por Jorge Domínguez Luna *

Durante dos días —entre el miércoles 7 y el jueves 8 de mayo—, los trabajadores de los 20 planteles del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS) estuvieron en huelga. La demandas esgrimidas por el sindicato, la mayoría de carácter estrictamente laboral, se alinearon detrás de un aumento salarial. Empero, existen factores que carecen de una naturaleza contractual o académica y que —considero— no deben ser ignorados, a riesgo de elevar exponencialmente la gravedad del conflicto.

La huelga del IEMS. (Foto: cuadratin.com.)
La huelga del IEMS. (Foto: cuadratin.com.)

El proyecto que dio vida a las preparatorias del Distrito Federal, y que se complementó con la creación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, buscaba atender a un sector poblacional que por criterios institucionales (entiéndase el examen único) o deficiencias de infraestructura queda marginado del derecho constitucional a la educación laica y gratuita. A pesar de su legítima y fundada necesidad, el proyecto recibió cuestionamientos por la manera distinta de concebir la educación, especialmente los criterios de evaluación.

Sin pretender adjudicar el mérito a funcionario alguno, parece incuestionable el éxito del programa de educación media y superior desarrollado en el Distrito Federal —para lo cual no puede ni debe concebirse como instituciones ajenas, aunque lo sean administrativamente, al IEMS y a la UACM.

Las líneas de arriba encuentran su razón de ser en que una parte del conflicto en el IEMS sobrepasa lo laboral y académico, para postrarse en el campo político. La designación de la profesora Freyja Doridé Puebla López como directora general del instituto ha generado críticas dentro de la institución (y se asoma ahora a la opinión pública). Éstas se centran en su formación como profesora de nivel pre-escolar, que no es equivalente al nivel de licenciatura que se requiere mínimamente para detentar el cargo señalado. Sin embargo, me gustaría llamar la atención sobre el origen de la designación antes que en su legitimidad académica.

Antes de asumir el cargo de directora general, Puebla López se desempeñó como encargada del despacho de la Oficialía Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Anteriormente había sido directora general de Pagos del mismo órgano legislativo. Su designación en los puestos mencionados se debió a que la profesora es parte del equipo político de la entonces presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea y ahora senadora por el Partido de la Revolución Democrática.

Me interesa llamar la atención sobre el pasado de Puebla López por dos  razones: la primera y más importante es la naturaleza y el origen de las designaciones de los titulares de los institutos de educación en la capital. En este caso, la llegada de Puebla López al IEMS es consecuencia de la asignación de espacios en la nómina del gobierno capitalino para la “gente de Barrales”. Con las reservas del caso, parece que estamos en la antesala de un conflicto de naturaleza semejante al ocurrido en la UACM y que derivó en la destitución de Esther Orozco de la rectoría de esa institución.

La designación de Puebla López ignora completamente el objetivo y naturaleza de la institución que administrativamente encabeza. Su trayectoria laboral se ha enfocado en la operación de recursos económicos en organizaciones gremiales y en la administración pública; muy lejos de la docencia o la investigación, o de un perfil académico que respalde su permanencia en su actual puesto.

Habrá de estar pendientes de cómo la directora general administra y resuelve la situación de riesgo que vive el IEMS, contextualizada por el deficiente presupuesto asignado, acusaciones de terrorismo laboral, demandas de regularización de plazas para profesores e investigadores y la denuncia por la contratación de aviadores —a decir de los representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior— como Guillermo Anguiano, ex contralor interno de la UACM.

Convencido de que la historia no se repite, hago hincapié en que, al igual que en el caso de Orozco, la situación evidencia la creación de condiciones adversas en esta institución educativa con el objetivo, si no de desaparecerla, al menos de reformarla y adecuarla a los modelos de enseñanza y evaluación que priorizan la reducción de costos por sobre una formación integral.

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