Todas las personas, ¿todos los derechos?

por Rubén Amador Zamora *

Las recientes marchas convocadas por el Frente Nacional por la Familia, organización que defiende la existencia de un solo tipo de familia, han provocado una variedad de respuestas por parte de la sociedad civil y escasas reacciones de las autoridades. ¿Se trata solamente de una diversidad de opiniones frente a elecciones de formas de vida personales? ¿O estamos frente a una disyuntiva ante la cual tendremos que decidir como mexicanos y mexicanas lo que queremos ser como sociedad?

El Frente Nacional por la Familia pretende que en nuestro país sólo exista un tipo de familia que sería resultado de la unión de un hombre y una mujer heterosexuales y sus descendientes. Es lo “natural”, argumentan los líderes de esta organización. Si sólo fuera una postura personal o de grupo, esta idea se tomaría como una expresión más de las que se producen en una sociedad democrática. Sin embargo, cuando el Frente Nacional por la Familia pretende hacer realidad una ley que valida sólo un tipo de forma de vida en matrimonio estamos frente a un verdadero de problema de violación de los derechos de las personas. Y sin duda se trata de un retroceso histórico.

En la historia de nuestro país tenemos un claro ejemplo de cómo el estado convirtió en ley formas de pensar únicas. Con el tiempo, hemos aprendido que una de las responsabilidades de los gobiernos es construir los mecanismos más efectivos para garantizar los derechos de las personas y no menoscabarlos al imponer a todos un pensamiento único.

Con la consumación de la independencia, la religión católica permaneció como la única fe permitida: “La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana. La nación la protege por leyes sabias y prohíbe el ejercicio de cualquier otra” (artículo 3). En la mayor parte del siglo XIX, la iglesia desempeñó un papel protagónico en las guerras civiles, y trató de imponer a toda costa la existencia de un sólo culto religioso: la fe católica. La constitución de 1857 estableció leyes que debilitaron política y económicamente a la iglesia pero no se estableció explícitamente la libertad de cultos, aunque se consideró que era parte integrante de la libertad de imprenta y de manifestación de las ideas. En 1873 se adicionó al artículo primero lo siguiente: “El estado y la iglesia son independientes entre sí. El congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna.” De esta manera quedaba claro el avance en materia de derechos de las personas desde la constitución de 1824 a la de 1857: de imponer a la nación mexicana una religión, se pasaba a la obligación del estado de no establecer o prohibir religión alguna.

El carácter católico del Frente Nacional por la Familia es evidente. La defensa de un solo tipo de familia —con la exclusión de cualquier otro— es parte de una sistema de ideas de la religión católica. Por ello mismo, el protagonismo de las autoridades de la iglesia católica en esta organización y movimiento es más que visible. El Frente Nacional por la Familia pretende el regreso de la ley al siglo XIX, cuando el estado tenía como obligación prohibir el ejercicio de cualquier otra religión que no fuera la católica. Ahora busca que el estado prohíba cualquier otra forma de familia distinta a la que esta organización considera como única y “natural” para todas las personas.

Para demostrar que tienen razón, iglesia, voceros y seguidores del Frente Nacional por la Familia exponen una serie de argumentos de diversa índole pero que, en su totalidad, forman parte de un discurso de exclusión.

El Frente Nacional por la Familia pretende convertir en ley el “reconocimiento del matrimonio natural hombre-mujer como la base y fundamento de la familia”. En su iniciativa, que busca llevar al congreso agrega, que debe reconocerse “el derecho del varón y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia”. Para este pensamiento, necesariamente el varón y la mujer son heterosexuales; una preferencia sexual distinta crearía un tipo distinto de varón o mujer y, en consecuencia, su exclusión del “derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia”.

Los defensores de un solo tipo de familia mantienen su discusión en el terreno de las preferencias sexuales y no de los derechos de las personas. Rechazan, por este motivo, la posibilidad de que niños y niñas sean educados en el seno familiar por personas del mismo sexo porque éstas son incapaces de reproducirse. Pero no es la única razón para excluir a tipos de familia distintos a los de papá-mamá heterosexuales.

Aprovechando los prejuicios que una buena parte de la sociedad mexicana tiene sobre la homosexualidad, sostienen que la existencia de familias homoparentales perjudicaría la educación de los hijos porque, entre varias cosas, afirman que la integridad de éstos correría peligro. Sin presentar información alguna, y sin pudor, afirman que las posibilidades de que padres homosexuales abusen de sus hijos es muy alta. Lydia Cacho, estudiosa de los temas de abuso infantil, es categórica al señalar que en el 96 por ciento de los abusos sexuales que se cometen contra los niños el responsable es un heterosexual.

Otro argumento que ofrecen para convencer de su postura única de familia son las palabras de homosexuales que se oponen a la adopción de hijos. Las declaraciones de los diseñadores Domenico Dolce y Steffano Gabbana defendiendo la familia tradicional y la necesidad de que los niños tengan un padre y una madre son usadas para respaldar su postura, queriendo destacar que hasta los homosexuales son partidarios de que la educación de los hijos sólo puede darse en el seno de una pareja heterosexual. En este mismo sentido, difunden la postura de homosexuales que consideran que el matrimonio igualitario es consecuencia del lobby de la comunidad lésbico-gay para imponer una “ideología de género” desde los sistemas educativos. Uno de los casos más difundidos en este tema es el del francés Jean Pier Delaume, quien se opone a que homosexuales adopten hijos y defiende el matrimonio de hombre-mujer heterosexuales.

Las posturas de Dolce, Gabbana y Delaume son opiniones personales, mas no argumentos, sobre el tema central del matrimonio igualitario: ninguna persona puede ser excluida de sus derechos consagrados en la constitución. El artículo 1 de la constitución de los Estados Unidos Mexicanos señala: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Es inexplicable, entonces, el relativo silencio de una gran parte de la clase política sobre el tema del matrimonio igualitario porque se trata de algo más: la no discriminación de la que habla el artículo primero de la constitución. El Frente Nacional por la Familia está discriminando y, en consecuencia, menoscabando los derechos de las personas con una preferencia sexual distinta a la heterosexual. Si toda persona —como lo señala el artículo 4 de la constitución— “tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”, la idea de que sólo algunas personas tengan derechos, como lo defiende el Frente Nacional por la Familia, favorece una sociedad excluyente que en nada contribuye al fortalecimiento de una sociedad democrática. En este sentido, no sorprende que hayan participado simpatizantes nazis en las marchas convocadas por dicha organización.

Una sociedad interesada en consolidar relaciones de solidaridad y respeto entre sus integrantes debe impulsar el respeto de los derechos de todas las personas. Sólo de esta manera estaremos en posibilidades de construir una sociedad más justa e incluyente.