El futuro de la historia y el patrimonio

por Halina Gutiérrez Mariscal  y Luis Fernando Granados *

Hace unos días en esta redacción nos hicimos de un ejemplar de un “plan macro” para la reorganización de las instituciones y las prácticas historiográficas, arqueológicas y culturales del gobierno federal que, todavía con carácter de reservado, comenzó a circular el 20 de diciembre. Se trata de un documento de la mayor importancia, pues constituye el esbozo de una verdadera política de estado, que deberá por supuesto guiar las acciones del gobierno de Enrique Peña Nieto pero cuyos efectos se extenderán sin duda más allá.

Redactado, o firmado al menos, por un grupo de intelectuales y académicos de renombre, entre los que destacan Sergio Raúl Arroyo, Patricia Galeana, Javier Garciadiego, Enrique Krauze, Miguel León Portilla, Francisco Martín Moreno, Eduardo Matos Moctezuma, Sebastián, Rafael Tovar y de Teresa, María Teresa Uriarte, Josefina Vázquez y Jorge Volpi, el documento imagina cuatro áreas prioritarias de intervención estatal —la investigación, la docencia, la divulgación y la preservación del patrimonio— que serán reorganizadas en una nueva Secretaría de Cultura e Investigación Científica. En el seno de esta nueva dependencia quedarán disueltos el INAH, el INBAyL y el Conaculta, así como el Conacyt, el Fonca, la Conaliteg, las escuelas superiores de la SEP y la totalidad de los archivos públicos, comenzando por el AGN.

Entre las muchas medidas sobresalientes que anuncia el documento, destaca la desaparición tanto del Sistema Nacional de Investigadores como del Sistema Nacional de Creadores. No así el financiamiento que otorgan el Fonca y el Conacyt, que a partir de ahora se convertirá en la columna vertebral del apoyo estatal a la creación científica y artística. Quizá lo más sobresaliente es que ambos organismos se integrarán en una sola institución, regida por los mismos principios y dirigida por consejos consultivos por área o disciplina más o menos semejantes. Los términos medios de los proyectos, por último, se ampliarán en promedio de tres a cinco años para promover  —afirma el documento— el desarrollo de iniciativas de más largo aliento.

Otra de las singularidades de tan ambicioso proyecto es que integra en un solo organismo regulador las facultades patrimonialistas que hasta ahora se repartían entre el INAH y el INBAyL. Una sola autoridad patrimonial con una serie unificada de criterios se encargará a partir de ahora de proteger, documentar y promover socialmente el vasto patrimonio arqueológico, artístico, histórico y antropológico del país. Y por si no fuera suficiente, la creación de consejos patrimoniales municipales, estatales y nacional, donde la sociedad civil tendrá participación activa, asegura que la corrresponsabilidad social en la defensa y preservación del patrimonio dejará de ser letra muerta.

El plan propone también un sistema unificado de libros de texto para todos los grados obligatorios, sin participación de la iniciativa privada, a partir de un modelo que llama de “equipos de producción” integrados por autores y editores, pero sin las casas editoriales privadas que hoy dominan el mercado de libros de texto de secundaria. Su propósito es que cada municipio y estado pueda realizar sus propios libros de texto a partir de planes y programas consensuados, cuando menos dos en cada jurisdicción, por medio de concursos en los que participarán tales equipos. Los proyectos ganadores serán producidos por la SCIC y entregados gratuitamente a los estudiantes.

Por último, el proyecto contempla la creación de un organismo regulador de la toponimia, los monumentos y el calendario cívico nacionales, con el fin de revisar, discutir y establecer los parámetros que rigen el bautizo de calles y localidades, la erección de monumentos y las fechas de celebraciones promovidas por el gobierno federal. Como el organismo regulador del patrimonio, éste tendrá una estructura modular y piramidal, para facilitar la descentralización de las decisiones sin que ello resulte en una pluralidad caótica de nociones y prácticas.

Entre sus primeras tareas, por cierto, el documento ordena a este organismo convertir el 28 de diciembre en el Día Nacional de la Esperanza —con el carácter de día de descanso obligatorio, naturalmente.