Chimalhuacán moderno

por Israel Vargas Vázquez *

Con motivo de los festejos del 15 de septiembre, un grupo de ciudadanos de Chimalhuacán, estado de México, organizó una mesa informativa sobre la grave situación de saqueo, demolición e encubrimiento arqueológico que el gobierno municipal lleva a cabo en ese municipio, específicamente en un terreno expropiado denominado rancho El Molino.

En la mesa estuvo el ingeniero Óscar González, miembro originario de la comunidad, quien compartió micrófonos con un miembro del movimiento #YoSoy132 (de la asamblea de posgrado de la UNAM) y dos más del Observatorio de Historia, A.C. González explicó con detalle al publico asistente cómo el terreno del antiguo rancho El Molino, de una extensión aproximada de 28 hectáreas, ha sido el centro de un sinnúmero de atropellos en contra de la historia de Chimalhuacán.

A lo largo de los años, en el predio se han encontrado piezas arqueológicas y se tienen indicios sobre edificaciones cubiertas, a pocos metros de la superficie, que pertenecieron a los ancestros acolhuas de la región, pero que el Instituto Nacional de Antropología e Historia se ha negado a reconocer. Una zona arqueológica en potencia que afortunadamente no fue invadida por la desmedida urbanización, sino que se conservó aislada y cuidada por la comunidad como un espacio verde para su recreación.

Sin embargo, como es propio de la modernidad, una idea mal planeada, impositiva y con mala saña provino del gobierno estatal, presidido entonces por Enrique Peña Nieto, en octubre de 2005 para expropiar El Molino, como parte de sus “compromisos cumplidos” y darle utilidad pública —más específicamente para construir un teatro y un parque con kiosco y toda la cosa.

A pesar de formar parte del patrimonio cultural del estado de México —que consta en el Plan municipal de desarrollo urbano de Chimalhuacán— por ser parte del centro histórico; de pertenecer al Catálogo de Bienes Inmuebles Nacionales del INAH, y de las protestas de ciudadanos conscientes que siguen informando y en lucha contra la imposición del proyecto, la construcción del teatro municipal está en marcha, lastimando y cubriendo basamentos arqueológicos que se perderán por siempre. (Un reportaje muy completo del caso apareció en la revista Contralínea.)

Esta historia es cruenta y reproblable. Lo peor es saber que ocurre en cientos de lugares del país (de ahí la lucha actual de los investigadores del INAH). Sin embargo, este caso es peculiar porque no sólo se trata de imponer un proyecto priista (que conserva oscuras cuentas como es costumbre), sino de acabar con la identidad de los pobladores de Chimalhuacán, quienes han defendido su historia local frente al paso de los gobiernos priistas (del ala antorchista). La identidad histórica que los conforma como comunidad les ha dotado de visión para apreciar su pasado acolhua y unión para afrontar el futuro. Defender esa identidad implica ser conscientes de su patrimonio —material e inmaterial— y alzar la voz para pedir ayuda y ser escuchados.