La lucha del magisterio es nuestra lucha

por Aurora Vázquez Flores *

Hacia fines de los años veinte, el denominado grupo sonorense había logrado tomar el  poder gubernamental en el país, mermar a otras fuerzas políticas combatientes en la revolución y negociar con agentes económicos y empresariales, al tiempo que intentaba dar solidez a su configuración política. Ya en los años cuarenta, el camino era claro: el ejecutivo necesitaba vincularse estrechamente con las organizaciones sindicales en proceso de expansión. La relación con sindicatos, masivos como eran, permitió el desarrollo de políticas sociales enmarcadas en una concepción particular del estado, el estado de bienestar.

Hoy en día las cosas son distinta. El gobierno federal ve a los sindicatos como una amenaza a su espacio de acción, así como un gasto excesivo en un estado que comulga con la inversión privada y la liberalización de la economía. Éste es el marco de las llamadas reformas estructurales, y también de la reforma educativa —que tiene poco de reforma y menos aún de educativo, por estar centrada en un tema laboral.

La ley general del Servicio Profesional Docente —que puede ser consultada aquí—  señala su propósito es establecer “los criterios, los términos y condiciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio” de los profesores del sistema de educación básica. La ley plantea varios asuntos en materia de trabajo que son, de menos, preocupantes. En particular, la permanente amenaza a la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación, planteada por el artículo transitorio octavo, que establece la posibilidad de que un docente sea separado del servicio público “sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado”.

¿Cómo puede mejorar la educación cuando el gobierno se convierte en un empleador sin responsabilidad hacia sus trabajadores? Todavía más grave es que, según el artículo 74, el nombramiento de los profesores termina si incumplen con las condiciones establecidas por la reforma, “sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas”. Y sólo para rematar, el empleador se constituye como juez y parte en tanto que, para impugnar una decisión amparada por la le, “los interesados podrán optar por interponer el recurso de revisión ante la autoridad que emitió la resolución que se impugna”.

Como Hugo Aboites señaló ya en 2012, la evaluación universal que se ha impuesto a los trabajadores de la educación está basada en la aplicación de exámenes estandarizados a profesores y alumnos que “reflejan más la profunda diferenciación social y educativa del país que la actuación de un maestro en lo individual”, así como en cursos de formación planeados desde la SEP sin consulta o discusión de sus contenidos y formas.

Pero la severidad, de esta reforma ni siquiera radica en ser una embestida a las conquistas laborales del magisterio. En la iniciativa de reforma que Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2012 puede leerse —como artículo transitorio V— que las adecuaciones al marco jurídico son para

[…] fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta [11-12].

Las implicaciones y consecuencias de esto serán desastrosas. ¿Cómo imponer, por ejemplo, a comunidades rurales en Guerrero una “autonomía de gestión” para la compra de materiales educativos o el pago de recibos de luz? Esto es un golpe directo y estratégico contra esa idea según la cual el gobierno es responsable de garantizar las condiciones para la educación. En pocas palabras, esto supone un ataque frontal contra la educación pública.

La educación pública es una de esas pocas cosas que nos quedan de aquel estado, cuyo gobierno se preocupaba por la formación de calidad de sus niños y jóvenes, y no les veía como una cifra de gastos. La educación pública y gratuita como la conocemos hoy es el resultado de las luchas sociales de muchas generaciones. Esta visión de la educación es la que generó el desarrollo de grandes comunidades científicas como ésta en la que los profesionales del pasado, y quienes aspiramos a serlo, interactuamos y nos desarrollamos.

¿Cómo no priorizar la defensa de la educación pública y gratuita cuando colegiaturas, infraestructura, proyectos de investigación, becas y estímulos académicos provienen de los impuestos de toda la población mexicana? ¿Cómo ignorar el hecho de que el gobierno, nuestro empleador por excelencia, ha decidido utilizar a la policía federal para eliminar el disenso que plantea el magisterio? ¿Cómo permitir que se ponga en juego el derecho de manifestación cuando nuestra labor es expresar opiniones, discutir y disentir? Habríamos de ser suicidas para permitirlo.