por Agustín Córdova *

En 1990, dos después del proceso electoral más cuestionado —hasta entonces— en la historia de México, y con motivo de las reformas realizadas a la constitución en materia político-electoral, se creó el Instituto Federal Electora. Se trataba de establecer una institución independiente e imparcial que garantizara la certeza, transparencia y legalidad de los comicios electorales futuros.

A partir de 1993, el poder legislativo otorgó al IFE, a través del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las atribuciones de “declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores”, “expedir las correspondientes constancias de mayoría” y “establecer topes a los gastos de campaña”. Uno año después, se creó la figura de “consejero ciudadano”. Los consejeros ciudadanos integrarían la mayoría del consejo general. En 1996 el IFE logró su autonomía al desligarse del poder ejecutivo, además de crear las comisiones permanentes que supervisarían de ahora en adelante las actividades ejecutivas del órgano electoral (aquí una cronología).

Adiós
Adiós

En palabras de Graciela Márquez y Lorenzo Meyer, para el proceso electoral federal de 2000:

El IFE desempeñó bien su encargo de organizar y vigilar unas elecciones presidenciales en las que disputaban el poder dos partidos sin grandes diferencias programáticas. Como fuese, por primera vez en la historia del México independiente, el campo de la competencia estuvo relativamente nivelado y las reglas del juego aceptadas para todos los actores […] El cómputo oficial dio a Fox el triunfo con el 42.52 % de la votación, Labastida obtuvo el 36.10% y Cárdenas 16.64 % [“Del autoritarismo agotado a la democracia frágil, 1985-2010” en Nueva historia general de México (México: El Colegio de México, 2010),  767].

Así, en principio, la institución electoral se fue fortaleciendo con la finalidad de estar a la altura de los comicios y garantizar su transparencia y equidad, es decir, fungir como un árbitro incondicional, responsable, ciudadano y eficaz de la política nacional. Sin embargo, con la recién aprobada reforma político-electoral, el congreso de la unión determinó la desaparición del IFE y la creación de una nueva institución: el Instituto Nacional Electoral. Y no sólo desaparecerá el IFE; también los 32 órganos electorales de los estados. El argumento es que con dicha acción se dará un golpe certero a los grupos de poder (partidos políticos) que tienen una clara influencia en la administración y resolución de los procesos electorales locales. ¿Dónde quedó entonces el esfuerzo por crear una institución autónoma como lo intentó ser el IFE? Nadie sabe.

En el juego impuesto por el poder legislativo, y tras la aprobación de la más reciente reforma político-electoral, la ciudadanía supuestamente debe ser consciente de las reglas del juego que los legisladores gustan en llamar “democracia”. Por si fuera poco, la reforma se convirtió en moneda de cambio para que el grupo parlamentario del PAN (que fue punta de lanza para llevar a cabo la reforma electoral) votara a favor de la reforma energética, comprometiendo con ello al IFE y las décadas de trabajo que ha tenido como máximo órgano electoral del país.

Creer que con desaparecer una institución electoral y crear una nueva (borrón y cuenta nueva) se garantizará el cese de la influencia de los partidos políticos en los procesos electorales, o que se eliminará la coacción de votos y se transparentará el ingreso de recursos para las campañas, resulta poco razonable. Pese a los intentos de lograr su autonomía, de descentralización y ciudadanización, el IFE nunca fue independiente como tal. La designación de consejeros electorales para integrar su consejo general, por ejemplo, debía hasta ahora de ser aprobada por el congreso de la unión.

Así, en tanto siga dependiendo del visto bueno de diputados y senadores, un órgano electoral nunca podrá ser soberano. El problema se agrava aún más cuando se le intenta presentar como “autónomo”, “ciudadano” y “transparente” (independientemente del nombre que lleve). Por lo pronto, una gran cantidad de dinero (impuestos que pagan todos los contribuyentes) se despilfarrará en cambiar credenciales para votar y el material electoral de IFE a INE —hecho que resulta, al final de cuentas, en la misma “democracia”, pero revolcada.

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