por Pablo Piccato

Las imágenes que llegaban de la ciudad de México desde el pasado 19 de septiembre parecían a primera vista versiones digitales y a color de las que vi en 1985 después del sismo de ese año y esa fecha. Las figuras perseguidas por el polvo, los voluntarios trepados sobre las ruinas, quitando cascajo para tratar de llegar a los atrapados bajo aquellas extrañas montañas de escombros, las brigadas repartiendo comida o lo que necesitaran los supervivientes. Las imágenes que recuerdo también venían de pantallas y tomaban la forma de historias. En el 85 se trataba de salvar niños en una maternidad, y ahora en una escuela. En las calles, ambos desastres inspiraron una actividad espontánea que contrastaba con la incapacidad del gobierno. Estos paralelos ya son un tema recurrente en las primeras interpretaciones del sismo de este año. De los pocos alivios que nos dejan estos días es el de pensar que esto ya pasó, y que algo aprendimos.

Para los miembros de mi generación, testigos de la respuesta al terremoto del 85, es fácil sentir una mezcla de orgullo y nostalgia al ver la respuesta generosa e inteligente de los jóvenes que hoy participan en los esfuerzos de rescate y recuperación. Esta satisfacción es mayor si consideramos el lugar que hemos atribuido al sismo del 85 en la historia reciente de México. Desde una perspectiva parcial y capitalina, ahí empezó un proceso de apertura política que llevó a la elección presidencial de 1988, la victoria de la oposición en el Distrito Federal en 1997 y la derrota del PRI en las elecciones presidenciales tres años después. El terremoto del 85 literalmente expuso la corrupción del gobierno y dio lugar al surgimiento de organizaciones que unían demandas laborales y derechos humanos, y de damnificados que reclamaban acceso a la vivienda. Ante esas diversas y efectivas respuestas se asentó una idea que se convertiría en la clave de la forma en que esos días serían recordados: la sociedad civil era la fuerza capaz de obligar a la clase política y al aparato estatal a reaccionar y abrirse después de tantos años de control priista monolítico y vertical.

Esos momentos en que gente sin afiliación corporativa desafió al poder en nombre de sus derechos como ciudadanos, sólo con el respaldo de la autoridad moral que les daba su respuesta al desastre natural, fueron la pieza clave en la construcción de una memoria histórica necesaria para redimir una década que de otra manera sólo sería posible recordar como una espiral de crisis y reformas neoliberales, y de inflación que parecía más dañina porque acompañaba a la corrupción. El 19 de septiembre de 1985 pasó a ocupar un lugar semejante, para mi generación, al del 2 de octubre de 1968 para la anterior: un evento traumático, en los espacios queridos y hostiles de la ciudad de México, en el que miles de jóvenes descubrieron el abismo que había entre sus aspiraciones de libertad política y progreso material, y la realidad autoritaria e inepta del régimen. Cuando nos contamos nuestra propia historia (o se las contamos a nuestros alumnos en clase) esas imágenes y la memoria colectiva que les da significado son inevitables para armar un relato más amplio sobre una transición a la democracia que de otra forma sería frustrante en su zigzagueante irregularidad.

Esquina de Balderas y Juárez, 19 de septiembre, 1985. (Foto: Daniel Aguilar, Reuters.)
La memoria histórica del 19 de septiembre del 2017 que ya empezamos a construir aspira a tener la misma importancia. El derrumbe del estado es una metáfora que ya podemos leer en pancartas o tuits irónicos pero también esperanzados. Cada pequeño acto de estupidez o maldad de funcionarios públicos adquiere en las redes sociales y la prensa crítica un significado enorme. Proceso reportó, por ejemplo, que la foto de militares usando bolsas probablemente extraídas de las ruinas era evidencia del “primer acto de rapiña” de las fuerzas armadas en estos días. El torpe esfuerzo del gobernador de Morelos para apropiarse del capital político de la ayuda que llegaba a su estado despertó una indignación enorme, aunque mayormente virtual. La cobertura periodística ya agregó “sociedad civil” a su vocabulario para designar a esas colectividades que ayudan y denuncian. Para los voluntarios que, por ejemplo, han sistematizado y mapeado la información sobre derrumbes y necesidades para dar más eficiencia a la ayuda, ese trabajo es en sí mismo una demostración de que la sociedad civil (es decir, los esfuerzos colectivos pero privados de ciudadanos autónomos y astutos), es el verdadero motor de la vida pública mexicana. Cualquier tipo de movilización es, en esta perspectiva, un gesto desafiante contra el estado, un estado al cual se puede culpar fácilmente de todos los males develados por el sismo. La memoria está hecha de historias (es decir, relatos) pero está anclada en lugares y gestos que le dan permanencia.

La historia (es decir, la disciplina que estudia el pasado) nos permite hacer algunas observaciones tentativas sobre el significado de esos sucesos más allá de las analogías inmediatas. El contexto es muy diferente hoy del de hace 32 o 49 años. En 1968 y 1985 no existían los partidos políticos que hoy en día compiten en las elecciones y se reparten el control del aparato estatal. A pesar de sus innumerables defectos, los partidos se han convertido en el vehículo para negociar muchas de las demandas ciudadanas que en el 85 parecían caer en el vacío institucional. Otra diferencia que no podemos ignorar es la dimensión de la violencia que hoy pesa como nunca antes sobre el país. Los números son ilustrativos: las víctimas fatales del terremoto son más de 300, según el último conteo; en julio, 2200 personas fueron asesinadas en el país. Sin embargo, las vidas perdidas de los miles que han muerto “ejecutados” en el contexto de la violencia del crimen organizado despierta escasos sentimientos entre el público. Es fácil normalizarlas pensando que esas víctimas “algo habrán hecho” para explicar su muerte. Son las vidas que todavía pueden salvarse, los que quedaron atrapados bajo los escombros, las que sacan a la gente a la calle para hacer algo. La ironía es que las muertes causadas por rifles y granadas son mucho más predecibles que las ocasionadas por los desastres naturales. Es común oír de “epidemias” de violencia, o zonas “endémicas” de crimen, como si los asesinatos fueran fenómenos naturales. Si acaso, el lenguaje confirma lo que ya sabemos, en México y el planeta: que la distinción entre desastres naturales y artificiales es incierta y engañosa.

Una diferencia visible entre este momento y el 85 es la participación de la armada y el ejército en las actividades de rescate. (Ni hablar del 68, en el que la violencia vino directamente de los agentes del estado.) En el 85 hubo una ausencia vergonzosa primero y luego una intervención improvisada que despertó acusaciones de corrupción. Entre los uniformados y los voluntarios civiles en la ciudad de México, hasta donde sé, no ha habido esta vez hostilidades abiertas, salvo algunos momentos de tensión en situaciones en las que los militares tomaban el control sobre lugares que todavía parecían peligrosos, o cuando había disputas sobre los mejores métodos para buscar sobrevivientes. Ante las cámaras televisivas, los comandantes a cargo de las operaciones destacaban la colaboración de los uniformados con los voluntarios. La luna de miel, en el caso del colegio Rébsamen, pareció terminar mal cuando los reporteros de Televisa le tuvieron que echar la culpa a sus fuentes militares por la melodramática historia que armaron sobre una niña inexistente que faltaba rescatar. Pero las redes y los noticieros continuaron reproduciendo el romance, como la imagen de un soldado llorando al descubrir un cadáver (para luego abrazar al padre de la víctima ante las cámaras), o la de Frida, una labrador entrenada para encontrar sobrevivientes bajo la dirección de un marino.

Estas imágenes de colaboración parecerían incongruentes en el contexto del creciente protagonismo de las fuerzas armadas en la llamada “guerra contra las drogas” y los abusos a los derechos humanos inevitablemente derivados de usar tácticas y recursos militares para reemplazar a instituciones policiales y judiciales en la persecución de delitos comunes. Esta militarización es uno de los factores que explican el incremento de la violencia en todo el país, medida en muertos y desaparecidos, durante la última década. Es inevitable preguntarse si esas imágenes de colaboración entre civiles y militares sobre los escombros son un producto de, o contradicen, ese papel activo de la armada y el ejército. ¿Cómo explicar que esos voluntarios civiles trabajen cómodamente junto a representantes de instituciones que han sido acusadas de ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones? Una hipótesis basada en el discurso público de los últimos días sería que los voluntarios se piensan como parte de la sociedad civil y, por lo tanto, capaces de influir o controlar la acción de un estado que no es monolítico. Si ahora hay que contribuir con trabajo y dinero, en otros momentos hay que protestar. La proximidad del tercer aniversario de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala ofrece una aparente comprobación de la hipótesis.

En otras palabras, esta movilización espontánea, creativa y generosa puede ser vista como una manifestación orgullosa de la autonomía de la sociedad civil ante un estado inconsistente, pero al mismo tiempo como un signo de cierta resignación: el combate al crimen organizado por una parte del estado no necesita ser rechazado por completo siempre y cuando otras partes de la acción del gobierno, como la asistencia en caso de desastres, funcionen razonablemente bien. El estado, entonces, no sería una fuerza coherente de opresión sobre la sociedad, como la vería una perspectiva en la que 1985 es igual a 2017, sino un instrumento que puede ser usado para distintos fines. Si aceptamos lo anterior tendríamos que revisar el relato de una democracia mexicana empujada por momentos traumáticos tras los cuales la sociedad civil se enfrenta exitosamente al estado.

Ese relato está detrás de muchas de las interpretaciones sobre el significado de los acontecimientos de la última semana. La memoria parece demostrarla pero la historia no la puede confirmar, a menos que se acepte que nada ha cambiado en los últimos 32 años. El sistema político, a pesar de sus obvios defectos y su lentitud para adaptarse a los cambios sociales, ya no es el objeto del desprecio unánime que registra la historia del 85. Ya no es responsable, aunque sea moralmente satisfactorio, decir “fue el estado”, porque el estado no es más que un conglomerado de instituciones que pueden ser influidas y utilizadas de maneras distintas. ¿O es el mismo estado al que nos referimos cuando exigimos la verdad sobre las desapariciones y los reportes sobre la integridad estructural de nuestros edificios? Aunque no nos guste no podemos ignorarlo. Las redes sociales han hecho posible respuestas veloces y eficientes en los momentos que siguieron al desastre, y se han convertido en la plataforma más eficaz para exhibir corrupción y estulticia, pero no son en sí mismas una solución política. Los partidos políticos pueden también ser una plataforma, como lo ilustra la iniciativa de Morena de transferir gastos de campaña a la reconstrucción. Otros han apoyado distintas versiones de la idea, pero lo que no debemos olvidar es su premisa: no se trata de eliminar a los partidos políticos sino de hacerlos más eficientes y subordinados a las necesidades de la sociedad. Pensar que la ciudadanía desea hoy una catástrofe política semejante a la causada por el subsuelo no es más que un deseo apocalíptico mal cimentado en la memoria.

[La versión original de este ensayo, en inglés, fue publicada por Nacla el 25 de septiembre pasado.]

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