El colegio electoral (1 de 2)

por Federico Anaya Gallardo *

Entre los saldos de la elección presidencial estadounidense de 2016 destaca el relativo gran detalle con el cual las televisoras mexicanas reportaron el acontecimiento. Los informadores enfrentaron un problema interesante: explicar a los mexicanos —que elegimos a nuestros presidentes por elección directa desde 1917— qué es una “elección indirecta”. No entraron en honduras, pero lograron trasmitir los siguientes elementos: en Estados Unidos no gana la presidencia quien obtenga más votos, sino quien gane una mayoría en el colegio electoral. Por eso nos quedamos hasta la medianoche el martes 8 de noviembre viendo en nuestras pantallas cómo los dos candidatos punteros, Clinton y Trump, se acercaban lentísimamente a la cifra “mágica” de 270 electores. Con 232 electores, Clinton concedió la victoria a Trump, que reunió 306 electores en la madrugada del 9 de noviembre de 2016.

Este colegio electoral es uno de los mecanismos que aseguró, en el lejanísimo 1788, que la constitución estadounidense fuese aceptada por los trece estados fundadores. Aseguraba —entre otras cosas— que la mayor población de ciudadanos libres en los estados norteños (un millón y cuarto) no se impusiera sobre la menor población de ciudadanos libres (ochocientos mil) en el sur esclavista. En la primera elección presidencial (1788) había 81 electores, de los cuales Delaware sólo tenía tres, mientras Virginia tenía 12, Massachusetts, diez, y Pennsylvania, diez. Es decir, un estado esclavista (Virginia) en donde algo así como el 60 por ciento de los habitantes era esclavo, tenía más electores que un estado absolutamente libre, como Massachusetts. Aparte, el arreglo constitucional dejaba a cada estado federado en libertad de decidir quiénes entre sus habitantes eran o no eran ciudadanos —otra protección a los esclavistas.

Más allá de la correlación de fuerzas entre estados libres y esclavistas, a los padres fundadores de Estados Unidos les interesaba impedir lo que hoy llamaríamos el empoderamiento de lo que ellos llamaban “faccionalismo” y que nosotros denominamos “movimientos populares”. Sabemos esto porque dos de los constituyentes (James Madison y Alexander Hamilton) y el secretario de Estado del gobierno de la primera confederación (John Jay) publicaron, entre 1787 y 1788, una serie de 77 ensayos para convencer a los votantes de ratificar la constitución. Los tres escribían bajo el seudónimo de Plubius, “el amigo del pueblo”. Hoy conocemos esos escritos como The Federalist Papers.

Hamilton en El Federalista 9 y Madison en El Federalista 10 explicaron a sus conciudadanos que la nueva constitución sería una garantía contra el constante desorden civil que había plagado la experiencia republicana de la antigua Grecia y de la Italia medieval. La federación aseguraría, por ejemplo, que si una insurrección popular estallase en un estado, el resto de las entidades podrían acudir a reprimirla. Madison entró en más detalles. Para él, el espíritu de facción está casi siempre relacionado con la desigualdad económica. Los antiguos gobiernos republicanos desaparecieron en guerras civiles de ricos contra pobres. Como la mayoría suele ser pobre, tarde o temprano se terminaba por suprimir a la minoría y por abolir la libertad de todos. Como es imposible evitar la desigualdad social, El Federalista 10 propuso evitar sus efectos. Si la facción movilizada era minoritaria, la mayoría la controlaría sin problema en cada legislatura estatal. Pero si la facción movilizada obtenía la mayoría, entonces el sistema federal podría intervenir para controlar la situación.

Más complejo que Hamilton, quien sugería la intervención militar federal y años después fue el fundador del ejército de Estados Unidos, El Federalista 10, de Madison, asumía que el arreglo federal simplemente confinaría el movimiento de una facción mayoritaria a uno ó a unos pocos estados, evitando el “contagio”. Al mismo tiempo, el ejemplo de un estado ayudaría a que en el resto se atendiesen los problemas sociales de manera más eficaz, evitando los tumultos populares. Aparte, según Madison, la creación de una esfera federal aseguraba que la variedad natural de los trece estados fundadores impediría la aparición de movimientos sociales de carácter general (hoy diríamos, nacional). Los padres fundadores deseaban evitar la mob rule (el gobierno de las masas).

Por lo anterior, originalmente sólo la cámara de diputados respondía al voto popular directo, asignándose más diputados a los estados más poblados y al menos uno a los muy poco habitados, como el Wyoming moderno. El Senado unifica a todos los estados, dándoles dos miembros a cada uno, sin importar la población, y se concibió siempre como un poder conservador, cuyos miembros se elegían originalmente no por el pueblo, sino por las legislaturas estatales. Finalmente, la presidencia federal no sería electa directamente por el pueblo, sino por una tercera asamblea que duraría en su encargo sólo unas cuantas semanas cada cuatro años. Esta asamblea existe aún y es llamada “colegio electoral”. Para ser presidente se necesita la mitad más uno de los electores. Si ninguna candidatura logra esa cifra, la cámara baja del congreso federal elige al presidente, pero los legisladores de cada estado votan juntos (un voto por entidad federativa). Todos estos mecanismos conservadores frenarían al candidato de un movimiento social general.

Hamilton y Madison opinaban que en el colegio electoral los electores debían ser libres para elegir a cualquiera de los candidatos presidenciales, deliberando detenidamente acerca de las características personales de cada uno y sin tomar en cuenta la cantidad de votos que hubiese obtenido cada candidato en todo el país. Un candado más contra la mob rule. Sin embargo, desde la primera década del siglo XIX, varios estados decidieron que sus electores debían votar por el candidato presidencial cuyo partido los había postulado. Esto permitió la formación de organizaciones políticas nacionales; pero, como es muy difícil organizar un partido en 50 estados diversos, la tendencia es a que sólo haya dos partidos nacionales. Hoy en día, en la mitad de los estados existen multas para los electores que no voten por su candidato presidencial. Aparte, en 48 de los 50 estados el candidato que gane la elección, aunque sea por una diferencia mínima, se lleva la totalidad de los electores de esa entidad federativa.

Desde 1964, el colegio electoral tiene 538 miembros. El estado más poblado, California, tiene 55 electores. Los ocho estados menos poblados tienen tres cada uno. La “mitad más uno” de los electores es 270, la “cifra mágica” que nos presentaron las televisoras mexicanas. La suma de los electores en los seis estados más poblados es 191. Por lo mismo, en Estados Unidos es concebible que una candidatura gane una mayoría en el voto popular (nacional) pero no tenga mayoría en el colegio electoral. Esto ha ocurrido cinco veces en 218 años. Y en las cinco ocasiones, el mecanismo probó ser un candado contra la mob rule. Veamos los detalles.

En 1824, John Quincy Adams ganó en una elección con cuatro candidatos, pese a quedar segundo en la votación nacional. El más votado por el pueblo fue Andrew Jackson, pero no logró mitad más uno de los electores, cuyos votos se dispersaron en cuatro grupos. La elección pasó a la cámara baja, donde Adams pactó con otro candidato, Henry Clay. Con el apoyo de los estados clayistas, Adams se hizo presidente y Clay fue nombrado secretario de Estado por Adams. Los jacksonianos protestaron contra el fraude de los “aristócratas del este” en contra del movimiento popular que apoyaba a Jackson en los estados de frontera del oeste. Jackson regresó por sus fueros en 1828, ganando la presidencia en ese año y reeligiéndose en 1832. La política de Jackson favorecía a los intereses agrarios y, aunque esclavista, atacó sistemáticamente a la naciente elite financiera de la costa este. Los enemigos de Jackson le reprochaban haber popularizado los debates políticos y le apodaban jackass (burro). De allí viene el símbolo de los demócratas. Hoy en día le habríamos llamado un populista de derechas.

En 1876, el republicano (antiesclavista moderado) Rutherford Hayes perdió el voto popular frente al demócrata Samuel Tilden, un Bourbon Democrat cercano a las elites. Ninguno ganó mayoría en el colegio electoral, pues se anularon las elecciones en cuatro estados. La elección se fue de nuevo a la cámara baja, que formó una comisión de tres diputados, tres senadores y un ministro de la corte. La comisión dio la presidencia al republicano con un voto dividido de cuatro contra tres, puesto que el ministro de la corte era antiesclavista. La presidencia de Hayes fue aceptada por los derrotados estados del sur porque, siendo moderado, acabó con los regímenes de la Reconstrucción, que daban a la federación poderes especiales para asegurar una democracia popular en las sociedades posesclavistas.

En 1888, el republicano Benjamin Harrison perdió el voto popular frente al presidente demócrata Grover Cleveland, quien buscaba la reelección. Sin embargo, como los republicanos jugaron adecuadamente el colegio electoral, que entonces tenía 401 miembros, Harrison ganó 233 electores, 31 más que los necesarios. En 1892, Cleveland volvió a postularse y el voto del partido republicano se dividió con la candidatura de James Weaver (del Partido Populista), quien, entre otras cosas, proponía la jornada laboral de ocho horas. En 1892, Weaver ganó cinco estados en el colegio electoral y 8 por ciento del voto popular. Harrison perdió su reelección. Los populistas de Weaver terminarían uniéndose, alrededor de 1900, con los demócratas –girando estos hacia la Izquierda.

En 2000, el demócrata Al Gore gana el voto popular pero pierde en el colegio electoral, con 266 electores, frente a los 271 electores del republicano George W. Bush. La diferencia fueron los 25 electores de Florida, que podrían haber sido de Gore, llevándolo a 291, y no de Bush, dejándolo en 246. Gore había logrado que el tribunal superior de Florida autorizase un recuento, pero la Suprema Corte federal —con una mayoría de ministros conservadores— ordenó detener el recuento. Gore se manifestó públicamente en contra la sentencia de la Suprema Corte, pero aceptó la derrota “a nombre de la unidad de nuestro pueblo y la fortaleza de nuestra democracia”. La debilidad popular de Bush ha sido señalada como una de las causas de su política guerrerista y de la deriva autoritaria de las leyes de seguridad nacional en Estados Unidos.

La quinta ocasión en que no coinciden el ganador del voto popular (Clinton) y quien gana el colegio electoral (Trump) acaba de ocurrir.