Coyunturas

por Luis Fernando Granados

Hace poco más de cinco años —el 7 de junio, 2012—, 462 estudiantes, investigadoras y profesoras vinculados al estudio del pasado hicimos pública una propuesta para crear lo que, con algo de torpeza, llamamos una “política del conocimiento histórico”; esto es, una serie de lineamientos para organizar, armonizar y regular la vida pública de la historia. Nos interesaba sobre todo discutir las contradicciones y abusos de las instituciones del estado encargadas de administrar el patrimonio histórico, la educación formal y la producción científica, así como las circunstancias que hicieron del conocimiento histórico una herramienta de legitimación gubernamental a lo largo del siglo xx.

Redactamos “La historia que necesitamos para el país que queremos” en vísperas de las elecciones de ese año porque nos pareció importante acompañar el debate político-electoral con una reflexión colectiva que no se quedara en la denuncia de la ineptitud del gobierno en turno pero tampoco se limitara a expresar acríticamente una preferencia electoral. Queríamos pensar las condiciones académicas y materiales en que se desarrolla nuestro oficio y circula el conocimiento histórico con independencia y sin pelos en la lengua, sin renunciar, en aras de nuestra «objetividad» como profesionales de la historia, a nuestra condición de ciudadanas preocupadas por el presente. Queríamos hacerlo, más aún, porque nos parecía que el conocimiento histórico tiene un lugar destacado en la economía simbólica de nuestro país, y porque su conservadurismo, rigidez e hipocresía han contribuido de manera poderosa al mantenimiento de la desigualdad, el racismo, el machismo, la injusticia y la explotación que padece la mayor parte del pueblo mexicano.

Si entonces nos parecía pertinente, esa reflexión —y la elaboración de una propuesta— hoy es urgente, indispensable. Entre la reforma a la ley de archivos y el nuevo modelo educativo, entre la «verdad histórica» de Murillo Karam y las mentiras acerca de la expropiación petrolera, entre los ataques al INAH y el fraude autoral de Peña Nieto, entre la creación de la Secretaría de Cultura y los nuevos criterios del Sistema Nacional de Investigadores, es claro que las posibilidades para la producción y la circulación de una historia crítica, incluyente y democrática son mucho peores que hace cinco años. Como en casi todos los ámbitos de la vida nacional, los últimos cinco años han sido los peores del último medio siglo.

Aunque fue resultado de una discusión colectiva realizada a lo largo de un par de meses, “La historia que necesitamos para el país que queremos” es una propuesta a todas luces insuficiente e incompleta. Es necesario revisarla, corregirla, expandirla, para dar cuenta de la magnitud de la crisis cultural e institucional que padece la historia (y el país todo), pero sobre todo para imaginar una manera de remediarla. A partir de ahora, en consecuencia, este espacio recuperará su vocación primigenia: ser vehículo para la discusión y la articulación de una propuesta de “política histórica” que supere la corrupción, el conformismo y la irresponsabilidad disciplinaria y profesional que ha venido minando la razón de ser del conocimiento histórico en la esfera pública.

Queremos conocer su opinión sobre los problemas que enfrenta la historia y sus propuestas para solucionarlos. Queremos que este espacio ayude a que el  año próximo hagamos algo más que elegir un nuevo presidente de la república y un nuevo congreso. La situación del país requiere un cambio más profundo: un cambio en su futuro y por eso también en su pasado.