Urgencia de duelo

por Bernardo Ibarrola *

Hace dos días fue inaugurada en la torre de Pemex una placa para recordar a quienes murieron ahí a causa de la explosión del 31 de enero. Sobre la superficie de mármol se leen 37 nombres acomodados, sin un orden evidente, en dos columnas. Al centro, con grandes letras mayúsculas, dice “En memoria”. Eso es todo. No hay fecha ni explicación ni firma.

Dentro de pocos meses, nadie que no haya vivido la explosión será capaz de decir qué día ocurrió; poco después, al olvido de la fecha se agregará el del acontecimiento mismo: la placa sólo revelará que, en algún momento, alguien decidió escribir que recordaba a estas personas, pero prefirió no decir por qué.

No decir que hubo una explosión. No decir que esta explosión provocó la muerte de esas personas. No decir que el gobierno federal les rindió un homenaje. No decir las causas de la explosión.

Los funcionarios ante la placa. (Foto: Germán Canseco.)

Los funcionarios ante la placa. (Foto: Germán Canseco.)

Recordar de ese modo a las víctimas me parece casi tan triste como su muerte. El vacío de la placa es augurio del inminente vacío sobre las causas de lo ocurrido: la explosión se explicará mediante un accidente y de los accidentes nadie es responsable. Puesto que no habrá responsables, tampoco habrá nada que corregir, nada que cambiar para que no vuelva a pasar algo así. Nada que hacer: sobre el muerto las coronas, y a otra cosa.

Creo, por otro lado, que inscribir en una lápida con tanta rapidez el nombre de las víctimas de la explosión expresa, acaso no del todo concientemente, otro problema gravísimo: la urgente necesidad que hay en México de reconocer la existencia de las personas que mueren, de socializar su muerte para poder aceptarla y luego asumirla; de hacer el duelo por los muertos.

Como si nombrar a estas 37 personas que fallecieron a causa de la explosión sirviera para conjurar el silencio que ha cubierto las muertes de una cantidad escalofriante de mexicanos; ese silencio que, además de encubrir a los responsables, ha ninguneado el final violento y hasta la propia existencia de las víctimas.

Pero esas personas y sus muertes, siguen ahí, aunque en silencio: los 65 mineros muertos el 19 de febrero de 2006 en Pasta de Conchos (de los que falta por recuperar y entregar a sus deudos 63 cuerpos); los 72 inmigrantes asesinados el 23 de agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas; las 35 personas cuyos cadáveres fueron abandonados en un paso a desnivel del puerto de Veracruz el 21 de septiembre de 2011; los 49 cadáveres encontrados el 13 de mayo de 2012 en Cadereyta, Nuevo León… las sesenta mil víctimas de la violencia del sexenio pasado, los más de mil quinientos caídos durante los primeros dos meses de la nueva administración federal. Demasiados muertos sin nombre, sin explicación, sin proceso, sin entierro, sin duelo.

En 1991, el Informe Rettig estableció que durante los 17 años de dictadura pinochetista, el gobierno chileno fue responsable de 2 279 muertes. Hoy, más de veinte años después, los chilenos siguen localizando fosas clandestinas e identificando cadáveres para que sus deudos puedan, por fin, elaborar sus duelos y seguir con sus vidas.

No quiero imaginar cuánto tiempo va a necesitar la sociedad mexicana para procesar la matazón en la que ha vivido la última década; para elaborar, penosísimamente, ese descomunal duelo colectivo. Pero supongo que, para poder comenzar, debe concluir antes el baño de sangre.

* Profesor de carrera, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

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