por Halina Gutiérrez Mariscal *

Si una mentira mil veces repetida no se transforma en verdad, las acciones autoritarias, aunque sean publicitadas como democráticas, no por ello pierden su carácter nocivo: Ignacio Sosa Álvarez (2005)

Una vez que los ánimos se han calmado un poco, y que mirar las cosas con cierta objetividad resulta más viable, parece necesario reflexionar un poco sobre las acusaciones de fraude electoral en la historia del México contemporáneo.

En algunas ocasiones, la legitimidad de los procesos electorales federales en el país ha sido francamente cuestionada. Sin dejar de decir que las formas de organización política en México han variado dependiendo del momento histórico de que se trate, y que cada legislación electoral respondió a su momento especifico de vigencia, podríamos afirmar que esos momentos en que la legitimidad del régimen se cuestiona es que se devela su verdadero carácter (democrático o lo contrario).

Al hacer una revisión de las más sonoras acusaciones de fraude electoral del siglo XX mexicano, en efecto, puede señalarse cómo es que, en cada uno de esos momentos, la manera en que el sistema interactuó con sus gobernados, la manera en que se relacionó con la oposición, por medio de qué mecanismos mantuvo el poder y con qué capacidades buscó consensuar con la sociedad a la que gobernaba, revelaron de qué clase de régimen se trataba.

En México, la relación entre elecciones y legitimidad del gobierno en turno es casi inseparable del imaginario del ciudadano promedio. Incluso podría decirse que dicha relación ha sido utilizada por los distintos regímenes para legitimarse. Es decir, cuando se mantiene la ficción de una democracia plena en la que los gobernantes surgen de elecciones confiables, el gobierno gana credibilidad y consigue manejar con legitimidad la correlación de fuerzas en la sociedad. Dado que teóricamente en los sistemas democráticos la soberanía recae sobre el pueblo, y éste —mediante el sufragio— deposita su voluntad en los candidatos que elige, los procesos electorales han sido considerados de vital importancia para la legitimación de las autoridades constituidas. Evidentemente, para conseguir dicha legitimación es preciso que la competencia electoral sea equitativa, entre contendientes teóricamente similares en fuerza y oportunidades, y que tanto los contendientes como la sociedad acepten como válidas las reglas y el proceso mismo de competencia.

Las elecciones de 2012 vistas de lejos
Las elecciones de 2012 vistas de lejos

En la historia política del siglo XX ha habido momentos en los que regímenes que en la forma parecían del todo sólidos y legítimos han sido descalificados por sus oponentes como ilegítimos, debido a los cuestionamientos sobre la rectitud de los procesos electorales que los llevaron al poder. Ha sido entonces cuando, a fin de no perder el poder y la legitimidad, la necesidad de implementar medidas drásticas (que transitaron desde violencia hasta medidas de democratización del sistema político) ha llevado a situaciones no poco peligrosas de cuestionamientos, denuncias y deslegitimación de los representantes políticos mexicanos.

Las elecciones presidenciales de 1910, 1929, 1940, 1952 y 1988, si bien no todas tan cercanas en la memoria viva de las generaciones recientes, son prueba de que los regímenes políticos que han enfrentado acusaciones de fraude electoral han buscado maneras alternativas de legitimar su mandato, a veces recurriendo a la represión, como en 1910, 1929 o 1940. En fechas menos lejanas, esas “respuestas” tendieron a modificar la legislación electoral y abrir los espacios y canales de participación política, a fin de que la oposición modere su radicalismo. Pero en los últimos años parecería que la tendencia se ha revertido.

Un aspecto central en estos fenómenos es la actuación de la ciudadanía. Para quien mira con atención y detalle el proceso evolutivo de la ciudadanía acusando de fraudulentos unos comicios, resulta interesante preguntar: ¿la ciudadanía ha flexibilizado al régimen político con su presión y sus demandas, o ha sido el régimen político el que ha venido democratizándose y por lo tanto permitiendo manifestaciones cada vez más públicas y abiertas de disenso? A la luz de las últimas dos elecciones presidenciales, la respuesta a esta pregunta tiene también un carácter urgente además de historiográfico.

* Maestría en historia, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

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