Traiciones: Reforma laboral, no educativa

por Pedro Salmerón Sanginés *

Segunda parte del texto leído en el debate público con el diputado federal Fernando Belaunzarán , el 14 de diciembre de 2013.

Felicitamos al diputado Fernando Belaunzarán por aceptar someterse a un escrutinio sobre su actuación como representante popular a la luz de los principios que, ante nosotros, sus electores, él se comprometió a defender. Sigamos, si les parece, con su voto a favor de la llamada reforma educativa.

Las propuestas del PRD

El capítulo VI de la plataforma electoral que el PRD registró ante el IFE para las elecciones federales de 2012 está dedicado a la educación, la ciencia y la cultura. La educación en México, dice el documento, pasa por una profunda crisis, cuyos datos más relevantes son el analfabetismo; el rezago educativo; la falta de cobertura, creciente a partir de la secundaria y dramática en el nivel universitario; la baja calidad de acuerdo con las mediciones internacionales, aún peor en los grupos marginados y particularmente los indígenas; la falta de capacitación y actualización de los maestros de educación básica. “Estamos en una encrucijada en la que tenemos que satisfacer la legítima demanda de la población: educación para todos y de alto nivel.”

Este balance coincide con el que han hecho expertos en el tema, que ven tres gravísimos problemas de la educación en México: la inequidad, el analfabetismo y el rezago, a las que podemos sumar un cuarto, relativo a la mala calidad de la educación pública, directamente relacionado con la inequidad.

Las propuestas de un partido político no terminan con su plataforma formal: sobre educación y trabajo se habló, en sentido más amplio, en el Nuevo proyecto alternativo de nación, programa de gobierno del candidato presidencial del PRD en 2012. En el foro de educación, ciencia y tecnología, el 7 de mayo de 2012, se presentó un programa construido por 45 académicos, especialistas en el tema, coordinados por Juan Ramón de la Fuente, que se sintetiza en seis propuestas que atienden los cuatro graves problemas atrás señalados:

1. Revisión a fondo del modelo pedagógico para construir un nuevo esquema para el proceso de enseñanza-aprendizaje, que incluya aspectos éticos que propicien la tolerancia, el respeto, la creatividad y el trabajo en grupo, con conciencia y pertinencia del entorno social y con espíritu laico como lo marca la constitución.

2. Capacitar a los educadores en el nuevo modelo mediante estímulos que reconozcan la participación activa y comprometida de los educadores en el nuevo modelo pedagógico, pero éste debe separarse claramente de la lógica sindical y los derechos laborales del magisterio.

3. Dotar a todas las escuelas del país de la infraestructura necesaria, incluídos mobiliario, sanidad, espacios para la recreación y el deporte, y equipo de computación.

4. Revisar el marco jurídico para el deslinde de atribuciones y responsabilidades de los distintos órdenes en el contexto del federalismo educativo.

5. Iniciar de inmediato un programa de alfabetización para cinco millones de mexicanos y de educación abierta y a distancia para que personas que dejaron inconclusos sus estudios puedan reanudarlos.

6. Ampliar la cobertura en la educación media superior y superior utilizando la infraestructura disponible, las tecnologías de la información que fortalecen la enseñanza de calidad, así como un vigoroso programa de formación de docentes.

Ahora bien, se ha señalado correctamente que la reforma en cuestión es una reforma laboral disfrazada de educativa, por lo tanto, es necesario también revisar lo que el PRD propuso en ese aspecto. La propuesta  327 de su plataforma  dice “velaremos por el cumplimiento de los derechos y prestaciones de los trabajadores” y en la 329 se asienta que la política laboral se sustentaría “en una legislación que proteja a todas y todos los trabajadores […] y apoye a todas las organizaciones laborales de manera que impulsen la vigencia de la democracia sindical”. En fin, la 335 habla de “Reforzar la estabilidad en el empleo”.

La reforma educativa

¿Qué es la llamada reforma educativa? Las reformas a los artículos 3 y 73 de la constitución, publicadas el 26 de febrero de este año en el Diario Oficial de la Federación, tienen, según la página de la presidencia de la república, cuatro objetivos centrales:

Crea el Servicio Profesional Docente, que reconocerá la formación y logros de los maestros. Los buenos maestros tendrán la oportunidad de ascender con base en sus méritos profesionales.

Eleva a rango constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y lo dota de autonomía, para medir el desempeño e identificar sus áreas de mejora.

Fomenta la autonomía de gestión de las escuelas, y promueve el crecimiento del Programa de Escuelas de Tiempo Completo.

Crea el Sistema de Operación y Gestión Educativas, con la obligación inmediata para el Inegi de realizar un registro nominal de escuelas, profesores y estudiantes.

En la práctica, y de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, estas reformas —más allá de buenos deseos y principios abstractos, se limitan a la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa— y a su órgano operador, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Esto, en principio, atiende solamente uno de los cuatro grandes problemas de la educación nacional que se desprenden de la plataforma electoral del PRD y no dice una sola palabra sobre los otros tres: la inequidad, el rezago y el analfabetismo. Complementaria es la ley del Servicio Profesional Docente, cuyos objetivos irían en el mismo sentido.

Así pues, la llamada reforma educativa, de acuerdo con la propaganda gubernamental, atenderá el grave problema de la mala calidad de la educación, mediante dicho sistema y dicho Instituto.

La crítica

La principal organización magisterial independiente del gobierno, la CNTE, así como numerosos especialistas, han negado que la reforma atienda el problema de la calidad educativa. Para estos críticos, cuyas voces fueron desestimadas por los partidos firmantes del “pacto por México”, la ley del servicio profesional docente pretende cambiar el modelo de control del magisterio nacional, de uno basado en dirigentes sindicales corruptos por otro, sustentado en la inseguridad y la precariedad laboral. Donde antes había corporativismo gremial, ahora habrá una combinación de fuerzas del mercado, desregulación laboral y autoritarismo de funcionarios educativos. Sin prescindir de los liderazgos corruptos y antidemocráticos.

El nuevo modelo de control busca la discrecionalidad en la contratación y el despido de los maestros; la reducción al mínimo de la estabilidad laboral y las conquistas gremiales; la limitación de su autonomía en el proceso de enseñanza; la imposición de responsabilidades desmedidas; la descalificación de la organización y la resistencia. Pretende también acabar con el normalismo, y abrirle paso a las escuelas de concertación (administradas por la iniciativa privada con dinero público).

La nueva legislación hace retroceder más de 50 años los derechos laborales. A partir de ahora, según el transitorio segundo de la ley, los maestros deben olvidarse de sus conquistas gremiales. Violentando el artículo 14 constitucional, que señala que ninguna ley es retroactiva en perjuicio de persona alguna, barre de un plumazo con los derechos adquiridos en más de cinco décadas de luchas. Las relaciones de trabajo del magisterio —se dice en el texto— se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo en lo dispuesto en esta ley. ¿Qué dispone?: la derogación de los derechos que se le oponen.

Las autoridades educativas encargadas de evaluar a los maestros carecen de la calidad para hacerlo. Esas autoridades no son especialistas educativos ni pedagogos ni maestros. Son, en la mayoría de los casos, funcionarios ligados a la burocracia federal de la SEP y a los gobernadores. Ellos no son evaluados; rinden cuentas a sus jefes. ¿Podrán garantizar que la educación mejore? Evidentemente no. Las denuncias han demostrado además que se pretende imponer un modelo de evaluación que no considera las profundas diferencias causadas por la inequidad y el rezago, que pretende imponer un modelo educativo basado en la competencia y el individualismo y que se trata, como señaló Luis Hernández Navarro, de un menú empresarial a la carta que busca desprofesionalizar al magisterio, vigilarlo, controlarlo, amenazarlo. Una reforma que basada en la evaluación, hace de la amenaza, el miedo al despido y  la degradación laboral, la ruta para alcanzar la calidad educativa. Así lo reconocen abiertamente los lobbys del poder empresarial (que tampoco representan cabalmente a los empresarios mexicanos):

«La importancia real de la evaluación docente recae —sostuvo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado— en las consecuencias que deben enfrentar los maestros de no cumplir con los requisitos que marque la ley. No puede haber marcha atrás en lo que ya se legisló en esta materia.” Y para que no hubiera duda en sus propósitos, la Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que la evaluación de los docentes debe tener consecuencias, positivas y punitivas también.

La aberración de este proyecto salta a la vista si se considera que ni los médicos que trabajan como personal de base en las instituciones públicas, ni los abogados que litigan, ni los ingenieros que realizan obras son evaluados permanentemente para ejercitar su profesión. Una vez que se han recibido, cuentan con su título y cédula profesional y han sido contratados, pueden laborar sin tener una espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza. Sin embargo, la nueva legislación establece que los maestros son trabajadores de excepción con un régimen laboral especial, y que deben estar sujetos a vigilancia permanente.

La nueva ley manipula los conceptos jurídicos de permanencia en el servicio, inamovilidad, causales de despido y bilateralidad, para volver absolutamente precaria la situación laboral del docente. Así, se abandona abiertamente la tradición jurídica latina nacida en las revoluciones liberales, que ve en el maestro un trabajador de estado, para convertirlo en un empleado sujeto a las leyes del mercado… y a la nueva legislación laboral que reduce al mínimo las conquistas laborales (por ejemplo, ampliando las causales de despido y estableciendo procedimientos autoritarios para separar al maestro del empleo, sin derecho a audiencia previa). Además, ahora es la autoridad la que, de manera unilateral, fija las reglas del juego, sin que los maestros y su sindicato puedan defenderse.

A pesar de que fue votada en nombre de la calidad de la educación, la nueva norma tendrá graves repercusiones en ella. Inevitablemente la deteriorará. Para mejorar el sistema educativo se requiere, entre otras medidas, profesionalizar al magisterio, y esto se logra dándole certidumbre, seguridad en el empleo, no reduciendo su estabilidad laboral, facilitando el despido y evaluándolo punitivamente.

Conclusión

Podemos aceptar sin conceder que la llamada reforma educativa no es contraria a las propuestas 213 a 240 de la plataforma del PRD, ampliadas en las seis propuestas presentadas por el equipo coordinado por Juan Ramón de la Fuente, porque en realidad, la llamada reforma educativa no toca los graves problemas ahí señalados. Pero sin duda ninguna, contradice la letra y el espíritu de las propuestas en materia laboral, muy particularmente, las 327, 329 y 335 y, además, los diputados perredistas las votaron de espaldas a sus electores.