por Dalia Argüello

2017 fue el año más violento en México, desde que inició la guerra contra el narco: más de 26 mil asesinatos registrados por fuentes oficiales y consignados en la prensa. Aunque aún no hay estadísticas oficiales que nos permitan conocer con certeza la distribución regional, por género y edad de estos homicidios, los datos disponibles de los últimos años ofrecen un esbozo del aterrador escenario y las terribles consecuencias que ha tenido esta guerra para los jóvenes en el país.

De acuerdo con el informe especial de la CNDH Adolescentes: Vulnerabilidad y violencia, elaborado en enero de 2017, siete de cada diez homicidios de adolescentes de entre 15 y 17 años ocurrieron por arma de fuego (lo que deja ver la dimensión actual de la distribución y acceso a armas en este país, aunque las muertes de mujeres adolescentes también están relacionadas con los feminicidios y la trata de personas). El documento de UNICEF Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence Against Children reportó en 2014 que, de 195 países, sólo 23 superan la tasa de homicidios de menores de 20 años que tiene México; que más de la mitad de los homicidios de niños, niñas y adolescentes se registran en sólo diez países del mundo y que México ocupa, en números absolutos, el quinto lugar después de Nigeria, Brasil, India y República del Congo. De acuerdo con el reporte del Banco Mundial La violencia juvenil en México, ésta se ha agravado notoriamente en la última década para la población masculina de 20 a 29 años, puesto que los jóvenes han sido víctimas, pero también agresores en la mitad de los delitos registrados en 2010.

Pero estas cifras apenas evidencian una parte de la tragedia: de 2006 y hasta el 31 de marzo de 2017, se reportaron 3 mil 217 niñas y 2 mil 235 niños de entre 0 y 17 años como desaparecidos, lo que representó el 18 por ciento del total de los casos registrados en México en ese periodo. Y si se considera el rango de 15 a 39 años de edad, el número de personas desaparecidas y no localizadas asciende a 18 004, lo que representa el 61.1 por ciento del total; es decir, más de la mitad.

De acuerdo con este documento, para los hombres, los rangos de edad con mayor número de desapariciones fueron en, orden decreciente dentro del rango de 25-29 años, 20-24 y 30-34, pero para las mujeres el rango de edad en el que se reportaron más desapariciones fue entre los 15 y los 19 (2 249 personas), seguido por el rango entre 10-14 (945 personas) y 20-24 (909 personas).

Muerte y desapariciones forzadas son el extremo de la violencia a la que están expuestos niñxs y jóvenes en estos tiempos. Violencia intrafamiliar, de género, en el noviazgo y bullying son asunto cotidiano para muchísimxs. Pobreza, falta de oportunidades y exclusión es el panorama prácticamente generalizado para este sector de la población.

Entre 2015 y 2016, los datos siguen la misma línea en términos de escolarización: más de un millón de mujeres de entre 15 y 17 años están fuera de la educación media superior y, de entre ellas, una buena parte son indígenas. Alrededor de 320 mil mujeres adolescentes trabajan en ocupaciones peligrosas que implican riesgo para su integridad y salud, y el 15.3 por ciento de lxs adolescentes de 15 a 19 años en México no estudia ni trabaja, porcentaje que para los hombres es de 8.6 por ciento y para las mujeres se eleva al 22.3 por ciento Por si esto fuera poco, a esto se suma el hecho de que, de acuerdo con la OCDE, México es el país con el mayor número de embarazos entre adolescentes, dado que uno de cada cinco nacimientos es de una adolescente menor de 20 años.

A pesar de las aterradoras cifras, en las campañas electorales y las plataformas políticas los temas de la violencia juvenil y las desapariciones forzadas han estado prácticamente ausentes; si acaso aparecen, es sobre todo vinculados con propuestas relacionadas con la escolarización y las becas como una vía para atenuar el problema.

A pesar de lo anterior, la atención al tema educativo desde la coyuntura electoral termina excluyendo del debate a lxs jóvenes y la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran. Por ejemplo, algunos grupos empresariales y del sector privado como Mexicanos Primero y el Instituto Mexicano para la Competitividad se ha impulsado una agenda educativa en la que los estudiantes no aparecen por ningún lado: la iniciativa “Diez compromisos por la educación nacional con equidad y calidad” tiene como prioridad que “se cumpla con el ciclo escolar de 200 días, se aplique el descuento a maestros faltistas y el despido a quien se ausente del aula, sin justificación, por más de tres días”, y como segundo punto pide que “se impulse mayor equidad en la educación, nivelando paulatinamente a las escuelas en infraestructura y medios para el aprendizaje, poniendo especial atención en las zonas marginadas e indígenas del país”. (Los siguientes ocho compromisos propuestos tienen que ver con transparencia en el manejo de recursos, evaluación y plazas docentes.)

En cuanto a los candidatos a la presidencia, en términos generales han abordado el tema educativo de manera tangencial y alrededor de la posible derogación o no de la “reforma educativa” peñista, pero sólo en lo que tiene que ver con la evaluación docente, las escuelas de tiempo completo y el inglés; poco han dicho de los problemas integrales que rebasan al ámbito escolar. Pero hay una excepción. Uno de los candidatos, el Bronco, sí propuso una medida concreta para combatir por medio de la escolarización el crimen y la violencia juveniles, que además ya implementó antes durante su gestión como gobernador de Nuevo León: los bachilleratos militarizados.

Iniciativa bronca. (Foto tomada de aquí.)

Con esquema de bachillerato general, avalado por la SEP, y con materias militares adicionales, seleccionadas por la Sedena, durante 2017 iniciaron actividades tres planteles del Colegio de Bachillerato Militarizado Mixto General Mariano Escobedo, bajo el esquema de tiempo completo, en los municipios de San Nicolás de los Garza, Montemorelos y en la colonia San Bernabé de Monterrey. De acuerdo con lo reportado por la prensa, la iniciativa surgió de los comandantes de la cuarta región y la séptima zona militar y fue de inmediato acogida por el secretario de Educación del estado y por el entonces gobernador.

Independientemente de las posibilidades que tiene el Bronco de llegar a la presidencia, vale la pena detenerse en el asunto por varias razones. En un año, el estado de Nuevo León abrió tres de estos planteles y proyectó otros tantos, y al parecer llevar este esquema a otros estados dependería de la voluntad del gobernador en turno. Un personaje que va a aparecer en la boleta electoral considera que este tipo de colegios son necesarios porque “perdimos la disciplina, porque hemos sido muy laxos y muy suavecitos en la educación de nuestros hijos”.

La presencia del ejército en los espacios civiles se ha ido acentuando y normalizando paulatinamente; su injerencia en las escuelas ha ocurrido ya en otros países y se empieza a documentar y a resistir cada vez más por las implicaciones sociales que conlleva. En un contexto de violencia generalizada, la propuesta de “ponerle disciplina a los jóvenes conflictivos” (el Bronco dixit) encaja en una lógica de guerra en la que la escuela se convierte en formadora de jóvenes “buenos” para combatir a otros jóvenes “malos”. Esta intervención del ejército en la educación pública forma parte de lo que algunos autores del libro Mentes militarizadas: Cómo nos educan para asumir la guerra y la violencia, comp. de Jordi Calvo Rufanges (Barcelona: Icaria, 2016) cuestionan como parte del “reclutamiento de las mentes y los cuerpos” y el enfrentamiento al interior de la sociedad que esto ocasiona.

Las mentes militarizadas necesitan un enemigo para existir, su construcción y proyección es por tanto prioritaria tanto en el interior de la estructura militar como en la sociedad a la que pertenece. Las estructuras militares generan en su seno identidades unificadoras y nacionalistas, sin lugar a la disensión y que precisan de la construcción del otro para justificarse a ellas mismas. El otro es, bajo el prisma militar, el enemigo potencial por el simple hecho de ser diferente.

Mientras que las reformas a los sistemas de justicia juvenil durante la última década en distintos países parten del reconocimiento de los efectos psicológicos y sociales negativos que han tenido las políticas punitivas y de mano dura, tanto para los adolescentes involucrados como para sus comunidades, en México aún estamos lejos de eso. La cultura de defensa que legitima la militarización de la vida pública desvía los esfuerzos que podrían destinarse para la construcción alternativa de la cultura de paz.

Si hoy en día los militares retirados son directivos y profesores en las escuelas públicas, si lxs jóvenes no son vistos más que como focos rojos, si la solución a la violencia implica convertir el aprendizaje escolar en aprender rutinas, disciplinar conductas y homogeneizar conciencias; si la federación destina mínimos recursos para ampliar la cobertura educativa en el nivel medio superior, y los estados invierten para militarizar sus bachilleratos, habría que preguntarnos qué lugar estamos dando a lxs jóvenes en esta sociedad, para qué tipo de vida estamos educando… ¿qué les queda?

…les queda respirar abrir los ojos
descubrir las raíces del horror
inventar paz así sea a ponchazos
entenderse con la naturaleza
y con la lluvia y los relámpagos
y con el sentimiento y con la muerte
esa loca de atar y desatar

¿qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de consumo y humo?
¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas?
también les queda discutir con dios
tanto si existe como si no existe
tender manos que ayudan abrir puertas
entre el corazón propio y el ajeno
sobre todo les queda hacer futuro
a pesar de los ruines de pasado
y los sabios granujas del presente.

Mario Benedetti

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