Fin del desacuerdo, comienzo del autoritarismo

por Aurora Vázquez Flores, Jorge Domínguez Luna, Halina Gutiérrez Mariscal, Luis Fernando Granados, Fernando Pérez Montesinos, Sergio Miranda Pacheco y Pedro Salmerón Sanginés *

El pasado primero de septiembre, organizaciones estudiantiles y sociales acudieron a la convocatoria de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a marchar en contra de la reforma educativa. La marcha, que fue del monumento a la revolución a San Lázaro, terminó con un saldo de más de 20 detenidos. Entre los arrestados se cuentan estudiantes de la UNAM, la Universidad del Claustro de Sor Juana y reporteros independientes. Provocaciones, intimidaciones, detenciones arbitrarias y golpes de policías a manifestantes parecen constituirse como la norma de actuación tanto del gobierno de la capital como del gobierno federal para lidiar con el disenso y las manifestaciones públicas. 

Esta violación de derechos fundamentales por parte de las autoridades representa un claro retroceso. Habrá que recordar el tiempo en que salir a las calles a manifestarse resultaba un peligro. En el pasado, durante los años de gobiernos autoritarios del PRI, actos de arbitrariedad aparentemente aislados terminaron por ceder a la represión abierta de movimientos sociales, la persecución de opositores políticos, la limitación de la libertad de expresión y la clausura de espacios de discusión. Los hechos de violencia que han sucedido reiteradamente en estos nueve meses que Enrique Peña Nieto tiene en la presidencia son reflejo de un endurecimiento del régimen y de una franca indiferencia frente a los reclamos y argumentos de una parte importante de la ciudadanía.

Las llamadas reformas estructurales que pretenden modernizar al país —si por modernizar se entiende entregar sectores estratégicos a capital privado y reducir los salarios de la clase trabajadora—  parecerían no tener cabida para el desacuerdo. La discusión y aprobación de estas reformas, en fast track, han sido instrumentalizadas por el Pacto por México, ente que mantiene todo ámbito de decisión circunscrito a los acuerdos políticos entre las cúpulas de los partidos. Así, ha quedado negada la posibilidad de participación y discusión por parte de quienes serán directamente afectados por las reformas, sean estos maestros, trabajadores electricistas y petroleros, contribuyentes o ciudadanos en general. La fórmula que parece configurarse es vieja conocida: supuesta modernización de la economía sin alteraciones de la estructura política.

Cuando algunos sectores de la población se han movilizado, sean cuales sean sus demandas, su protesta ha sido de antemano descalificada y criminalizada. Lo muestran, entre otras cosas, las campañas mediáticas en contra de la CNTE y los saldos de las más recientes manifestaciones que, como en el primero de diciembre o el 10 de junio pasados, terminaron con decenas de manifestantes detenidos y golpeados.

Sobra reiterar que la estrategia ha sido adoptada vigorosamente por el que se autoproclama gobierno de izquierda del Distrito Federal. La actuación del gobierno de Mancera queda de manifiesto en la cantidad de efectivos del cuerpo de granaderos utilizados para “contener” las manifestaciones, así como las detenciones que no distinguen entre manifestantes o reporteros y la utilización de grupos de choque que agreden a los manifestantes aún en presencia de los medios de comunicación.

Ante prácticas como éstas, lo menos que podemos exigir es la liberación inmediata de los detenidos y el esclarecimiento de los hechos. Alto a las detenciones arbitrarias y la criminalización de la protesta. Aún es tiempo de defender el derecho a manifestarnos y expresar nuestras opiniones sin ser por ello perseguidos.