La prepotencia de Villegas

por Pedro Salmerón Sanginés y Luis Fernando Granados

Gloria Villegas no tiene sentido de la justicia y del honor universitarios. Hoy hace un mes remitió a dos estudiantes de licenciatura ante el Tribunal Universitario de la UNAM —instancia que, en el extremo, puede expulsarlos de la universidad— porque, según ella, ambos “han atentado […] contra los principios básicos que rigen la vida universitaria, cometiendo actos contrarios a la moral y al respeto que entre sí se deben los miembros de la comunidad universitaria”. ¿Cuál es tan terrible falta? Según afirma el pliego acusatorio, en septiembre de 2016 los estudiantes expresaron su opinión acerca de un trabajo publicado en un sitio de internet… en un “grupo” de Facebook y en una conversación de WhatsApp.

Sí, leyó usted bien: la todavía directora de la Facultad de Filosofía y Letras piensa que los estudiantes no tienen derecho a comentar en Facebook lo que se publica en internet, especialmente si tiene que ver con sus profesores, y además tiene la osadía de creer que lo que una persona dice en una conversación telefónica puede ser juzgado por la máxima instancia disciplinaria de la universidad nacional —o sea que no tiene nada de malo espiar a los miembros de su propia comunidad.

Como la acusación es tan grotesca, y tan claramente improcedente la “denuncia” sobre la que se basó Villegas —si no es que constituye ella misma un delito, puesto que se basa (entre otras cosas) en una conversación telefónica obtenida ilegalmente—, cabría esperar que el tribunal la deseche de manera sumaria y categórica. Pero eso no le quita gravedad al asunto. El expediente pinta de cuerpo entero a una funcionaria prepotente, incapaz e irresponsable, dispuesta a violentar la privacidad y la libertad de expresión de sus propios estudiantes con base en las afirmaciones de una profesora universitaria que no es exactamente un modelo de probidad intelectual.

Por desgracia, no es la primera vez que Gloria Villegas se comporta de este modo. El deterioro de la facultad en los últimos años —que incluye la apropiación de espacios estudiantiles como bodegas de negocios privados disfrazados de activismo político— no puede entenderse sin tener presente la gestión de su directora. Hace poco más de dos años, en los días de las movilizaciones en favor de la reaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, se descubrió que una cámara de video propiedad de la facultad registraba el desarrollo de una asamblea estudiantil. (Como si no bastara asistir a las asambleas para saber qué se discute en ellas.) Y bueno, en la Facultad de Filosofía y Letras todo el mundo recuerda que durante muchos años Villegas fue omisa respecto de la conducta de Boris Berenzon, no obstante la abundante evidencia de que Berenzon firmaba textos ajenos como propios y faltaba a clases de manera sistemática —acaso porque ella había dirigido su tesis de doctorado. (Berenzon, por cierto, nunca fue remitido al Tribunal Universitario.)

Como es obvio, este último despropósito de Villegas nos parece un atentado contra la libertad de expresión de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras, pero no sólo por razones teóricas ni porque veamos en ella la expresión postrera de una gestión particularmente dañina para la escuela donde nos formamos. Su decisión nos atañe directamente toda vez que Aurora Vázquez Flores y Huitzilihuitl Pallares Gutiérrez —los estudiantes acusados— forman parte del colectivo que edita esta publicación desde que comenzamos a construirlo hace cuatro años y medio. Por ello entendemos la persecución contra ellos como un ataque contra el Observatorio de Historia, contra todos los estudiantes que han colaborado en El Presente del Pasado y también contra quienes, en algún momento, han usado Facebook y WhatsApp para expresar sus opiniones sobre los textos que publicamos y las acciones que realizamos —especialmente cuando no les gustan.

Y como no estamos dispuestos a que se ponga en riesgo el futuro académico de nuestros compañeros, en los próximos días mostraremos hasta qué punto los hechos sobre los cuales se supone que Aurora y Huitzilihuitl expresaron su opinión son mucho más graves de lo que se ha dicho hasta ahora y forman parte de una densa trama de corrupción académica. Una década —y un lustro— después de los acontecimientos, ya es hora de poner todas las cartas sobre la mesa.