por Aracely Cortés Galán*
En recientes declaraciones, Barak Obama advirtió la necesidad de intervenir en Siria con el argumento de proteger a la población civil de inminentes ataques con armas químicas. Eso no siempre ha sido un tema de interés para las potencias mundiales. En 1982, en las comunidades libanesas de Sabra y Chatila se cometió uno de los crímenes más miserables de los que tenemos registro del siglo XX, sin que algún gobierno hiciera algo efectivo al respecto.
Los días 16,17 y 18 de septiembre de ese año, la milicia falangista libanesa atacó los campos de refugiados palestinos, asesinando a cientos de civiles. El 16 de diciembre de 1982, la ONU, en la resolución 37-123 sección D, hizo referencia a las disposiciones de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, considerando también los acuerdos del Convenio de Ginebra, y se dijo “consternada por la matanza a gran escala de civiles en los campos de refugiados de Sabra y Chatila ubicados en Beirut”. Reconoció la indignación y condena universales que causó ese crimen. Resolvió que los asesinatos perpetrados fueron un acto de genocidio.

La decisión que tomó el ejército falangista fue en respuesta al asesinato del líder maronita Bashir Gemayel, quien era presidente electo. Es de mencionar que el ejército israelí rodeó la zona norte de Líbano, impidiendo la entrada y salida a los campos de refugiados. La fuerza israelí estaba dirigida por Ariel Sharon, quien permitió la entrada de los falangistas a los campos de refugiados. iluminando con helicópteros las zonas que la milicia libanesa atacó. Meses más tarde, el Tribunal Supremo de Israel formó la Comisión Kahan, cuya principal actividad era investigar y detallar la actuación de Israel y las decisiones que sobre la invasión a Líbano tomaron los representantes de su gobierno. En 1983 informó que las fuerzas israelíes fueron indirectamente responsables, aunque no propuso sanción alguna. Menagen Begin, primer ministro israelí en 1982 incluso afirmó ante la Knesset: “En Chatila, en Sabra, unos no-judíos han masacrado a unos no-judíos; ¿en qué nos concierne eso a nosotros?”
En versión contraria a lo reportado en el informe Kahan, la comisión MacBride —que fuera fundada en 1977 con la finalidad de hacer un contrapeso a las posturas unilaterales de los medios de comunicación—, publicó el documento Israel in Lebanon: The Report of the International Commission to Enquire into Reported Violations of International Law by Israel During its Invasion of the Lebanon, 28 August 1982-29 November 1982 (Londres: Ithaca, 1983). Ahí consignó las violaciones a las convenciones internacionales cometidas por el ejército israelí en Sabra y Chatila, no sólo al permitir el libre paso de los falangistas, sino por tener conocimiento del daño que se haría a la población civil y los posibles conflictos internacionales que esto podría generar. En este informe también se mencionó que el número de muertos fue superior a tres mil personas.
El genocidio del que ha sido víctima el pueblo palestino por 65 años es parte de una limpieza étnica, tal como lo señaló en entrevista el historiador israelí Ilan Pappé, quien afirma que despojar a miles de palestinos desde el año 1948 es el inicio de todo un proyecto que ha continuado, y que ahora, “tras la guerra de 1967, Israel inició una nakba [catástrofe] burocrática. Para proseguir la limpieza, los tecnócratas recuperaron reglamentos de las épocas otomana y británica, sin que eso llamara la atención de los medios occidentales. La limpieza étnica contra los palestinos continúa también en 2012.»
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