digamos, las escrituras de sus tierras— hasta las más superficiales, o no tanto; por ejemplo, la diferencia entre un campesino y un estudiante con una laptop que vale algunos miles de pesos. La dirección del archivo gestiona su doble naturaleza con mayor o menor tino, pero ésta deriva en situaciones “raras” (al menos al compararse con otros archivos como el AGN), como la incomodidad de los agentes de seguridad que revisan cámaras fotográficas y computadora sin contar con un protocolo claro para registrar estos aparatos. También es “raro” que los investigadores cuenten con un espacio separado del resto de los usuarios para consultar sus documentos y tomar fotografías o notas. Esto obedece, me explicaron, a que tales prerrogativas pueden ser percibidas como injustas para quien está pagando para recibir una copia certificada de un documento; aunque la fotografía que el investigador tomó no tenga el mismo valor ni significado jurídico que la copia certificada y, por consiguiente, sea inútil para realizar trámites legales.

Pese a estas diferencias, a veces historiadores, abogados y representantes campesinos se hacen las mismas preguntas. Una mañana, mientras esperaba a una persona en una sala de espera del archivo, escuché una conversación entre uno de los archivistas y un campesino que buscaba constancia de ciertos títulos agrarios. No entendí la conversación entera, pero sí oí cómo el archivista explicaba al señor la diferencia entre dotaciones y restituciones agrarias; también le decía que era muy probable que los títulos primordiales de sus tierras —en caso de que éstos existieran— no estuvieran en el archivo, y que la resolución presidencial de dotación ejidal, que databa de los años cuarenta, podría ser el documento más antiguo en el archivo, y seguramente el más importante para perseguir sus fines, como el abogado del archivo podría explicarle. Seguí la conversación unos minutos, recordando que el mismo archivista me había explicado asuntos casi idénticos unos días atrás, y reflexionando sobre el ambivalente, y no por eso menos potente, significado de los papeles que llevaba semanas leyendo; éstos eran documentos históricos, pero tenían también un valor político y jurídico, producto de su origen gubernamental. La diferencia de significados estriba en el distinto uso que damos al mismo documento y en que probablemente había mucho más en juego para el campesino que para mí.

Quienes crecimos en la ciudad de México durante los años ochenta y noventa acusamos un cierto sesgo en el mirar (al igual que cualquier generación de cualquier ciudad o región; nadie goza de una mirada objetiva o totalizante, faltaba más). Al margen de nuestras posiciones políticas, crecimos rodeados de una serie de consignas acerca de la modernización, la globalización, la transición a la democracia y el principio y el final de la revolución. El régimen ejidal pertenecía al pasado, rematado por las reformas salinistas. A mí, bicho de ciudad, la escena en el archivo me hizo pensar en la cascada de peticiones ejidales y pleitos legales que siguieron a la revolución y sobre las que algo he leído. Pero no estaba consciente de que tales y trámites y pleitos aún se dirimieran. El anacrónico edificio del AGA acentúa esta confusión de temporalidades: ubicado en pleno barrio bravo —en el cruce de Sastrería y el eje 1 norte, Albañiles—, lejos de los fastuosos edificios de gobierno de Juárez o Reforma, su desgastada fachada verde y blanca parece atarlo irremediablemente a los años setenta (cuando probablemente fue construido). Pero, adentro, sus millones de expedientes no languidecen sino que son materia de conflictos agrarios contemporáneos, que desde algunos miradores parecen no existir más.